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El Consejo de Europa ha alertado de cómo las mafias están reclutando cada vez más menores en redes sociales y videojuegos para actividades en las que, por su edad, pueden pasar más desapercibidos, como el tráfico de drogas o los fraudes.
Así se recoge en el 15º informe general del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos (Greta) del Consejo de Europa, correspondiente a la actividad de 2025. Este balance dedica un apartado a cómo las redes criminales están usando cada vez más niños, en particular varones, para actividades vinculadas al narcotráfico, el blanqueo de capitales, el fraude documental y la ciberdelincuencia.
El documento apunta que "el reclutamiento de menores para la delincuencia organizada y grave se ha convertido cada vez más en una táctica utilizada por las redes criminales para evitar la detección, la investigación y el enjuiciamiento".
A menudo, los menores son atraídos a la delincuencia organizada "con la promesa de beneficios económicos, estatus social, un estilo de vida privilegiado o un sentido de pertenencia". El reclutamiento de víctimas de "explotación criminal" suele iniciarse "mediante anuncios de servicios, sitios de juegos y redes sociales".
Así, los delincuentes simulan "escenas de opulencia y proyectar una imagen de lujo para atraer a jóvenes y prepararlos para participar en actividades delictivas y reclutar a otros". Luego extorsionan a sus víctimas utilizando "imágenes comprometedoras" o "las inducen al consumo de drogas, obligándolas así a contraer deudas". El Greta destaca que, una vez que los jóvenes interactúan con estas cuentas en redes sociales, "la comunicación se traslada a un entorno de mensajería encriptada de extremo a extremo, lo que permite a los perpetradores controlar a las víctimas a distancia".
Asimismo, el documento menciona los centros de ciberestafas, a los que las víctimas son atraídas con falsas ofertas de trabajo y obligadas a cometer fraudes en línea. Cita los casos detectados en Croacia, Montenegro y Eslovenia, donde decenas de personas captadas en Taiwán fueron retenidas en viviendas alquiladas para estafar telefónicamente a ciudadanos chinos.
También destaca el fenómeno británico de las 'county lines', redes criminales que utilizan a menores y adultos vulnerables para transportar y almacenar droga y dinero mediante coacción, intimidación y violencia. En el Reino Unido, un tercio de las posibles víctimas de las 'county lines' entre 2021 y 2024 sufrió explotación criminal.
Ante esta realidad, el grupo de expertos reclama la aplicación efectiva del principio de no punición, recogido en el artículo 26 del Convenio Europeo contra la Trata, que permite no imponer penas a las víctimas por los delitos que fueron obligadas a cometer durante su explotación.
Greta advierte de que la falta de identificación temprana provoca que muchas víctimas sean detenidas, procesadas, encarceladas o deportadas, lo que constituye una victimización secundaria, y reclama formación específica para policías, fiscales y jueces, así como medidas de detección en prisiones y centros de internamiento de extranjeros.
EXAMEN A ESPAÑA
Además, el informe recoge el calendario de la cuarta ronda de evaluación del convenio, según el cual España recibió la visita del grupo de expertos entre enero y marzo de 2026. El informe final sobre el país se adoptará en la 58ª reunión de Greta, prevista para noviembre de este año.
Esta ronda de evaluación se centra en las vulnerabilidades ante la trata y examina las medidas adoptadas respecto a menores, personas con discapacidad, minorías desfavorecidas, trabajadores migrantes, solicitantes de asilo y personas Lgtbi, además de la dimensión de género de este fenómeno.
Durante 2025, las autoridades españolas presentaron un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de las Partes del convenio, que lo examinó en su 37ª reunión, celebrada el 18 de diciembre en Estrasburgo. España figura, además, entre los 22 Estados con una disposición legal específica de no punición de las víctimas.
El documento subraya que 2025 marcó el 20º aniversario de la apertura a la firma del Convenio del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos, ratificado por los 46 Estados miembros de la organización paneuropea, a los que se suman Bielorrusia e Israel como países no miembros.
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