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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha cerrado definitivamente el expediente sancionador contra Alquiler Seguro con la confirmación de una multa de 3,6 millones de euros, tras rechazar el recurso presentado por la empresa y dar por agotada la vía administrativa, en una resolución firmada por el ministro Pablo Bustinduy que ratifica íntegramente las conclusiones del procedimiento abierto por la Dirección General de Consumo.
La decisión llega después de una investigación que se remonta a noviembre de 2023, impulsada a raíz de denuncias presentadas por organizaciones de consumidores como FACUA, el Sindicato de Inquilinas-CECU y la OCU, y que desembocó en la incoación formal del expediente en marzo de 2025, una vez analizados tanto los contratos como la práctica comercial real de la compañía.
La apertura del expediente sancionador tuvo su origen en una investigación iniciada en noviembre de 2023, a partir de denuncias y testimonios de inquilinos que relataban haber tenido que contratar de manera obligatoria servicios adicionales, especialmente un seguro de atención al inquilino, como condición para acceder a la vivienda, una práctica que las organizaciones denunciantes consideraron abusiva y contraria a la normativa de consumo.
Según ha explicado el ministro de Consumo en rueda de prensa, la inmobiliaria no se limitaba a actuar como intermediaria, sino que operaba bajo un modelo sistemático basado en contratos de adhesión y sin margen real de negociación, mediante el cual trasladaba de forma recurrente al inquilino costes, obligaciones y riesgos que la normativa atribuye al propietario, configurando así un patrón continuado de prácticas que, lejos de ser puntuales, se habrían mantenido en el tiempo y de forma generalizada en su actividad.
El núcleo de la sanción se apoya en seis infracciones muy graves y una grave que, en conjunto, responden a distintas prácticas consideradas abusivas, entre ellas la imposición del denominado "servicio de atención al inquilino", que, según la resolución, no supone una prestación diferenciada real sino un simple cambio de denominación respecto a los honorarios de gestión inmobiliaria prohibidos por la ley tras la reforma de la Ley de Vivienda, manteniendo en esencia el mismo cobro bajo nuevas fórmulas -primero una mensualidad, después 990 euros y posteriormente cuotas adicionales-.
A ello se suma la imposición de seguros del hogaro la restricción de alternativas, así como la aplicación de cargos por reclamaciones incluso en supuestos en los que no correspondían al arrendatario, junto con cláusulas que permitían incluir a los inquilinos en ficheros de morosos sin la existencia de deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento, que en la práctica quedaba neutralizado desde el momento de la firma del contrato o el acceso a un área privada, pese a tratarse de relaciones contractuales de larga duración.
El desglose económico de la sanción incluye una multa principal de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última de 10.001 euros, hasta alcanzar el total de 3,6 millones, con la agravante de que las de mayor cuantía se han impuesto en su grado máximo al considerar que la empresa trató de esquivar cambios legislativos recientes y reiteró conductas previamente sancionadas.
En paralelo, desde la empresa su presidente Antonio Carroza ya calificó en noviembre en una entrevista con este medio que la sanción era "totalmente desproporcionada", defendiendo que Alquiler Seguro cumple la legalidad a rajatabla, que sus servicios son voluntarios y que la compañía actúa en un mercado altamente tensionado, en el que, según su versión, la falta de oferta y la inseguridad jurídica explican el contexto del sector.
Más allá del impacto económico, la resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a adaptar sus contratos a la legalidad vigente, en un contexto que el propio Ministerio define como de mercado tensionado, en el que los inquilinos parten de una posición de inferioridad y menor capacidad de negociación frente a operadores de gran tamaño.
El expediente, que se suma a otras investigaciones abiertas en el sector, se cierra en el plano administrativo, aunque desde Consumo advierten de que continuarán actuando frente a prácticas similares y vigilando el comportamiento de los principales actores del mercado inmobiliario.
En paralelo, en su comparecencia pública, Bustinduy subrayó que el caso no es aislado y lo enmarcó en un problema estructural de acceso a la vivienda, defendiendo que el objetivo de las actuaciones del Ministerio es reforzar la protección de los consumidores frente a abusos en un contexto de fuerte presión sobre los precios del alquiler, además de recordar la vigencia de las medidas incluidas en el marco normativo reciente, como la prórroga obligatoria de contratos y los límites a la actualización de rentas, que -según insistió- deben ser aplicadas por los arrendadores y respetadas por los operadores del mercado.
Asimismo, el ministro ha hecho un llamamiento a los inquilinos para que soliciten dichas prórrogas cuando proceda y recalcó que el cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los agentes económicos, al tiempo que lanzó un mensaje directo a las empresas del sector advirtiendo de que la Administración actuará frente a cualquier intento de condicionar o limitar derechos reconocidos por la normativa vigente.
En ese mismo contexto, el debate político también ha entrado en escena, con críticas dirigidas a la oposición por su posición respecto a la convalidación de las medidas en materia de vivienda, y con referencias explícitas a dirigentes como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un clima en el que el Gobierno insiste en que la protección del derecho a la vivienda debe prevalecer frente a los intereses de carácter especulativo.
En este escenario, Consumo sostiene que seguirá actuando en el sector inmobiliario y que este expediente marca un precedente en la vigilancia de prácticas que afecten a los derechos de los inquilinos, en un mercado donde la tensión entre oferta y demanda continúa condicionando tanto la regulación como la actividad de los principales operadores.
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