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Un hombre se enfrenta a 18 años de prisión acusado de haber agredido sexualmente a su exesposa más de 3.000 veces durante más de una década y de haberla sometido a un maltrato físico y psicológico continuado. La cifra fue calculada por una perita a partir de la frecuencia con la que, según la denunciante, se producían las agresiones y del periodo durante el que habrían ocurrido.
La mujer presenta incontinencia fecal, pérdida de tono del esfínter e hipersensibilidad rectal. Las acusaciones vinculan estas alteraciones con las penetraciones anales reiteradas mediante objetos. Los informes psicológicos aportados al juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid concluyen, además, que padece un trastorno de estrés postraumático complejo.
Una de las especialistas declaró que las alteraciones funcionales eran compatibles con el relato de la denunciante. La ausencia de cicatrices o daños externos visibles, explicó, no permite descartar las agresiones, ya que esa zona puede cicatrizar sin dejar huellas traumáticas permanentes.
Según su relato, las penetraciones anales no consentidas comenzaron en 2004, cuando su hija todavía era un bebé, y se intensificaron a partir de 2014. La denunciante afirmó que expresaba su negativa, pero que su marido continuaba.
El acusado negó los hechos. Admitió que durante el matrimonio mantuvieron relaciones anales, pero aseguró que «siempre fueron consentidas». También rechazó haber empleado objetos. «Me parece una barbaridad», manifestó.
Una psicóloga declaró, sin embargo, que, durante su evaluación, el hombre había reconocido un especial interés por esta práctica. «Me gustaba la penetración anal siempre. Si ella no quería, me enfadaba un día o dos», le manifestó.
La Fiscalía considera que el relato de la denunciante ha sido persistente y está respaldado por elementos periféricos de corroboración. Antes de abandonar el domicilio, la mujer contó a varias personas de su entorno que sentía «terror», que su marido la tenía «muy controlada» y que era «mejor darle sexo para dejarle tranquilo» y evitar nuevos conflictos
El ministerio público también atribuye valor a algunos detalles aportados por los hijos. Aunque actualmente ambos apoyan al padre y acudieron con él al juicio, la hija declaró durante la instrucción que su madre se duchaba por las noches a horas poco habituales, una conducta que las acusaciones consideran compatible con el contexto descrito por la denunciante. La joven también habría confirmado que en el domicilio se producían insultos, menosprecios y discusiones. El acusado, por su parte, atribuyó los problemas familiares al consumo de marihuana de su hijo, que, según declaró, comenzó a fumar a los 12 años.
Las acusaciones sostienen que el procesado fue deteriorando progresivamente la autoestima de su mujer con expresiones como «inútil», «tonta» o «no vales para nada» y que también la empujaba, abofeteaba y amenazaba. La denunciante afirmó que las agresiones físicas eran menos frecuentes porque su marido ejercía habitualmente violencia sexual. Según la acusación particular, llegó a perder mucho peso porque evitaba comer para no tener que defecar. El acusado sostuvo, por su parte, que a su mujer «no le gustaba comer» y que «nunca ha querido estar gorda».
La defensa cuestiona tanto la credibilidad de la denuncia como la relación causal entre las prácticas sexuales y los problemas médicos. Su abogado destacó que varios informes no detectaron lesiones y que la mujer acudió al médico antes de presentar la denuncia sin relatar agresiones sexuales ni sangrados anales.
Esta circunstancia que resulta habitual en casos de violencia machista dentro de la pareja, donde las víctimas tardan años en denunciar por diversos motivos como no poder identificar esa violencia dentro de una relación, la vergüenza o el miedo a no ser creídas.
Además, la defensa hizo hincapié en que, después de separarse, la mujer acudió repetidamente al lugar de trabajo del acusado y que la hija, entonces menor de edad, permaneció varios meses viviendo con su padre. Además, sostuvo que la denuncia se presentó después de que fracasaran las negociaciones económicas del divorcio.
Las acusaciones solicitan 15 años de cárcel por las agresiones sexuales y otros tres por maltrato habitual, además de una indemnización de 190.750 euros por las secuelas. La defensa pide la absolución al considerar que existen dos versiones incompatibles y que las pruebas no permiten desvirtuar la presunción de inocencia.
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