El Gobierno de España sostiene que ya ha tomado medidas suficientes para garantizar el acceso a la vivienda y así se lo ha trasladado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, ante el que el sindicato UGT presentó una denuncia en la que argumentaba que el país no vela por que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, como estipula la Carta Social Europea.

En un documento de alegaciones de 13 páginas firmado por la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ejecutivo defiende que "la denuncia colectiva se basa en un diagnóstico inicial que ya ha sido ampliamente tenido en cuenta (y también abordado) por el Ministerio de Vivienda español, en relación con las dificultades para acceder a la vivienda, especialmente en zonas de alta demanda y para las personas con menores ingresos y determinados colectivos" y subraya que las principales medidas que propone el sindicato de Pepe Álvarez en la denuncia "ya están siendo impulsadas" por el Ministerio mediante la Ley de Vivienda.

"De acuerdo con lo anterior, se considera que la queja colectiva se formula sobre una cuestión, a saber, los avances hacia la efectividad del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, en la que ya se está desarrollando una amplia gama de medidas por parte del Estado, en el marco del principio de cooperación y colaboración territorial con las diferentes administraciones territoriales, tanto las Comunidades Autónomas como las entidades locales, en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias. En vista de las razones expuestas anteriormente, se solicita respetuosamente al Comité que desestime la presente reclamación colectiva por razones de fondo, dadas las medidas que ya está adoptando el Reino de España en el ámbito de la vivienda, en consonancia con las disposiciones de la Carta Social Europea Revisada", concluyen.

Sus alegaciones han sido remitidas al Comité de Estrasburgo un año y medio después de que UGT presentara su reclamación. En ella, este sindicato denunciaba que España y, en conctreto, "su legislación y actuales políticas de vivienda", vulnera el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, que proclama que "toda persona tiene derecho a la vivienda", así como sus artículos 16 (relativo a la protección integral de la familia), 17 (sobre la protección integral de jóvenes), 19 (protección de personas trabajadoras migrantes) y 30 (protección contra la pobreza), por no garantizar "un acceso asequible a una vivienda digna o adecuada para una parte importante de la población trabajadora española" dada la escasez de alojamiento social y los altos precios de mercado libre. Algo que consideraban aún más grave para colectivos vulnerables (como los jóvenes, los trabajadores que perciben salarios más bajos y los inmigrantes).

Por ello, reclamaban al CEDS que exigiera al Estado español "el diseño y puesta en práctica real de políticas inmediatas y eficaces para favorecer el acceso real a una vivienda de calidad para la población en España, a fin de eliminar de forma más acelerada la carencia de alojamientos adecuados, garantizando precios (de alquiler y/o compra) asequibles de las viviendas a las personas y colectivos que no dispongan de recursos suficientes para ello".

Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, considera que la respuesta del Gobierno es "llamativa", porque es muy escueta y, además, dedica la mayor parte del escrito a explicar cuáles son sus intenciones. "Parece que casi nos dan la razón, al admitir que quieren poner en práctica todas esas medidas y al señalar que parte de las competencias están transferidas, como si dijeran que incumplen la Carta Social Europea pero no es su culpa". En su opinión, el Ejecutivo no ha entendido cuál es el objeto de la reclamación, que "no era un examen de las medidas que se tienen previsto emprender". "Nosotros concebimos el derecho a la vivienda como un derecho humano básico que no se está respetando", señala, y lo compara con la educación o la sanidad, en los que el derecho consiste en que el Estado dota de unos servicios públicos con unos estándares minimos. "La vivienda es lo mismo", señala.

Una vez presentados los argumentos del Ejecutivo, el CEDS recabará la opinión de UGT por alusiones y de otros organismos que puedan opinar sobre el asunto, solicitará después una nueva respuesta del Gobierno y finalmente se reunirá para emitir un dictamen. En caso de considerar que España sí vulnera la Carta Social Europea, como ha decidido en el caso del coste del despido, nuestro país podría tenerlo en cuenta a la hora de adaptar su legislación, pero la evidencia hasta la fecha ha demostrado que no sería un dictamen vinculante que obligue al Gobierno a cambiar la ley.

Argumentos del Gobierno

Pese a que la vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud en el país, con precios desorbitados tanto en la compra como en el alquiler, el Gobierno enumera una serie de medidas que ha puesto en práctica y que considera suficientes para garantizar este derecho. En primer lugar, cita el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 con sus cinco programas: para vivienda de alquiler asequible; para aumentar el parque de viviendas públicas; para fomentar la vivienda para personas mayores o con discapacidad; para fomentar el alojamiento temporal, los modelos de covivienda, la vivienda intergeneracional y otras modalidades similares; para poner a disposición viviendas de la SAREB y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o social; y para fomentar la provisión de viviendas por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para su alquiler como vivienda asequible o social.

En segundo lugar, menciona el Plan de Recuperación y su adenda, que "ha distribuido un total de 1.000 millones de euros a nivel territorial a través de las Conferencias Sectoriales, habiéndose firmado acuerdos con todas las Comunidades Autónomas, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para la construcción de más de 25.000 viviendas", y que ha canalizado una inversión de 4.000 millones de euros para desarrollar una nueva línea de préstamos del ICO para "promover la vivienda social y asequible mediante la construcción de edificios energéticamente eficientes o la rehabilitación de edificios existentes que demuestren una mejora en la eficiencia energética". Cita, en tercer lugar, un programa del Ministerio que busca proporcionar más de 184.000 nuevas viviendas sociales o de alquiler asequible.

Además de repasar todos estos programas poniendo el foco en sus objetivos y no en lo que realmente se ha conseguido hasta la fecha, el Ejecutivo presume de ciertos avances: asegura que la vivienda social de titularidad pública "ha aumentado significativamente", pasando de 290.000 a 318.000 viviendas, lo que representa un incremento del 9,7 % entre 2019 y 2023, lo que ha ayudado a que el parque total de viviendas de alquiler social haya aumentado en más de un 35 % entre 2019 y 2024. "En total, se calcula que se han añadido unas 162.000 viviendas más, pasando de 452.000 viviendas de alquiler social en 2019 a 614.000 en 2024. Esto significa que la cobertura ha aumentado del 2,5% de los hogares al 3,4%, lo que nos acerca a la media de la Unión Europea, que es del 8%", señalan.

Alegan también que han avanzado en medidas para prevenir el sinhogarismo y en la utilidad de los límites de precios en los alquileres aplicados en algunas zonas de Cataluña o el País Vasco.