A primera hora el calor cae como una s�bana h�meda sobre las hamacas vac�as de la playa. Un perro duerme debajo de la mesa de madera oscura de un quiosco con los techos de nipa resecos por el sol. Junto a unas sillas de pl�stico apiladas se alza una figura de cart�n de casi dos metros, vestida con bata blanca de m�dico. Es el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, de cuerpo entero, con un estetoscopio colgado al cuello, vigilando la playa como un santo patrono del orden p�blico. Su rostro conserva esa media sonrisa con la que durante a�os amenaz� a narcotraficantes, brome� sobre asesinatos cometidos en su nombre y prometi� seguridad a un pa�s agotado por la pobreza. En la base del cartel, con letras azules y rojas que todav�a resisten la humedad marina, se lee en ingl�s: "Estamos a salvo y protegidos".

En Bohol, una isla filipina de arena blanca y cocoteros inclinados por el viento, Duterte sigue apareciendo en playas, comedores, barber�as, tiendas de tel�fonos m�viles y autobuses desvencijados como si nunca hubiera abandonado el poder. O como si ahora no estuviera sentado en el banquillo de La Haya, acusado de cr�menes de lesa humanidad. Su rostro contin�a pegado a la vida cotidiana filipina con la persistencia de los iconos religiosos. Comparte espacio con v�rgenes, gallos de pelea y anuncios de cerveza.

"Duterte era un l�der fuerte. Todo lo que hizo, empezando por su famosa guerra contra las drogas, fue por la seguridad del pa�s y para proteger a la gente honrada de los criminales. Era la �nica forma de restaurar el orden en los barrios. Otros gobiernos fueron d�biles; �l hizo lo que hab�a que hacer". La defensa cerrada del ex presidente la pronuncia un antiguo polic�a que asegura haber formado parte de los llamados escuadrones de la muerte durante el Gobierno de Duterte. El hombre se presenta como Juanito.

En Bohol, que est� a dos horas en ferry de Ceb�, Juanito trabaja ahora como jefe de seguridad de un resort junto a la playa. Ronda los 50 a�os, habla un ingl�s fluido y no esquiva la pregunta sobre si particip� en las ejecuciones sumarias que se multiplicaron por todo el pa�s durante la guerra contra las drogas, investigadas incluso por la propia justicia filipina. "En defensa propia, yo mismo dispar� contra narcotraficantes. �bamos en grupos de ocho o nueve, vestidos de civiles, recorriendo por las noches los barrios m�s problem�ticos de la provincia de Ceb�. Los criminales tambi�n iban armados. Eran ellos o nosotros", relata.

Retrocedamos a 2016. "Olv�dense de los derechos humanos. Ustedes, traficantes de drogas, asaltantes y holgazanes, m�s vale que se vayan porque los voy a matar", lanz� Duterte en una entrevista poco antes de unas elecciones generales que gan� de forma aplastante bajo la promesa de extender a todo el pa�s la sangrienta campa�a antidroga que hab�a aplicado durante m�s de dos d�cadas como alcalde de Davao, la tercera ciudad m�s grande de Filipinas.

Cumpli� su palabra. Algunos cad�veres comenzaron a aparecer flotando en los r�os. Otros quedaban tirados en callejones, con las manos atadas, el rostro cubierto con cinta adhesiva y un cartel de cart�n colgado al cuello: "Soy drogadicto".

A la sombra de aquella orden presidencial prosperaron sicarios y organizaciones criminales que aprovecharon la cacer�a para ajustar cuentas personales. Con el paso de los a�os, investigaciones oficiales y testimonios de antiguos agentes han destapado decenas de montajes policiales: armas colocadas junto a los cuerpos, paquetes de droga sembrados en la escena del crimen y versiones calcadas que repet�an que el sospechoso hab�a disparado primero. Oficialmente, la guerra contra las drogas dej� m�s de 6.000 muertos. Organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 30.000.

Duterte, hoy de 81 a�os, fue detenido el a�o pasado en el aeropuerto de Manila y trasladado a La Haya, donde ser� juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI). "Duterte cre�, financi� y arm� escuadrones de la muerte para asesinar a presuntos traficantes y consumidores de narc�ticos entre 2016 y 2022", sostienen los fiscales del tribunal. La semana pasada, la CPI confirm� que el ex mandatario afrontar� juicio por tres cargos de cr�menes de lesa humanidad.

"En muchos barrios marginales de Manila o Ceb� la gente dorm�a aterrorizada. Todas las semanas recog�amos cad�veres de ni�os enganchados al shabu", dice Juanito, citando el nombre local de la metanfetamina cristalina. "Nunca matamos a ning�n inocente", insiste, aunque evita explicar c�mo funcionaban exactamente las redadas de su escuadr�n.

Otros polic�as de unidades antidroga, citados en informes de Amnist�a Internacional, confesaron haber recibido pagos por asesinar a presuntos narcotraficantes, recompensas que rondaban los 15.000 pesos filipinos (alrededor de 210 euros). Algunos aseguraron incluso que funerarias locales les pagaban por cada cad�ver entregado.

"La versi�n policial siempre dec�a que el sospechoso hab�a abierto fuego y que los agentes actuaron en defensa propia. Pero las familias hablaban de ejecuciones. En nuestras investigaciones descubrimos que, en la gran mayor�a de los casos, se trataba de asesinatos a sangre fr�a y que despu�s los polic�as colocaban armas y droga junto a los cuerpos", explica Peter Bouckaert, director de emergencias de Human Rights Watch.

Eso es precisamente lo que, seg�n todas las pruebas judiciales, ocurri� en el caso del espa�ol Diego Bello Lafuente, asesinado a tiros el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao. "Esperamos que el juicio por el asesinato de nuestro hijo termine pronto, a finales de este a�o, con una condena contundente contra los tres polic�as que lo mataron", afirma por tel�fono Pilar Lafuente, madre de Diego. Habla con este peri�dico en la misma semana en la que los forenses del Instituto Anat�mico Forense de Madrid, que practicaron la autopsia cuando el cuerpo fue repatriado a Espa�a, declararon ante el tribunal de Manila sobre las heridas de bala en la oreja, el pecho y el abdomen que apuntan a una ejecuci�n.

Pilar y su marido, Alberto Bello, han viajado varias veces a Filipinas para seguir el proceso. En una de las audiencias se encontraron cara a cara con los tres polic�as acusados del asesinato: el capit�n Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Pazo y Nido Boy Cort�s, encarcelados provisionalmente mientras son juzgados por asesinato, perjurio y falsificaci�n de pruebas.

Seg�n la versi�n de los agentes, Diego -que viv�a en Siargao desde 2017 y regentaba una discoteca junto a otros socios- era sospechoso de narcotr�fico. Aseguraron que, durante una operaci�n encubierta, el espa�ol sac� una pistola, dispar� primero e intent� escapar, oblig�ndolos a responder con fuego. Pero el Bur� Nacional de Investigaci�n (NBI), equivalente filipino a la Polic�a Judicial, desmont� ese relato.

Diego no portaba ning�n arma. Tampoco exist�a evidencia de que estuviera vinculado al narcotr�fico. Tras revisar la escena del crimen y escuchar decenas de testimonios, los fiscales concluyeron que todo hab�a sido un montaje policial. Incluso el informe bal�stico revel� manipulaciones en los casquillos recogidos y determin� que a Diego le dispararon "de arriba abajo", compatible con una ejecuci�n y no con un intercambio de disparos.

Los tres polic�as, despu�s de permanecer un a�o fugados, se entregaron en 2023. Pilar sostiene que el caso logr� avanzar gracias a la presi�n diplom�tica de Espa�a y de la Uni�n Europea, adem�s del trabajo de los investigadores del NBI, que desmontaron una a una las pruebas fabricadas por los agentes, incluida la inclusi�n del nombre de Diego en una supuesta lista de narcotraficantes.

"En todas las provincias ten�amos listas con vendedores de droga que causaban muchos problemas. �bamos a detenerlos y, si se resist�an con sus armas, como casi siempre ocurr�a, los abat�amos. No tengo remordimientos", insiste Juanito, sin aclarar c�mo acab� trabajando en la seguridad privada de un hotel en una isla paradis�aca. Hace dos a�os, el propio Duterte reconoci� ante el Senado que hab�a ordenado a sus agentes "incitar" a los sospechosos a resistirse para justificar los asesinatos.

En Ceb�, la provincia que Duterte lleg� a se�alar p�blicamente por "tener la mayor tasa de drogadicci�n del pa�s", muchas familias de v�ctimas se han agrupado en organizaciones que siguen reclamando justicia. Algunas madres guardan todav�a, dobladas en bolsas de pl�stico, las camisetas ensangrentadas de sus hijos. Otras conservan fotograf�as tomadas en morgues saturadas durante los a�os m�s duros de la campa�a. "Mi sobrino ten�a 17 a�os. Lo sacaron de casa de madrugada y apareci� muerto al d�a siguiente en un callej�n. La polic�a dijo que era traficante. Nunca encontraron nada. Ni droga, ni armas", cuenta Lorna, una vecina que participa en las vigilias organizadas por grupos cat�licos.

"Algunos vecinos aplaud�an las muertes porque pensaban que as� habr�a m�s seguridad. Pero los pobres eran los que acababan enterrando a sus hijos", cuenta otro vecino. El apoyo a Duterte contin�a siendo profundo en amplias capas de la sociedad. Muchos filipinos repiten que con el ex presidente las calles eran m�s seguras y que la delincuencia disminuy�. Su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta del pa�s, mantiene adem�s una enorme popularidad que preserva intacto el peso pol�tico del clan familiar. "Puede que fuera duro, pero hizo lo que nadie se atrev�a a hacer", resume un jubilado, mientras se�ala un calendario con la fotograf�a del ex mandatario colgado en la pared de una peque�a tienda.

De vuelta en Bohol al caer la noche, cuando el calor empieza a aflojar y el mar recupera un tono gris met�lico, la figura de cart�n de Duterte sigue plantada frente a una playa que se empieza a vaciar de nuevo. El personaje sigue siendo idolatrado por muchos filipinos. Para otros, es el recordatorio de unos a�os en los que la muerte se convirti� en pol�tica de Estado.