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Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha dinamitado este miércoles cualquier puente restante con el Ministerio de Trabajo durante la Asamblea General de la patronal celebrada en Madrid. En una intervención inusualmente dura, el líder empresarial ha acusado directamente a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de "torpedear" los acuerdos y de invadir reiteradamente el espacio del diálogo social bipartito para imponer un "ideario político e ideológico".
Garamendi ha reivindicado la negociación entre sindicatos y empresarios como una "infraestructura silenciosa" vital para la estabilidad y la paz social del país. Sin embargo, ha denunciado que este ecosistema se ha visto "desnaturalizado" por la injerencia constante del Gobierno, que ha transformado el diálogo tripartito en un escenario para "la fotografía, la declaración altisonante y la descalificación". Según el líder de la CEOE, se ha instalado un clima de "inseguridad jurídica" que asfixia la libertad de organización de las empresas y altera la estructura de la negociación colectiva.
Uno de los puntos más críticos de su discurso ha sido la denuncia de lo que ha calificado como un "tsunami regulatorio". Garamendi ha contabilizado hasta 61 modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores entre finales de 2022 y diciembre de 2025, realizadas en su mayoría mediante decretos de urgencia y sin una consulta real con los agentes sociales. Para la patronal, este proceder supone una "asfixia normativa" que se ha intensificado desde que expiró la vigilancia de la Unión Europea sobre el Plan de Recuperación.
En el plano económico, Garamendi ha reprochado al Gobierno la falta de Presupuestos Generales del Estado en los últimos tres años, lo que a su juicio alimenta una preocupante "deriva institucional" marcada por intereses electorales. Frente a esta crítica, ha salvado de la quema al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, agradeciéndole su gestión ante la crisis derivada de la guerra en Irán. El presidente de la CEOE concluyó exigiendo cuentas públicas que aporten soluciones reales, como la deflactación del IRPF y el refuerzo sanitario para atajar el absentismo laboral, un fenómeno que ya cuesta a las empresas 17.000 millones de euros anuales.