El 28 de abril de 2025, a las 12.33 horas de la mañana, el sistema eléctrico español dijo «basta». Tras una serie de acontecimientos que un año después no están del todo claros, y sin saber muy bien quién fue el culpable directo, la única realidad es que la red eléctrica dejó de funcionar. El Gobierno, tras aquel suceso, cambió la ley. Al menos, lo intentó en dos ocasiones. Fue a principios de noviembre cuando consiguió, finalmente, impulsar un real decreto «por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico». El RD 997/2025, cuya urgencia está llegando con más calma de la que necesita el sistema.Así lo reconocen diversos agentes del sector energético español consultados por este periódico. Existe el sentir unánime de que «su impacto práctico ha sido más limitado de lo esperado». De hecho, argumentan las fuentes que desde el Ministerio para la Transición Ecológica eran conscientes de que muchas normas son de largo recorrido y que, principalmente, el objetivo debe ser agilizar los plazos. Una situación que debía llevarse a cabo sí o sí.Sobre la fragilidad del sistema eléctrico eran conocedores el Gobierno, el operador del sistema (Red Eléctrica), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y todos los agentes del sector. Por ello, cuestiones como la gestión en los controles de tensión –principal tesis sobre el fallo del 28 de abril– se intentaba legislar desde hacía tiempo.Noticia relacionada general No No Hogares y empresas pagarían 8.800 millones más por su energía con el cierre de Almaraz Raúl MasaLo mismo sucedía con la entrada masiva de renovables en el sistema. Todos eran conscientes de que se necesitaba retocar algo, hacer ajustes. Bien por la parte económica, donde empezaban a saltar las alarmas sobre la señal de precios que otorgaban. Es decir, que dejaban de ser rentables al determinar precios a cero euros cuando producían electricidad; hasta los problemas que suponían para la infraestructura sobre sus características técnicas.Un ejemplo concreto tiene que ver con el almacenamiento. Bien sea a través de baterías, o con sistemas de bombeo hidráulico. Este punto era clave en el real decreto de noviembre. Sin embargo, algo no funciona. Fuentes del sector explican a ABC que la norma ha tenido un impacto «limitado» y, lo más importante, que el problema de plazos y burocracia no se ha terminado. Los dos años de gestión no los quita nadie.Poca transparenciaParadójicamente, una de las cuestiones que la norma antiapagones dejó al margen de todo fue el «modo reforzado» de Red Eléctrica para operar el sistema. Algo que no se sabe si será permanente, temporal, o hasta cuándo.«Es clave que la nueva regulación haga transparente el cálculo de los servicios de ajuste y audite e incentive el final de la 'operación reforzada', y permita además a las comercializadoras ofrecer flexibilidad con reglas claras de liquidación y requisitos técnicos proporcionados», señalan las fuentes. Lo que piden desde el sector es transparencia 'ex ante' en el traslado de costes del 'modo reforzado' a cargos o peajes; e incentivos para que las reglas premien la previsión y la flexibilidad contratada.Y la situación suma y sigue. Aseguran desde el sector energético que la norma «más que decepcionante, podría calificarse como un primer paso insuficiente». Una cuestión esencial es que la electrificación es la gran asignatura pendiente, «debe acelerarse a través de concursos de demanda», otra cuestión en el aire. En materia impositiva, recuerdan que debe suprimirse definitivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). «La suspensión durante el segundo trimestre de 2026 y la reducción del 10% en el primero (introducidas en el RDL 7/2026) son medidas útiles, pero insuficientes», concretan.Asimismo, recuerdan que la norma ofrece una «baja señal de precios para el control de tensión». Es decir, la señal de precio que se está dando actualmente a las plantas renovables para que se habiliten en el control de tensión y puedan proporcionar este servicio «es insuficiente», remarcan.