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En aludes España aún no es nadie. Esa subcategoría de los desastres naturales es la excepción que excluye al territorio nacional del podio europeo en calamidades. En el resto, sólo le disputan el liderato Rusia, Turquía o Ucrania, países todos sin la consistencia institucional y los protocolos que deben poner a los ciudadanos a salvo de los imponderables. Quizá por eso los índices de calidad democrática empiezan a detectar un aspecto novedoso. Los españoles esperan cada vez menos del Estado. Se están italianizando.
¿Infortunio o negligencia? Algunos datos son duros. En los últimos 25 años, España ha sido el escenario del segundo accidente aéreo más mortífero, el de Spanair, en Barajas (192 muertos). El peor sucedió en Ucrania y los que le siguen en Siberia. Sobre raíles, tres de los seis siniestros más letales han tenido de sede el territorio nacional: el primero en Angrois (83), el cuarto en Adamuz (45) y el sexto, Valencia (43). Montenegro, Grecia y Turquía completan el ránking.
Las inundaciones de la Dana de Paiporta, con 243 muertos, sólo son comparables con las de Centroeuropa en 2021. Aquellas crecidas del Elba y del Danubio mataron a un número similar de personas, pero en cuatro países. Alemania sufrió 135 pérdidas. Curiosamente, en tan sólo en un fenómeno tan habitual como los incendios forestales, España elude los primeros puestos de morbilidad.
No es exacto decir que aquí sucedan más accidentes que en otros países, pero sí que causan más víctimas, sobre todo cuando se compara entre estados homologables, lo que sugiere disfunciones en la cadena de responsabilidades y la prevención.
De la catástrofe de Adamuz, la única certeza inmutable es que nadie en el Gobierno de Pedro Sánchez va a dimitir. En la Dana cayeron dos consejeras y, tras resistirse un año, el presidente Carlos Mazón. Las inundaciones en Alemania costaron inmediatamente el cargo a la ministra de Medio Ambiente. Su homóloga en España, la vicepresidenta Teresa Ribera, ni visitó la zona.
La negativa sistemática a asumir responsabilidades, que encarna el propio presidente, se disimula con un plus de polarización, impide el examen exahustivo de los errores y actúa como gasolina del mejor octanaje para el populismo. Vox ha identificado el divorcio entre las élites políticas y parte de la ciudadanía. Lo presenta como un fallo sistémico del «bipartidismo», que es la manera en que impugna el pacto constitucional. El Gobierno acusa a quien advierte de esta dinámica de fomentar la «antipolítica», pero con ministros insultando a particulares desde redes sociales, el argumento decae.
El «colapso del Estado» que denuncia Santiago Abascal está infiltrándose en la opinión pública. España sigue siendo una democracia de máxima calidad según todos los índices serios, pero muchos ciudadanos ya no lo perciben así.
El Worldwide Governance Indicator del Banco Mundial mide en el apartado de «efectividad gubernamental» qué imagen tienen los contribuyentes de los servicios públicos. España ha pasado de un percentil de 91 sobre 100 en el año 2000, al nivel de Francia o Alemania, a un 76 en 2023. Es un mínimo histórico que no se ha registrado ni en los peores años de la Gran Recesión. La merma es general, pero no tan profunda como en España, que se acerca al patito feo de las grandes democracias, Italia, donde el divorcio entre sociedad civil y política es más evidente.
Los servicios se han deteriorado, pero no a un nivel tan catastrófico, según Eurostat. La Sanidad, con todos sus problemas, presenta menos fallas que en nuestro entorno salvo en las listas de espera, que se han convertido en un símbolo del hartazgo de médicos y pacientes. A ello se suman las infraestructuras. Una parte obedece al frenazo en la inversión que supuso la crisis. Pero el país también ha cambiado. La población se estancó en 46,5 millones entre 2010 y 2018 para dar un salto a 50 y absorber a 90 millones de turistas.
La respuesta política ha sido mediocre. «La salida al regeneracionismo -que asomó levemente en los años centrales de la crisis- ha sido la polarización», explica el sociólogo e investigador del CSIC Luis Miller. De la censura de las puertas giratorias se ha pasado a la parasitación desacomplejada del más mínimo sueldo de la Administración con el correspondiente deterioro en la gestión y en la toma de decisiones. Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones públicas e impulsor de su última gran reforma, advierte que «el desacople entre los servicios públicos y las elites políticas es muy grande».
Las cúpulas de las empresas del Estado están desprofesionalizadas por la colonización partidista y los altos funcionarios, desmoralizados ante la incapacidad para hacer carrera entre los enchufados. La corrupción florece en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), cuyos órganos directivos operan como agencias de recolocación. Uno de los episodios más sintomáticos fue el apagón que dejó en un cero energético a todo el país. Es un símbolo de todos los males típicos pese a lo insólito del hecho: ocupación de espacios técnicos por parte de políticos incompetentes, hiperiodiologización del debate y absoluta falta de rendición de cuentas.
Vox, que no gestiona por decisión propia, da donde le duele al PSOE en busca de sus votos. «La corrupción mata. (...) Aquí no funciona nada, sólo Hacienda», insiste Abascal. El Gobierno presume de encadenar un ciclo económico expansivo y exitoso. El estallido inflacionario y el modelo económico basado en el incremento de población hacen que el reparto en términos de poder adquisitivo sea muy limitado. Si el PIB crece tanto, pero la gente gana lo mismo, ¿quién se está quedando el dinero? ¿Los corruptos y los enchufados? Y si es Hacienda, ¿por qué fallan los trenes y la Sanidad?
El Democracy Report de la Universidad de Gotemburgo, Biblia de la calidad institucional, mantiene a España en el puesto 25 del mundo tras Estados Unidos. Pero el llamado «índice deliberativo» la rebaja al 38, entre Uruguay y Bulgaria. Esta métrica objetiva el «proceso de toma de decisiones de una entidad política». Y tiene en cuenta si está basado en «razonamientos, en contraste con los llamamientos emocionales, los vínculos solidarios, los intereses provincianos o la coerción». El diálogo racional entre sociedad civil y las elites gobernantes que no asumen responsabilidades está quebrando. Toda la literatura académica coincide en que el deterioro institucional provoca el económico a largo plazo.
Miller insiste: «El desgaste no sólo afecta a las infraestructuras, es el sistema el que necesita renovación; los grandes partidos están de acuerdo en las reformas más importantes, pero no las van a acometer y el ciudadano se siente impotente». Y el ultraderechista, gozoso.
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