El acuerdo entre la República Islámica y Estados Unidos no esconde las tensiones internas previas al conflicto bélico
Un hombre se sitúa frente a los restos de un edificio derrumbado.Afp
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Cuando el comandante de la Policía Nacional iraní compareció ante los medios el 18 de mayo, no habló de bajas militares ni de posiciones en el frente. Habló de miles de detenidos en el interior del país, acusados de vínculos con el enemigo. Esa rueda de prensa resume mejor que ningún parte de guerra lo que esta guerra ha hecho dentro de Irán.
Mientras la comunidad internacional debate el programa nuclear y el nuevo equilibrio regional, en el interior del país se ha consolidado otra realidad. Durante los 40 días que duró la guerra y en las semanas posteriores, 38 presos políticos fueron ejecutados, según datos de la Organización de Derechos Humanos de Irán. Según una rueda de prensa del comandante de la Policía Nacional iraní recogida por el diario Shargh el 18 de mayo, más de 6.500 personas fueron detenidas bajo la acusación de mantener vínculos con el enemigo, en lo que el régimen denomina "la tercera guerra impuesta". Durante cerca de 87 días, los ciudadanos sufrieron severas restricciones de acceso a internet, según datos de NetBlocks. Incluso tras el fin de las hostilidades, una parte de esas restricciones continúa.
La pregunta que merece atención no es si el acuerdo de paz reduce el riesgo de una nueva escalada regional. La pregunta es esta: ¿qué ocurre cuando una guerra exterior termina reforzando a un régimen que ya afrontaba una profunda crisis de legitimidad interna?
En la literatura de ciencias políticas existe un concepto para describir situaciones de este tipo: la "oportunidad de autoridad". Son momentos en los que una crisis externa permite ampliar los instrumentos de control, reducir los costes políticos de la represión y neutralizar parte de la presión interna. Observado desde esta perspectiva, el conflicto no ha sido únicamente un enfrentamiento exterior. Lo más significativo ha sido la transferencia progresiva de la lógica bélica al interior de la sociedad.
Antes de la guerra, el debate público giraba en torno a la inflación, la corrupción, el desempleo y las restricciones sociales. Las protestas de enero de 2026 mostraron hasta qué punto el malestar acumulado tras el movimiento Mujer, Vida, Libertad seguía vivo en amplios sectores de la sociedad. La guerra no eliminó esos problemas. Simplemente desplazó la atención hacia la seguridad y la supervivencia.
La consecuencia más importante ha sido el aumento de la capacidad represiva. En tiempos de guerra, la frontera entre el enemigo exterior y el crítico interno se vuelve más difusa. La protesta o la disidencia pueden presentarse con mayor facilidad como amenazas contra la seguridad nacional, ampliando el margen para medidas que en condiciones normales encontrarían resistencia social o coste político.
Las 38 ejecuciones de presos políticos no deben leerse únicamente como sanciones judiciales. Son mensajes políticos. Su objetivo no es solo castigar a determinados opositores: es recordar permanentemente al conjunto de la sociedad cuál es el coste de la disidencia. En una sociedad cuya memoria colectiva conserva viva la experiencia de represiones anteriores, ese recordatorio ejerce un efecto disuasorio que va mucho más allá de las personas ejecutadas.
La detención de más de 6.500 personas tampoco es simplemente una operación de seguridad. Es la expresión de una ampliación del perímetro de intervención del Estado en el espacio público. El corte de internet durante 87 días forma parte del mismo proceso: cuanto más difícil resulta acceder a información independiente, más complicado se vuelve articular relatos alternativos y organizar respuestas colectivas.
Esta dinámica no es nueva en Irán. La utilización de amenazas exteriores para ampliar el margen de actuación de las estructuras de seguridad ha aparecido en distintos momentos de la historia de la República Islámica. Lo que distingue el momento actual es la facilidad con la que la guerra ha permitido presentar medidas excepcionales como necesidades permanentes de seguridad.
Pero la fuente de poder que abre una guerra tiene una naturaleza inestable. El aumento de la represión puede generar miedo durante un tiempo. No elimina el descontento. Las presiones económicas derivadas del conflicto —la caída de la inversión, la inflación, el deterioro del bienestar— siguen alimentando el malestar acumulado. Y mantener niveles elevados de control social exige recursos que el régimen no tiene en abundancia.
Las verdaderas consecuencias políticas de esta guerra no se medirán únicamente en términos de fronteras, acuerdos o equilibrios regionales. Habrá que buscarlas también dentro de Irán.
El acuerdo puede haber reducido el riesgo de una nueva confrontación regional. No ha resuelto los problemas que pusieron en cuestión la legitimidad del régimen antes de la guerra. Y lo que existía antes sigue ahí, más presionado y con menos espacio para expresarse.
La cuestión no es si esas tensiones siguen existiendo. La cuestión es cuándo y de qué forma volverán a manifestarse.
*Ryma Sheermohammadi es una analista sociopolítica especializada en Irán y Oriente Próximo