Los bancos optan por adherirse a otros planes regionales a la espera de conocer en qué consistirán las nuevas condiciones que estudia desde el 1 de enero el Ministerio de Isabel Rodríguez. El objetivo es aumentar el número de beneficiarios ante el escaso éxito de la medida.
La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez en una sesión de control al Gobierno en el Senado.Europa Press
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Una de las medidas estrella del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes está guardada en un cajón desde que comenzó el año. El Ministerio de Vivienda ha paralizado la tramitación de la línea de avales del ICO para la adquisición de vivienda en un momento crítico para la sociedad, en el que tener una vivienda en propiedad se ha convertido en una de las claves de la salud financiera de las familias para salir del círculo de precios del alquiler que no paran de subir. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que el ministerio que lidera la socialista Isabel Rodríguez han dejado esta línea de avales en stand by desde hace cuatro meses, mientras estudia qué modificaciones son necesarias para lograr dinamizar una medida que no estaba teniendo el éxito esperado. Las entidades financieras habían criticado esta línea de avales -frente a otras puestas en marcha por las comunidades autónomas- ante su complejidad a la hora de ser tramitada y por la forma en la que los bancos debían gestionar los avales. Se le exigía, en definitiva, una mayor agilidad.
La línea de avales del ICO destinada a jóvenes menores de 35 años y familias con hijos se prorrogó el pasado mes de diciembre por dos años más, como estaba contemplado ya en el momento de su creación, a principios de 2024, aunque no empezó a funcionar en la práctica hasta el verano de hace dos años. Fuentes bancarias dicen estar "a la espera de la adenda" en la que trabaja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre las nuevas condiciones sobre las que se regirá la línea de avales públicos. "La previsión es que vuelva a estar activa en el plazo de 3 ó 4 semanas" con lo que, de facto, el Gobierno habría tenido paralizada esta medida durante los primeros cinco meses del año, al menos, en plena crisis de vivienda, aunque la realidad es que era una "línea que se venía utilizando muy poco por un tema burocrático y porque estaba muy limitada a determinados colectivos", explica desde otra entidad consultada por EL MUNDO. En todo caso, las asociaciones bancarias dicen no tener constancia de por dónde pueden ir los cambios en la línea de avales.
Desde el Ministerio de Vivienda aclaran que una de las modificaciones tiene que ver con un aumento de "la capacidad económica que pueden tener los beneficiarios" de estos avales "para llegar a más personas". En la actualidad, podían solicitar esta medida quienes contaran con un salario inferior a los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM) o del doble en caso de que la hipoteca se solicitara por dos personas. Si en el hogar hubiera hijos, se amplía el límite en 2.520 euros al año por cada menor.
El ICO ha cambiado de estrategia ante esta parálisis temporal y, si antes reportaba mensualmente los avances de esta línea de financiación, ahora acumula casi cuatro meses en los que no actualiza los datos. Los últimos disponibles son de diciembre de 2025 cuando el organismo había concedido 10% de todo el dinero disponible, cerca de un año y medio de que comenzara a funcionar. En total, el organismo público avaló 10.453 hipotecas, de las cuales 7.503 fueron firmadas por menores de 35 años y el 28% restante por familias con menores a su cargo. El objetivo inicial cuando se lanzó esta medida era llegar a unos 50.000 beneficiarios. Los avales requeridos por los bancos ascendieron a 255,8 millones de euros, que es algo menos del 20% de los 1.344 millones de euros de financiación en las hipotecas firmadas.
Desde el Instituto de Crédito Oficial aclaran a EL MUNDO que la línea de avales no está cerrada, ya que los bancos que lo deseen pueden seguir adhiriéndose a ella, aunque estos desconozcan cuáles serán las nuevas condiciones de los avales. Esto, de facto, está provocando una parálisis en la formalización de hipotecas bajo esta fórmula por parte de las entidades financieras que siguen a la espera de conocer cuál será el futuro de esta medida. "La línea está renovada y se amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora mismo estamos pendientes de poder firmar los convenios con el Ministerio de Vivienda, que incluyen las mejoras que quiere introducir", sostienen desde el ICO.
Por comparación, uno de los planes que mejor acogida está teniendo por parte de las entidades financieras es el Plan 'Mi primera vivienda', lanzado en junio de 2024 por la Comunidad de Madrid, por su agilidad a la hora de tramitar los avales. Desde entonces, y hasta febrero de 2026 (últimos datos disponibles), se han firmado bajo su paraguas 4.601 hipotecas con 6.974 beneficiarios. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó esta semana una ampliación de los beneficiarios de estos avales que llegarán hasta las personas de 50 años, para cubrir la subida de los precios que vive la capital del país en materia de vivienda. Para los menores de 40 años la hipoteca puede ser del 100%, de 40 a 45 años de hasta el 95% y entre 45 y 50 años hasta el 90%. El importe máximo de compra se amplía hasta los 425.000 euros.
Este mismo martes el Congreso recharó el real decreto impulsado por el Gobierno de coalición según el cual se permitiría prorrogar los contratos de alquiler que vencieran antes de diciembre de 2027 por un periodo máximo de dos años en las mismas condiciones. Por otro lado, el Ejecutivo sigue trabajando con las CCAA para el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el que triplicará el dinero que gestionarán las regiones hasta los 7.000 millones de euros.
Asimismo el pasado mes de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación del fondo 'España crece' que contará con una dotación específica para vivienda y que parte de fondos europeos. El objetivo es impulsar la construcción de 15.000 viviendas al año destinadas al alquiler social. Para ello desde Moncloa calculan que se necesitarían unos 23.000 millones de euros, que pretende levantar en su mayor medida del ámbito privado, ya que la aportación del Estado se limitará a unos 2.200 millones de euros.