En las últimas semanas los tribunales han vuelto a convertirse en el principal problema para el Gobierno de Donald Trump. La atención mediática en EEUU está centrada en la guerra de Irán, la inflación o las celebraciones del 250º aniversario del país, pero más de una decena de órdenes, sentencias y decisiones han marcado el ritmo político. Es una acumulación de reveses muy importantes para la Administración a menos de cinco meses de las elecciones legislativas. No todos son definitivos, pues hay medidas cautelares o bloqueos temporales, como a la negativa a conceder permisos para parques eólicos y solares en terrenos federales, pero ilustran hasta qué punto los tribunales federales siguen siendo casi el único freno institucional a la agenda presidencial.

La Administración afronta en los próximos meses una serie de batallas judiciales, algunas ante el Tribunal Supremo, que determinarán el alcance real de su poder. La más importante afecta a las políticas de inmigración, asilo y deportaciones, donde los tribunales deben decidir hasta qué punto el presidente puede actuar de forma unilateral invocando razones de seguridad nacional o retirar incluso la nacionalidad de quienes hayan nacido en EEUU pero sean hijos de personas sin papeles. También, está en juego su capacidad para utilizar fondos federales como herramienta de presión sobre estados y ciudades, condicionando subvenciones y ayudas a la adopción de determinadas políticas. O su fuerza para seguir adelante con su proyecto estrella: una sala de baile con un búnker gigantesco en la mismísima Casa Blanca.

Si los tribunales fueron decisivos en sus primeros seis meses, llevando al límite las costuras institucionales y provocando un embrión de crisis constitucional, ahora vuelven a serlo. Ha tenido algunas victorias importantes, por ejemplo en materia de rediseño de distritos. Pero las decisiones en contra de estos días afectan a todo, desde grandes cuestiones políticas hasta los caprichos del líder. Así, por ejemplo, un juez anuló la decisión de la junta (nombrada a dedo por Trump al llegar al poder) del Kennedy Center de Washington, la institución cultural por excelencia, que aprobó un cambio de nombre para incluir el del presidente en el mausoleo de JFK.

Furioso, Trump, que quería, además, cerrar el centro durante dos años para acometer unas obras de remodelación (que enmascararían la brutal caída de ingresos y asistencia de público desde la colonización personalista de la institución), dijo que renunciaba a la gestión del Kennedy Center y que le pasaba el testigo al Congreso.

Otro juez, igualmente, está amenazando la celebración este domingo de un gran evento de la UFC, una serie de combates de artes marciales mixtas con el español Ilia Topuria, que coincide con el cumpleaños de Trump. El grupo que ha acudido al tribunal sostiene que la administración ha violado numerosas leyes federales de construcción, medioambiente y permisos para acomodar "un evento deportivo comercial privado profundamente corrupto", maquillado como "celebración patriótica", dando a la empresa de un amigo de Trump, Dana White, un acceso inédito a la Casa Blanca y al Lincoln Memorial, con unas obras más que llamativas en los jardines oficiales.

A principios de mes, otra jueza federal bloqueó el intento del Ejecutivo de establecer un fondo dotado con 1.800 millones de dólares para indemnizar a los aliados de Trump, a quienes afirman haber sido víctimas de la instrumentalización del Departamento de Justicia por las anteriores administraciones demócratas. La magistrada Leonie Brinkemaparó el proceso para garantizar que no se desembolsaran fondos de forma irreversible antes de que se resolviera la batalla legal. La administración, constatando que no contaba con apoyo suficiente en el Congreso y que los estadounidenses no entendían que pudieran enriquecerse quienes asaltaron el Capitolio, usó la orden para dar marcha atrás con la idea. Al menos de momento.

El año pasado, después de que un afgano matara a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, la administración suspendió indefinidamente la tramitación de solicitudes de asilo y congeló las solicitudes de inmigración de las personas afectadas por la prohibición de viajar, dejando a millones de inmigrantes en Estados Unidos en un limbo legal. El pasado viernes, el juez John J. McConnell Jr. anuló una parte de esas políticas, diciendo que "han paralizado la vida de innumerables personas, simplemente por el hecho de ser originarias de su país (...) Más de seis meses después, muchas de estas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna posibilidad real de planificar su futuro".

En un duro texto, el magistrado cree que el Gobierno "reclama autoridad legal y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin tener en cuenta los intereses de confianza de los solicitantes que debe considerar; y justifica sus acciones con pretextos de 'seguridad nacional' que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido permitir que influyan en su toma de decisiones. En términos legales, esto significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas", zanjó, instando a reactivar los procesos de asilo.

El mismo viernes, día nefasto para la administración, el juez de distrito Myong Joun detuvo el intento del Ejecutivo de obligar a los estados a cumplir con una serie de condiciones para recibir miles de millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). El tribunal aprobó una orden preliminar atendiendo a la demanda de 20 estados demócratas que han impugnado las nuevas condiciones para obtener fondos del SNAP. Entre ellas se encuentran restricciones relacionadas con la "ideología de género", la "inmigración" y la "igualdad de oportunidades deportivas" para mujeres y niñas. En su demanda, los estados denuncian que el Departamento de Agricultura ha impuesto obstáculos inconstitucionales e ilegales, poniendo en peligro el apoyo nutricional esencial, la investigación agrícola vital y la seguridad de la cadena alimentaria nacional y de las comunidades.

Otro ejemplo importante: el juez de distrito Leo Sorokin, en Boston, falló este lunes que la tasa anual de 100.000 dólares impuesta por Donald Trump a las solicitudes de visado H-1B, una forma de intentar que las empresas dejen de contratar personal extranjero altamente cualificado para contratar talento nacional, es un impuesto ilegal que viola la ley federal y la Constitución, dando la razón a los 20 fiscales generales estatales que la impugnaron. Sorokin sostiene que la medida es en realidad un impuesto y no una restricción regulatoria, y que sólo el Congreso, y no el presidente, puede recaudarlo.

Si la inmigración ha sido siempre la gran obsesión de Trump, las cuestiones de género van justo después. Arremete una y otra vez contra las transiciones o la participación de "hombres en deportes de mujeres". En un fallo emitido el domingo, el juez Royce C. Lamberth aprobó una orden preliminar que prohíbe a la Oficina de Prisiones implementar una orden ejecutiva del presidente que supondría trasladar a 14 mujeres transgénero que cumplen condena en cárceles femeninas. Las afectadas afirman que dicha política las expondría a violencia o riesgo de agresión sexual. La orden impone que sigan en su ubicación actual en prisiones femeninas y centros de reinserción social mientras el caso continúa, considerando que las 14 habían demostrado que es probable que sus demandas prosperen y que, de no obtener una resolución favorable, sufrirían un daño inminente e irreparable.