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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado de manera definitiva la imposición de una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro. La resolución, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, llega tras el rechazo del recurso presentado por la compañía, dando por agotada la vía administrativa en un procedimiento que ratifica íntegramente las conclusiones originales de la Dirección General de Consumo.
La investigación, iniciada en noviembre de 2023 a raíz de las denuncias de organizaciones como FACUA, la OCU y el Sindicato de Inquilinas-CECU, detectó un patrón sistemático de conductas ilícitas. Según las fuentes, la inmobiliaria operaba bajo un modelo de contratos de adhesión sin margen real de negociación, mediante el cual trasladaba al inquilino costes, obligaciones y riesgos que la normativa vigente atribuye exclusivamente al propietario. El núcleo de la sanción reside en seis infracciones muy graves y una grave, destacando especialmente la imposición de un "servicio de atención al inquilino". La resolución determina que dicho cargo era una nueva denominación para seguir cobrando los honorarios de gestión prohibidos por la Ley de Vivienda.
El expediente detalla otros abusos, como la imposición de seguros de hogar, cargos por reclamaciones indebidas y cláusulas que permitían incluir a los inquilinos en ficheros de morosos sin la existencia de deudas exigibles. Asimismo, se detectaron limitaciones injustificadas al derecho de desistimiento. El desglose de la multa incluye una sanción principal de un millón de euros y otras cuantías que alcanzan los 3,6 millones, aplicadas en su grado máximo por tratar de esquivar los cambios legislativos y reiterar conductas ya sancionadas.
Por su parte, el presidente de la empresa, Antonio Carroza, ha calificado la medida de "totalmente desproporcionada", sosteniendo que su actividad se ajusta a la legalidad en un mercado tensionado. No obstante, la resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas abusivas y adaptar sus contratos. El ministro Bustinduy ha subrayado que este caso marca un precedente en la vigilancia de un sector donde los inquilinos parten de una posición de inferioridad, advirtiendo que la Administración actuará frente a cualquier intento de limitar los derechos ciudadanos.