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La actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha regresado a España para presentarse de forma "voluntaria" ante el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla, tras la emisión de una orden de detención para garantizar su comparecencia. Investigada por un presunto delito de calumnias contra Íñigo Errejón, Mouliaá realizó un trayecto por carretera desde Lisboa para evitar la imagen de su detención en un aeropuerto. "A nadie le apetece que le esposen por haber puesto dos tuits", afirmó la actriz, quien calificó la medida judicial como un trato propio de una "delincuente" cuando no ha "robado ni matado".
Ante el juez Zamarriego, Mouliaá se disculpó por sus incomparecencias previas, que atribuyó a compromisos laborales en el extranjero y bajas médicas que, según su versión, fueron debidamente acreditadas en tiempo y forma. La actriz defendió que nunca tuvo intención de obstruir a la justicia y que incluso propuso prestar declaración mediante videoconferencia, opción que fue rechazada por el magistrado. Pese a considerar la orden de arresto como "desproporcionada", describió al juez como una persona "cabal" tras poder explicar sus razones personalmente durante el interrogatorio.
El conflicto judicial emana de dos mensajes en redes sociales donde Mouliaá acusaba al exdiputado de amañar la declaración de testigos. Aunque reconoció que pudo confundirse al interpretar un vídeo, la actriz recalcó ante el tribunal que actuó sin "dolo" y bajo la firme creencia de que la información era cierta. Además, denunció que este proceso está siendo utilizado para sembrar dudas sobre su denuncia original por agresión sexual. "No estamos en Corea del Norte y ninguna víctima merece ser tratada como verdugo", sentenció, comparando su situación con la de otros investigados vinculados al poder que han obtenido mayores facilidades procesales.
Este enfrentamiento ha tenido un alto coste profesional para Mouliaá, quien confirmó la extinción de su contrato en Dubái y la pérdida de otros proyectos en el sector de la comunicación y el marketing. Acompañada por su nuevo abogado, el penalista Francisco Melero, la actriz lamentó que se esté "enterrando" una trayectoria de años, aunque reafirmó que denunciar fue un "deber moral" para proteger a las mujeres frente a abusos de poder.