Wuhan, diciembre de 2019. Dos reporteros de un medio estatal chino empiezan a tirar de un hilo que les llega desde varios hospitales: una neumonía extraña, con ecos del SARS -una enfermedad respiratoria viral que se extendió por Asia años atrás-, se está propagando en la ciudad. Siguen la pista hasta un mercado de mariscos y animales salvajes. Allí identifican a quien consideran la primera víctima mortal, un vendedor llamado Chen Faxing. Su investigación no verá la luz. Choca con la versión oficial, que niega cualquier brote fuera de control en Wuhan.

Pekín, abril de 2023. Un incendio en el Hospital Changfeng deja 29 muertos. En redes sociales circulan imágenes de pacientes huyendo por las ventanas. Se hacen virales. En los medios chinos, silencio. Los vídeos empiezan a desaparecer. Los censores limpian el rastro digital del suceso. Durante ocho horas no hay cobertura. Cuando finalmente se autoriza informar, algunos familiares conocen entonces la muerte de los suyos. La indignación prende en internet, pero dura poco: también es borrada.

Pekín, marzo de 2026. En X, plataforma bloqueada en China, se difunden vídeos de un mercado en Fangshan, al suroeste de la capital, sumido en el caos después de que un hombre embistiera varios puestos con un tractor. Los medios locales no dicen nada. Horas más tarde, corresponsales extranjeros llegan al lugar: está acordonado, rodeado de policías que no dan explicaciones. Voluntarios con brazaletes del Partido Comunista impiden a la fuerza que los periodistas hablen con los vecinos. Nunca se supo qué ocurrió realmente en Fangshan.

Recientemente, las autoridades chinas revocaron el visado a una corresponsal de un medio occidental mientras cubría una noticia en otro país asiático. Se enteró al intentar regresar. No pudo ni recoger sus pertenencias. Tampoco recibió ninguna explicación formal. Semanas antes, un periodista extranjero fue detenido por fotografiar, supuestamente, una base militar en el sur del país. Estaba de vacaciones con su familia; en una imagen aparecía, al fondo, una instalación castrense. Tras horas retenido, lo liberaron tras determinar que no se trataba de un espía. Antes, le borraron todas las fotos.

El Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC) denunció "una oleada de ataques selectivos contra la libertad de prensa", agravada desde febrero. Habla de "detenciones temporales, revocación de visados" y "un patrón creciente de intimidación" tanto a periodistas como a sus fuentes, además de restricciones de acceso a actos oficiales.

No es una advertencia nueva. El propio FCCC lleva años documentando obstáculos y presiones, y pide a los corresponsales que visibilicen estos episodios. "Al menos vosotros tenéis altavoces", resume un periodista chino de un importante diario estatal. "En el peor de los casos, no os renuevan el visado y os vais. Nosotros ni siquiera podemos plantar cara. La autocensura es la condición para seguir trabajando si nos dedicamos a escribir de temas políticos". Reporteros Sin Fronteras (RSF) recuerda que China ocupa el puesto 178 de 180 países en su índice anual de libertad de prensa.

Una 'arquitectura' densa y opaca

En China, el Partido Comunista nunca ha considerado a los medios como un contrapoder, sino como una extensión natural de su aparato de gobierno. El control se articula a través de una arquitectura tan densa como opaca. La columna vertebral de este sistema es el omnipresente Departamento de Propaganda, que actúa como editor en la sombra. Sus instrucciones, conocidas en las redacciones como "órdenes de orientación", llegan a diario en forma de mensajes indirectos o llamadas a los editores. En ellas, según cuentan quienes las han sufrido, se especifica desde qué temas deben ocupar portadas hasta qué palabras exactas deben utilizarse para seguir la narrativa oficial.

A este engranaje se suma la Administración del Ciberespacio, que ha convertido internet en un terreno vigilado al detalle. Plataformas como Weibo y WeChat (equivalentes en Occidente a X y WhatsApp) emplean ejércitos de moderadores y algoritmos que eliminan publicaciones en cuestión de segundos si contienen términos sensibles: desde referencias poco amables a líderes históricos hasta veladas críticas políticas o sucesos trágicos de los que no se quiere informar. En paralelo, cuentas nacionalistas amplifican la versión oficial, generando la sensación de consenso social.

El control también opera a través de la estructura empresarial de los propios medios. Las grandes cabeceras, televisiones y portales digitales son de propiedad estatal o están bajo supervisión directa del Partido. Esto facilita que la autocensura funcione como primera línea de defensa: los periodistas saben que desviarse del guion puede costarles el puesto, o algo más.

Para la prensa extranjera, sobre todo la occidental, la cual buena parte tiene sus páginas webs bloqueadas en la red china, los corresponsales acreditados denuncian a menudo que viajar a regiones sensibles como Xinjiang o el Tíbet implica seguimientos constantes y controles policiales; o que entrevistar a fuentes críticas puede poner en riesgo a los propios entrevistados.

Mientras organizaciones como FCCC denuncian que el control interno se endurece, hacia el exterior China despliega a sus grandes medios estatales con ediciones en múltiples idiomas y con acuerdos con medios locales de muchos países, entre ellos España, para insertar suplementos, reportajes y columnas que presentan una imagen siempre positiva del país, destacando especialmente sus grandes avances tecnológicos que asombran al mundo.

A todo esto se suma las cada vez más frecuentes invitaciones a periodistas extranjeros en viajes organizados donde se muestran versiones cuidadosamente seleccionadas de la realidad china más atractiva. Un contraste calculado: férreo control en casa, relato muy seductor en el exterior.