El PP ha defendido con éxito este martes su proposición de ley de vivienda , que contempla medidas para agilizar la actividad promotora, tumbar los límites al precio del alquiler o generar un marco legal para que los propietarios puedan desalojar con celeridad a sus inquilinos si dejan de pagar el alquiler . Con 178 votos a favor, 163 en contra y 6 abstenciones, los populares han logrado que el hemiciclo acepte tramitar la norma, que ya fue aprobada en el Senado, donde los populares tienen mayoría.El mismo día que el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan estatal de vivienda 2026-2030, los populares han logrado sacar adelante su propuesta con la que buscan revertir el enorme déficit de casas que hay en España. La hoja de ruta trazada es muy ambiciosa en cuanto al desarrollo urbanístico se refiere y propone dar fluidez a la burocracia que sufre el sector para levantar el millón de viviendas que el PP dice que hacen falta en España, Para ello aseguran que pondrán fin «a los abusos del retraso en la emisión de los informes sectoriales» para que no se paralicen los procedimientos y darán a las Delegaciones del Gobierno las facultades para que actúen como gestores de las solicitudes de los informes sectoriales preceptivos de competencia estatal para que se emitan en un plazo máximo de tres meses.Siguiendo esa línea de reducir al mínimo el papeleo, la propuesta popular también contempla conceder las licencias administrativas cuando no se limiten en plazo y limitar la nulidad por defectos formales de los planes generales urbanísticos para dar seguridad jurídica al planeamiento de los ayuntamientos, en un momento en el que decenas de ellos siguen invalidados.Noticia relacionada general No No Ayuso se pone a disposición de la campaña en Andalucía y Moreno no descarta invitarla a algún acto Mariano CallejaOtro de los platos fuertes de la propuesta del PP es el de acabar con las zonas de mercado tensionado que el Gobierno creó en la ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler, y que el partido de Alberto Núñez-Feijóo defiende que ha hundido la oferta de arrendamientos en los lugares que se aplica como es el caso de Cataluña .También «favorecida» por la misma norma, el PP dice que acabará con la inquiokupación para subir el umbral de lo que considera a un inquilino «vulnerable». «El umbral de vulnerabilidad es muy alto. Y si el impago obedeciera de verdad a causas sobrevenidas que sitúan al inquilino en situación de grave vulnerabilidad, debe recibir adecuada respuesta por parte de la administración pública, de forma coordinada entre servicios sociales y las agencias de vivienda social. Lo que no procede es hacer recaer sobre el propietario la responsabilidad que corresponde a los servicios públicos de atender, en su caso, a las familias en situación sobrevenida de grave vulnerabilidad», defienden.Buena acogida en el CongresoPor el momento, la proposición de ley del PP ha tenido una buena acogida entre los distintos grupos parlamentarios, entre ellos Junts y el PNV, quien dice apoyar todo lo relativo a evitar la nulidad 'en cascada' de planes urbanísticos. A favor de su tramitación han votado PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que ha recibido los votos en contra de PSOE, Sumar y otros socios de legislatura del Gobierno.La encargada de defender la iniciativa ha sido la 'popular' María Soledad Cruz-Guzmán, que durante su turno de intervención ha visto cómo miembros del Sindicato de Inquilinas han lanzado panfletos desde la tribuna de invitados reivindicando entre gritos bajar el precio de los alquileres, según EP.Centrándose en la propuesta del PP, Cruz-Guzmán ha apuntado que aunque la proposición de ley no es una «varita mágica» que resuelva de golpe el problema de la vivienda, sí se basa en la que considera la receta fundamental para empezar a terminar con el problema: «Más oferta en el menor tiempo posible».En esta línea, la diputada ha dicho que la ley busca avanzar hacia el objetivo de construir un millón de nuevas viviendas, reducir los tiempos para conseguir una licencia para construir nuevos pisos y poner fin al fenómeno de la 'inquiokupación' al habilitar juicios rápidos para bancos y fondos de inversión en casos de pisos 'okupados'.