El endurecimiento que Europa va a llevar a cabo de la política migratoria ha generado muchísima polarización, y el Partido Socialista avisa incluso que dará lugar a un modelo similar al ICE de EEUU. Pero la elección de los países es muy clara: más control

La Unión Europea va a endurecer de manera muy notable su política migratoria. En la noche del martes, los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo (los países) dieron un paso vital para aprobar una nueva normativa que, entre otros aspectos, incluye la creación de centros de retorno fuera de la UE. Algo muy similar a los centros Meloni, y a donde se enviarán a los migrantes que no puedan permanecer en territorio europeo como paso previo a sus países de origen.

Uno de los objetivos principales de esta medida es elevar el nivel de cumplimiento de las órdenes de devolución, que actualmente está por debajo del 30% de un total de casi 500.000 personas que han recibido una orden de expulsión. El establecimiento de estos centros se realizará en lo que se denomina como "terceros países seguros", naciones que están fuera de las fronteras de la UE y en las que "se respetan los derechos humanos", según sostienen fuentes conocedoras de los trabajos de negociación y aprobación del texto. Y aquí se incluye un punto relevante: las familias con menores podrán ser enviadas a estos puntos, algo que en cambio no ocurrirá con los menores no acompañados.

Los países firmarán acuerdos con esas naciones que todavía no están cerrados pero de los que ya han empezado a circular algunos nombres por Bruselas: Kazajistán, Uzbekistán o incluso Afganistán. Sobre este último, sin embargo, hay cierta polémica y discusión en función de a quién se le pregunte. Que es, básicamente, lo que ocurre con el conjunto del texto.

Desde la derecha, que ha impulsado la norma junto con la extrema derecha, apuntan que Afganistán pudo aparecer en algún borrador pero que no es una opción real. La izquierda, en cambio, dice lo contrario. Y lo mismo ocurre con los derechos que otorga la nueva normativa en materia de registro de "lugares de residencia y locales", que según el propio Partido Socialista Europeo (PSE) dará lugar a un modelo similar al del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Esta comparativa se antoja un tanto excesiva porque, principalmente, se seguirán necesitando órdenes para entrar en las viviendas. Y, además, Europa no es exactamente lo mismo que Estados Unidos. Pero, en cualquier caso, las diferentes interpretaciones que sobre un mismo texto hacen las diferentes fuerzas evidencian la polarización que rodea a la norma.

O, al menos, eso ocurre en el Parlamento Europeo. Porque si se observa al Consejo, la realidad es que la inmensa mayoría está a favor de este endurecimiento de la ley. Hace ya meses que pidieron "soluciones innovadoras" a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya en 2024, y la alta funcionaria alemana se inspiró en el mencionado modelo Meloni.

Desde entonces, la nueva normativa migratoria ha ido avanzando por el farragoso proceso europeo de aprobación de leyes y ya sólo faltan dos pasos para que entre en vigor: que el pleno del Parlamento y el Consejo lo aprueben. En este segundo paso, España volverá a poner de manifiesto su rechazo total a la actuación. De hecho, es el único país que se ha mostrado claramente en contra. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha quedado totalmente solo también en esta materia. El resto de Estados miembros han apoyado con entusiasmo la actuación o han preferido mantener una posición discreta.

Y desde la propia Comisión Europea la posición es también muy clara y muy favorable a lo acordado. "El acuerdo de hoy demuestra que estamos poniendo en orden nuestra casa europea. Con las nuevas normas, tenemos mayor control sobre quién puede venir a la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse. Esto es lo que los ciudadanos esperan y esto es lo que estamos logrando", aseguró el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.

Europa giró hace tiempo a la derecha e incluso a posiciones extremistas, y los ciudadanos dieron sus votos a formaciones que apostaban por políticas migratorias mucho más duras. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir.