El 24% prevé vender el inmueble una vez que finalice el contrato, mientras que el 8% lo destinará al alquiler de habitaciones o lo reconvertirá en un alquiler vacacional (2%)
Escaparate de agencia inmobiliaria con anuncios de pisos en alquiler.
Actualizado
Para el gobierno español, situaciones excepcionales, requieren medidas excepcionales, y el mercado inmobiliario no queda fuera. "No vamos a renunciar a dar respuesta también a la emergencia habitacional", decía Pedro Sánchez, al anunciar el decreto que recoge la prórroga de los contratos de alquiler -que finalicen antes de que termine el 2027- y el tope a la actualización de los precios -para los contratos que entraron en vigor antes de la Ley de Vivienda-. Dos medidas que afectarán a más de 600.000 contratos que terminan este año y que el sector viene rechazando por su efecto negativo en la (poca) oferta disponible. Ahora, más de un tercio (34%) de los contratos que finalizarán este 2026 y 2027 se retirará del mercado del alquiler de larga duración, según una encuesta de Fotocasa Research.
"Nunca habíamos detectado una fuga de oferta similar en el mercado", asegura María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. "Si se mantienen este tipo de medidas intervencionistas y punitivas, la retirada de las viviendas del mercado podría intensificarse en los próximos meses". Según los datos, el 24% de quienes se retirarán del alquiler residencial prevé vender el inmueble una vez que finalice el contrato, mientras que el 8% planea destinarlo al alquiler de habitaciones o reconvertirlo en un apartamento de alquiler vacacional (2%). En cualquier caso, representa una pérdida a la oferta residencial de larga duración, que ya es escasa para la demanda. Sobre todo como consecuencia de la "creciente falta de seguridad y de confianza en el mercado", apunta Matos.
Precisamente, ese es un efecto que varios actores del sector inmobiliario han advertido alrededor de las medidas de vivienda en el Plan anticrisis, incluyendo a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) que alertaron de la "preocupante inseguridad jurídica" ya que, aunque entraron en vigor este domingo, aún tienen que pasar por el Congreso donde incluso Sánchez reconoce que no hay una mayoría parlamentaria.
Sin embargo, la destrucción de oferta a causa de la intervención en el mercado del alquiler y las medidas para contener los precios es una discusión que había empezado con el nacimiento de la Ley de Vivienda, en 2023. Desde entonces, ya había un 42% de propietarios que se planteaba retirar su propiedad del mercado de alquiler de larga duración, según Fotocasa Research, y así ha terminado ocurriendo. "El mercado tiene alrededor de un 50% menos de oferta que hace cinco años", afirma la portavoz.
Más allá de que el Congreso de o no luz verde a este real decreto-ley, Matos detalla que lo relevante es que este mercado debe ceñirse al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), el indicador del Instituto Nacional de Estadística (INE) que limita la subida anual de los alquileres para evitar aumentos superiores al 3%, en reemplazo del Índice de Precios de Consumo (IPC). En Febrero, se situó en el 2,16 y se aplica obligatoriamente para actualizar la renta en los contratos de alquiler de vivienda habitual firmados después del 25 de mayo de 2023.
Así como sucede con otras medidas para contener los precios, como la declaración de zonas tensionadas, muchos propietarios pierden el incentivo para continuar alquilando una vivienda por un tiempo largo porque la inflación acumulada sigue creciendo. "No hay que olvidar que la rentabilidad es el principal motor por el que un propietario decide alquilar", explica la directora de Estudios, por lo que este tipo de medidas "mantiene un escenario de falta de consenso con los propietarios, inseguridad jurídica y un clima de desconfianza que no se ha corregido".
Y es que esta inseguridad y desconfianza de los propietarios es algo que, paradójicamente, termina afectando a los inquilinos que más necesitan de alquileres asequibles. Los datos de Fotocasa Research indican que, además de retirar los inmuebles del mercado del alquiler convencional, entre otras opciones que considera el resto de propietarios encuestados incluye a reajustes en el precio o modificaciones en el perfil de los futuros arrendatarios. El 32% acepta que establecerá un precio más alto una vez que finalice el contrato, mientras que el 26% señala que priorizar los inquilinos que puedan asumir un pago mayor de la renta.
Con todo esto, quienes buscan alquilar una vivienda residencial cada vez tienen menos opciones, sobre todo con el contexto geopolítico actual. Con la pérdida de oferta, las medidas que incluye el Plan anticrisis, podrían resultar "contraproducentes". José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) indica que el aumento de los costes energéticos podrían presionar la inflación, y por ende, los costes de construcción y el poder adquisitivo de los hogares. Con un escenario de endurecimiento hipotecario, "podría enfriar la demanda más dependiente de financiación", apunta, que se volcarían al alquiler y aumentaría la presión en un mercado marcado por la escasez.