La Comunidad de Madrid defiende la nueva normativa de la tarjeta de transportes, que beneficia a quienes están empadronados en la región
Varios viajeros en una parada de autobús de Nuevos Ministerios.
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El debate sobre el acceso a las bonificaciones del transporte público en la Comunidad de Madrid nos hace preguntarnos cómo garantizar un uso justo y duradero de los recursos públicos sin renunciar a la universalidad del servicio.
Y en este contexto, de repente, un trámite administrativo tan cotidiano como acreditar el lugar de residencia se ha convertido en objeto de confrontación política, sospechoso de ser causa de discriminación, exclusión y xenofobia. Mucho ruido. Pocos argumentos.
No se debate si alguien puede utilizar el transporte público madrileño. Puede hacerlo cualquiera. Tampoco se restringe ningún derecho.
Lo único que se plantea es si determinadas bonificaciones financiadas por la Comunidad de Madrid deben destinarse prioritariamente a quienes residen en ella y contribuyen a sostenerlas con sus impuestos.
Dicho de otra forma: si son los madrileños quienes financian esas ayudas, ¿no es razonable que sean también sus principales beneficiarios?
La respuesta parece obvia si dejamos que responda el sentido común.
Recordemos que nuestro sistema de transporte público, además de ser objetivamente uno de los mejores del mundo, es uno de los más subvencionados de España.
Los menores de 14 años viajan gratis, al igual que los mayores de 65. Los jóvenes de hasta 25 años pueden utilizar toda la red por apenas diez euros al mes. Las familias numerosas disfrutan de descuentos adicionales. En términos generales, el usuario abona apenas una parte mínima del coste real del servicio.
El resto se financia gracias a los contribuyentes madrileños a través de la Comunidad y ayuntamientos de la región mayoritariamente, porque ni siquiera en Madrid el dinero llueve del cielo.
Pero es que, además, la legislación obliga a todos y cada uno de los ciudadanos a empadronarse en el municipio donde reside habitualmente. El padrón no es una herramienta de exclusión sino de gestión, para planificar servicios públicos, asignar recursos y conocer la realidad demográfica del territorio.
De hecho, en Barcelona, Segovia, Vigo, Pamplona, Ceuta, Murcia, Soria, Melilla, Toledo, Guipúzcoa, Valladolid, entre otras muchas ciudades, se requiere el empadronamiento para obtener algunos títulos de transporte, y nadie se rasga las vestiduras en esos casos.
Es justo y necesario discrepar políticamente de cualquier decisión pública, pero con razonamientos y la ley en la mano. Invocar la xenofobia y la discriminación sin argumentos sólidos define más al que acusa que a quien trata de acusar.
A veces las polémicas más ruidosas tienen una explicación muy sencilla: no nacen de la falta de razones para adoptar una medida, sino de la falta de razones para oponerse a ella.
Jorge Rodrigo es consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.