Pone como ejemplo que el bar El Penta tiene un aforo de 72 personas, pero el c�lculo con criterios de evacuaci�n eleva la cifra a 225

La Plataforma por el Ocio, la Hosteler�a, la Cultura y el Turismo de Madrid, principal representante de las empresas de este sector en la ciudad, ha reclamado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que aborden y resuelvan la actual "crisis de los aforos", adaptando los criterios de c�lculo a la normativa de seguridad vigente para garantizar la seguridad jur�dica de las empresas y reducir las molestias en la calle.

Con este objetivo, la plataforma realiz� una demostraci�n pr�ctica en El Penta, uno de los locales m�s representativos de Malasa�a, para evidenciar la diferencia entre los aforos de licencia y el aforo real calculado con el C�digo T�cnico de la Edificaci�n.

Seg�n la licencia municipal, el establecimiento tiene un aforo de 72 personas, pero el c�lculo con criterios de evacuaci�n eleva la cifra a 225, un 312,5% m�s. Durante el acto, se comprob� que con 72 personas el local quedaba "pr�cticamente vac�o", seg�n informa Servimedia.

La plataforma denunci� la "paradoja" de que los criterios ambientales del Plan General de Ordenaci�n Urbana Municipal (Pgoum) de 1997, pensados para reducir el impacto de los locales, se han convertido en "la principal causa del ruido".

A su juicio, las restricciones provocan que los locales operen medio vac�os mientras el p�blico genera colas y ruido en el exterior, por lo que denunci� que el proceso de adaptaci�n de los aforos sigue bloqueado por los "absurdos criterios" de la Direcci�n General de Sostenibilidad y Control Ambiental y la Agencia de Actividades.

Nueva instrucci�n

Por ello, la organizaci�n empresarial exigi� al Ayuntamiento de Madrid que aproveche el �ltimo a�o de legislatura para desbloquear la adaptaci�n de los aforos en las Zonas de Protecci�n Ac�stica Especial (Zpae) y apruebe una nueva instrucci�n.

A la Comunidad de Madrid le solicit� que la nueva Ley de Espect�culos fije los criterios de c�lculo de acuerdo con el C�digo T�cnico de la Edificaci�n y que el r�gimen sancionador se ajuste a una "tipificaci�n objetiva del riesgo".