Actualizado Viernes, 19 junio 2026 - 20:10

Venezuela se asoma a una transición que no ha empezado, pese a las expectativas creadas con el "primer paso" que ha supuesto el momento que recoge una fotografía histórica: Jorge Rodríguez, cabecilla de la actual Asamblea Nacional (AN) y todopoderoso hermano de Delcy, la presidenta encargada, sentado por orden de Washington junto a Dinorah Figuera, presidenta de la AN de 2015. Como si ambos fueran primus inter pares.

Hasta el pasado diciembre, cuando Nicolás Maduro usurpaba el Palacio de Miraflores, la dirigente opositora exiliada en España era apenas una mujer "que no respetaba su nacionalidad", una de las principales responsables "del gigantesco robo de Citgo [filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA)]". Por eso el propio Rodríguez exigió que le quitaran la nacionalidad a una política perseguida, amenazada y vilipendiada de forma desproporcionada durante siete años.

Del primer encuentro salió la conformación de una "mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos", divagó el chavismo reciclado en su resumen de una jornada que ha vuelto a demostrar quién manda hoy en Caracas. Según han adelantado fuentes opositoras a EL MUNDO, la semana que viene proseguirán los encuentros entre seis diputados opositores de la antigua AN, entre ellos Ramón López y Marco Aurelio Quiñones, y seis técnicos, con la idea de acercar posturas en cuanto a la "reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la garantía para las libertades cívicas", según aireó el Departamento de Estado.

El primer obstáculo por librar es la constitución definitiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en especial sus salas electoral y constitucional, que durante una década y media ha perseguido con saña a partidos y dirigentes de la oposición. La primera intención del chavismo trumpista era la de sustituir a los magistrados maduristas (bajo control de la primera combatiente revolucionaria, Cilia Flores, ahora en una celda de Nueva York) por jueces de confianza de los hermanos Rodríguez.

La orden de Estados Unidos es que sea un Supremo más paritario, algo en lo que John Barret, jefe diplomático estadounidense en Caracas, es todo un experto: en su periplo en Guatemala, el encargado de Negocios fue acusado de injerencista por sus presiones durante la elección de la Corte Constitucional.

Después le tocará el turno a la renovación del CNE, encabezado todavía por Elvis Amoroso, que ha pasado a la Historia como el dirigente chavista que llevó a cabo el mayor fraude electoral conocido en las Américas. Una vez elegidos cinco rectores "probos", como manda la Constitución, se pasaría a la fase final: el cronograma para unas elecciones, que distintas fuentes consultadas por este periódico sitúan en el segundo semestre de 2027.

En busca de una supuesta legitimidad, Washington ha sentado juntos a quien califica como Gobierno interino y a la presidenta de la AN de 2015, "la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente". Una doble institucionalidad cogida por los pelos: por el lado chavista, es de sobra conocido el fraude orquestado en las presidenciales y en las elecciones parlamentarias del año pasado; por el lado opositor, la legitimidad de un Parlamento elegido hace 11 años, prorrogado desde 2020 en medio del desafío de la presidencia encargada de Juan Guaidó contra Maduro, está en cuestionamiento constante. De hecho, se había convertido en un ente sin influencia que se reunía a través de Zoom y con unos diputados que incluso habían prescindido, en su mayoría, de esa denominación.

Figuera, que pertenece al partido centrista Primero Justicia (PJ), ha permanecido en el exilio durante ocho años. La elegida por Washington accedió a la presidencia de la AN en enero de 2023, tras protagonizar un exilio muy duro en España, donde pese a ser cirujana se vio obligada a cuidar a ancianos y a vivir en pisos compartidos.

Lo más llamativo de la decisión estadounidense es la ausencia de María Corina Machado en este movimiento político trascendental, pese a que el acuerdo alcanzado en el seno de la oposición democrática en Panamá le atribuía el papel de "conductora del proceso democrático".

"¿Qué es lo que está pasando? Hay un liderazgo en el país y de la oposición en el país que indudablemente es María Corina Machado. Pero cuando ellos [Washington] hablan del camino institucional es porque quieren que nosotros constituyamos un CNE creíble y confiable que le sirva a Machado y a cualquier aspirante, ya sea del oficialismo o independiente. Eso es lo correcto políticamente", resumió ayer Figuera en entrevista radiofónica.

"Este avance marca un hito institucional. No le corresponde a María Corina, que ya adelantó que será candidata, sentarse a definir el nuevo CNE", explica a EL MUNDO el experto Alfredo Yánez.

Una vez acabada la primera fase programada por Estados Unidos, marcada por la captura de Maduro y la imposición de la estabilidad, la segunda fase se encuentra todavía en vigencia: la recuperación económica y la reconciliación social y política.

Algunos han querido ver lo ocurrido el jueves en Caracas como el banderazo de salida para la fase tres, que el Departamento de Estado define como la transición democrática y la celebración de unas elecciones libres y justas. Pero la cocción lenta elegida por Washington adelanta muchos meses hasta llegar a la constitución del CNE, que se cree estaría trabajando en diciembre.

Todo ello sucede cuando el 87% del país apuesta por elecciones presidenciales este mismo año y con una presidenta encargada de capa caída: la desaprobación de Delcy se situó en el 59% en mayo.

"Me cuesta ver lo que está ocurriendo como el inicio de la fase tres en Venezuela, lo veo más como la consolidación de una fase dos que busca la estabilidad en términos económicos y energéticos, para fortalecer así la parte de las finanzas y los negocios en Venezuela. El inicio de la fase tres significaría, además, que comiencen a correr plazos de tiempo en la parte electoral, algo que no ha sucedido", precisa a EL MUNDO el analista político Miguel Velarde.