Actualizado Viernes, 29 mayo 2026 - 00:02

Los relatos de viajeros que conocieron el antiguo oráculo de Delfos en Grecia cuentan que en su frontispicio figuraba la inscripción mêden agan, que quiere decir «nada en exceso». El mensaje del oráculo pretendía impulsar el autoconocimiento como vía para intentar limitar los excesos que podían llevarnos a la perdición a través de la hubris o vanagloria, actitud que provocaba, según la tradición griega, la caída en desgracia.

La vivienda y la inmigración son dos de los problemas que más preocupan a los españoles, según el CIS. Ambos están relacionados. En esta columna intento analizar el cuánto y el cómo de los flujos migratorios. Por «cuánto» entiendo una proporción de inmigración que pueda ser sostenible: el entender si nos hemos excedido. Por «cómo», el tipo de inmigración y el proceso de toma de decisiones.

Aunque el PIB español haya crecido con fuerza desde el covid, el crecimiento por habitante ha sido mucho menor. Ello se debe en parte a un modelo basado en aumentar el número de ocupados vía inmigración más que la productividad por empleado. Además, la escasa mejora de renta por habitante no se ha traducido en un incremento del salario ajustado por inflación, variable que ha caído un 1% desde la pandemia debido a la subida de las cotizaciones y del impuesto sobre la renta en los últimos años. Por lo tanto, aunque algunos responsables políticos describan la economía como un éxito, la realidad es que la situación económica de una familia media ha empeorado. El crecimiento se ha sustentado sobre todo en la inmigración, de ahí que se requiera un debate sobre su cuantía.

Conviene recordar que hace veinticinco años solo uno de cada veinte residentes en España no había nacido en España. Hoy la cifra asciende a uno de cada cinco. Los flujos migratorios se pueden medir en proporción a la población total de un país. La mayoría de las naciones occidentales admiten flujos migratorios anuales que oscilan entre un 0,2% y un 0,6% de su población. La razón es compensar la caída de población activa que se genera porque el crecimiento vegetativo (jóvenes que entran en la fuerza laboral frente a mayores que se jubilan) es negativo debido a los exiguos niveles de natalidad. De aceptar flujos migratorios medios de otros vecinos occidentales (0,4%), una nación con unos cincuenta millones de habitantes como España debería admitir unos 200.000 inmigrantes al año. Sin embargo, las entradas medias anuales de extranjeros de los últimos tres años rondan los 665.000, es decir un 1,4% de la población, un crecimiento migratorio tres veces superior al de nuestros vecinos.

Admitir flujos migratorios tan elevados conlleva la ventaja ya expuesta de que, si la demanda de trabajo no se satisface con la oferta local, la inmigración genera más crecimiento económico, algo que por ejemplo sirve para pagar las pensiones actuales (aunque los inmigrantes devengarán por supuesto una pensión futura, así como gastos médicos y educativos, lo que genera también un pasivo) o reducir el déficit fiscal. Sin embargo, un aumento súbito de población en un país que apenas construye vivienda genera un efecto indeseado: la demanda de casas se acelera mientras la oferta sigue siendo muy baja y, por lo tanto, los precios suben estrepitosamente.

Así, en circunstancias de bajo crecimiento poblacional, un país occidental necesita construir unas cuatro casas por cada mil habitantes al año, más si la población crece a un ritmo elevado, como es el caso de España. Pues bien, nuestro país lleva doce años construyendo dos casas por mil habitantes al año, lo que explica el déficit acumulado de 700.000 unidades, y también que los precios de la vivienda suban más del doble que en Europa. El resultado es que un 9% de nuestros habitantes viven en situación de hacinamiento, según el INE. De este modo, se enlazan dos de las principales preocupaciones de los españoles. La inmigración no es la única causa del deterioro del acceso a la vivienda, pero sí amplifica un desequilibrio estructural entre oferta escasa y demanda acelerada. Por otro lado, no se pueden admitir flujos migratorios intensos si no se invierte en mayor infraestructura sanitaria y educativa. Las listas de espera médicas no hacen más que aumentar, y la calidad de la educación se resiente.

Si nos centramos en el «cómo», creo que decisiones tan trascendentes como el volumen de inmigración que un país está dispuesto a aceptar deberían regirse por un elemental mecanismo democrático. Si un partido político cree que es necesario acelerar la inmigración, debería exponerlo en su programa y en sus mítines, y viceversa. En última instancia, la política que se quiera aplicar debería ser debatida y aprobada por las Cortes. Al no haberse hecho así, se genera, en mi opinión, un déficit de decisión ciudadana en un tema de absoluta trascendencia, lo que incrementa el desapego de la ciudadanía hacia el sistema democrático. Como contraste, los suizos votarán en junio si limitar la población a diez millones. Por otro lado, en el marco de una unidad económica como la UE, no parece muy sostenible admitir flujos migratorios ilegales significativamente superiores a los de nuestros vecinos para luego regularizarlos, cuando estas decisiones nos afectan a todos. Finalmente, creo que, una vez se haya debatido un nivel aceptable de inmigración, debemos cualificar el tipo de trabajadores que necesitamos, en vez de aplicar una política indiscriminada de aceptación.

Toda política migratoria sostenible depende de la capacidad de absorción económica, institucional y residencial de un país. Es indudable que un inmigrante tiene derecho a aspirar a una vida mejor, y que países solidarios como el nuestro que han sido emisores de emigrantes en el pasado pueden mantener una disposición de acogida. La pregunta es cuánto y cómo. En mi opinión, tal y como advertía el oráculo, nos hemos excedido en ambos.

*Ignacio de la Torre es socio y economista jefe de Arcano Partners