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Mejor que la sudafricana de Nelson Mandela y que la espa�ola de la Transici�n. Delcy Rodr�guez anunci� el jueves que ha decidido fulminar la Ley de Amnist�a, pese a que "ha salido muy bien", s�lo dos meses y una semana despu�s de ponerla en marcha bajo presi�n estadounidense. Y lo hizo pese a que sus supuestos efectos la situar�an por encima de sus precedentes hist�ricos, que abren esta cr�nica, en un malabarismo pol�tico imposible que tanto caracteriz� a Nicol�s Maduro.
La sorprendente decisi�n del chavismo reciclado se produce cuando todav�a permanecen en las mazmorras chavistas 473 prisioneros pol�ticos, seg�n las investigaciones del Foro Penal (FP). Entre ellos destacan seis hispanovenezolanos, incluidos el preso hist�rico Jorge Alayeto (desde 2018); dos mujeres, Mar�a Auxiliadora Delgado Taborsky (2019) y Karen Hern�ndez (2020); y el estudiante Fernando Noya (2020), prisionero en la infernal prisi�n del Rodeo 1.
Como m�nimo otros 3.000 procesados o con medidas judiciales cautelares quedar�an a la intemperie o en manos de la impunidad y arbitrariedad del sistema chavista de justicia. Seg�n el FP, de las 700 excarcelaciones llevadas a cabo desde enero s�lo la cuarta parte habr�an ocurrido como consecuencia de la pol�mica legislaci�n expr�s.
"Esta Ley de Amnist�a llega a su fin", anunci� con solemnidad la presidenta encargada del gobierno de facto de Venezuela, en una apuesta evidente por otros mecanismos que ella controla directamente. Una vida muy corta para una ley muy pol�mica, cuya acta de defunci�n lleg� s�lo horas despu�s de que el nuevo representante diplom�tico estadounidense, John Barrett, pisara suelo venezolano. El nuevo encargado de negocios tiene el encargo del Departamento de Estado de encabezar los intereses estadounidenses en la segunda fase de la hoja de ruta impuesta por Washington, caracterizada por la recuperaci�n del pa�s y la reconciliaci�n pol�tica. Muy lejos aparece todav�a la fase definitiva, de la transici�n democr�tica, que estar�a marcada por unas elecciones libres, la gran apuesta de la oposici�n democr�tica.
"Desde el punto de vista jur�dico llama la atenci�n que sea la propia presidenta la que establezca una caducidad a la ley que no la tiene, en una incursi�n dentro de la separaci�n de poderes que no corresponde al Ejecutivo. En cualquier caso ser�a la Asamblea Nacional la que tendr�a que reformar la ley o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anularla", precis� para EL MUNDO Alfredo Romero, presidente del FP.
La estrategia del chavismo 3.0 pasa ahora por dirigir los casos pendientes, sobre todo de militares y de personas condenadas por su supuesta complicidad en casos emblem�ticos para la revoluci�n (el atentado de los drones, la operaci�n Gede�n o el asalto al cuartel Paramacay) al Programa de Convivencia Democr�tica y Paz o a la nueva arquitectura judicial, donde ha iniciado un proceso para sustituir a jueces maduristas con los m�s cercanos a la nueva c�pula chavista.
"Desde el punto de vista pol�tico, no sabemos exactamente qu� se busca, porque hay personas que todav�a se pueden beneficiar por la ley, que incluso estar�an dentro de ese marco selectivo, tambi�n para exiliados fuera del pa�s. Pareciera que se culmina un proceso pol�tico y no en beneficio de la v�ctima. Ahora ser�a la propia Delcy la que decida cu�les son los casos para excarcelar entre los 473 presos pol�ticos que quedan. Es un mensaje claro para todos ellos y para los que tienen medidas cautelares, como Perkins Rocha (abogado de Mar�a Corina Machado y experto jur�dico de la oposici�n, con grilletes electr�nicos en sus tobillos y con polic�as vigilando su hogar)", a�adi� Romero a este peri�dico.
"Fue una ley chucuta (deficiente y tramposa). La aplicaron discrecionalmente y la desaparecen arbitrariamente. Delcy Rodr�guez entierra la Ley de Amnist�a, que fue aplicada caprichosamente y de manera impropia por los operadores de la dictadura", sentenci� Andr�s Vel�squez, l�der de La Causa R y miembro de la c�pula pol�tica de la Plataforma Unitaria que encabeza Mar�a Corina Machado.
Quien m�s sorna emple� para criticar el entierro precipitado de una ley que Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, principal aliado internacional de los hermanos Rodr�guez, defendi� como un "hito" para la reconciliaci�n y la esperanza fue Andr�s Izarra, exministro de Hugo Ch�vez y duro disidente del madurismo: "Canjean la Ley de Amnist�a por perd�n presidencial para lavarle la cara a Delcy presidenta de los cr�menes de Delcy vicepresidenta".
Fue el propio Donald Trump quien orden� el desmantelamiento de la c�rcel del Helicoide, "una c�mara de tortura en pleno centro de Caracas", la prisi�n m�s emblem�tica del aparato represivo bolivariano, transcurridos tres d�as de la captura de Maduro. Se trataba del primer mensaje dirigido al chavismo reciclado para poner en marcha la liberaci�n de los prisioneros pol�ticos. Transcurridos tres meses y medio, y pese al anuncio gubernamental de que se convertir� en un centro c�vico, el Helicoide mantiene en sus mazmorras a varias decenas de presos pol�ticos.
Entre las v�ctimas m�s evidentes de la estrategia revolucionaria permanecen los 185 militares encarcelados sin pruebas en su mayor�a. Uno de los casos m�s flagrantes es el de los paracaidistas capturados hace nueve a�os, vinculados al general Ra�l Isa�as Baduel, y que han permanecido esos nueve a�os "privados de libertad, sin juicio, sin condena, sin debido proceso y sin defensa, cuando en Venezuela la prisi�n preventiva no puede superar los tres a�os", aire� Romero.
La primera audiencia contra los paracaidistas est� prevista para la semana que viene. El general Baduel, que fue ministro de Defensa y salv� la cabeza de Hugo Ch�vez durante el golpe de 2002, acab� en la c�rcel en 2009 por orden de su compadre (el comandante supremo) al apostar por la v�a constitucional ante la deriva autoritaria del chavismo. Maduro prolong� de forma ilegal su estancia en prisi�n, bajo condiciones inhumanas, temeroso de su liderazgo dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta su muerte en 2021.
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