Tras la Ley de Vivienda y la anulación del registro de pisos turísticos, las autonomías, con Madrid a la cabeza, advierten de que el nuevo plan podría acabar en el Tribunal Supremo por posible invasión de competencias
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ayer en Madrid.EP
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El Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas firmaron ayer el acuerdo para el reparto del nuevo Plan Estatal 2026-2030 y ahí termina toda la sintonía entre ambas partes. Lejos de lo que la rúbrica puede dar a entender, el plan abre una nueva vía de enfrentamiento entre Moncloa y las regiones (mayoritariamente gobernadas por el PP) a cuenta de la crisis habitacional actual y las fórmulas que ambos consideran para abordarla. Las autonomías, con Madrid a la cabeza, advierten de que el documento podría acabar en el Tribunal Supremo ante lo que consideran una invasión de las competencias por parte del Estado y no sería la primera vez que la política de vivienda del Ejecutivo se da de bruces contra la Justicia.
Sin ir más lejos, también ayer el Tribunal Supremo dio a conocer el fallo por el que anula el registro de alquiler de corta duración y turístico por considerar que el Estado carece de competencias para llevarlo a cabo y hace dos años, en 2024, fue el Tribunal Constitucional el que declaró inconstitucional algunos de los preceptos de la Ley de Vivienda, la norma estrella y el pilar sobre el que se articulan todas las medidas en materia residencial planteadas por el gabinete de Pedro Sánchez.
En aquella ocasión, atendiendo al recurso de hasta seis comunidades autónomas y del Parlamento catalán, el TC anuló el artículo 16 de la ley, que aludía al régimen de vivienda protegida al entender que la regulación tenía "un nivel de detalle excesivo", y echó para atrás también una parte del artículo 19, referente a la información que debían suministrar los grandes tenedores.
Ahora, el Tribunal Supremo considera nulo el procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración que quieran publicitarse en plataformas digitales, al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación "exhaustiva" de un registro nacional que se superpone a los autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos. La decisión deja en el aire el instrumento que el Gobierno había creado para frenar el incremento de pisos turísticos en zonas de alta presión habitacional, un instrumento del que había presumido por ser pionero a nivel europeo.
Las comunidades advirtieron ayer de que este podría ser también el camino que le espera al nuevo Plan Estatal. El proyecto constituye la hoja de ruta del Ejecutivo en materia de vivienda para los próximos años y en esta ocasión pretende que se convierta en la herramienta para hacer crecer el parque de vivienda pública, bien mediante la construcción de nuevo producto, bien mediante la rehabilitación o bien mediante la compra de casas que están vacías y que se incorporarían al cómputo común. El proyecto está dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante, lo que implica que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que ponían el 25% del presupuesto y el resto venía del lado estatal.
Las comunidades, citadas ayer en la Conferencia Estatal de vivienda, firmaron la propuesta pero dejaron claro su rechazo al planteamiento al considerar que es "profundamente injusto", en palabras del consejero madrileño, Jorge Rodrigo. El responsable de la Comunidad de Madrid censuró minutos antes de la firma que, aunque el Estado presume de triplicar su aportación, "no es cierto", ya que solo la duplica mientras "obliga" a las autonomías a multiplicarla por cinco. "Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera", lamentó, en representación del resto de consejeros populares que también acudieron ayer al Ministerio.
La cita se convirtió en una especie de pim-pam-pum en diferido entre las regiones y la ministra. Así, mientras Isabel Rodríguez reclamaba en rueda de prensa "dejar a un lado planteamientos partidistas", Jorge Rodrigo lamentaba que el Gobierno utilice el plan para "imponer su modelo ideológico"; mientras Rodríguez explicaba que habían mantenido unas 400 reuniones en el último año con las propias comunidades, ayuntamientos y representantes del sector, Rodrigo criticaba que el plan se ha elaborado "sin consenso, sin diálogo real y utilizando la financiación estatal como instrumento de presión política". "Se ha cocinado en un despacho del Ministerio, entre titulares y eslóganes, y después han llamado cogobernanza a mandarnos el documento cerrado para que lo aplaudamos", defendió el consejero. Mientras la ministra presumió del diálogo mantenido estos meses, el máximo responsable madrileño en materia de Vivienda censuró que "no se ha atendido ni una sola" de las alegaciones "fundamentales" presentadas por la Comunidad. "Hablan de diálogo, pero lo que realmente quieren son comunidades autónomas obedientes, sin capacidad política y sometidas al modelo intervencionista de la fracasada Ley de Vivienda", apuntó.
Desde el Ejecutivo madrileño, ven "especialmente grave" el hecho de que el propio Consejo de Estado haya cuestionado públicamente cómo se ha diseñado este plan y haya advertido de posibles vulneraciones de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. "Quizá el problema no sea la oposición, sino que el Gobierno confunde gobernar con colonizar competencias", ironizó el consejero.