A cuatro meses escasos de que venza el plazo establecido por la Comisión Europea para asignar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y con más de 30.000 millones de euros aún pendientes de recibir, la ansiedad por la resolución definitiva del mayor programa europeo de inversiones de la historia va en aumento. El PP acaba de registrar una propuesta legislativa en el Congreso para intentar dar carrete y sobre todo financiación más allá del próximo 31 de agosto a los proyectos impulsados desde las comunidades autónomas y los municipios que no hayan llegado a término pero que necesitan de respaldo financiero externo para cumplirse.Su propuesta insta al Gobierno a publicar lo antes posible un criterio interpretativo sobre los supuestos en que es posible reprogramar medidas del Plan de Recuperación hacia otros esquemas de ayudas o instrumentos financieros admitidos por Bruselas que permitan absorber la mayor cantidad de fondos posibles y evitar que se pierdan. A ese respecto considera urgente revisar todos aquellos proyectos que no se podrán culminar en la fecha marcada por la Comisión Europea para distinguir las que deban cerrarse o reprogramarse de las que deberían continuar recibiendo recursos, al objeto de no dejar en la estacada proyectos que puedan ser interesantes o beneficiosos por el simple hecho de no haberse rematado a tiempo.Noticia relacionada No No Devolución de ayudas no aprovechadas Hacienda revisará de nuevo proyectos inacabados de fondos europeos Bruno PérezLos populares sospechan que el Gobierno ya está haciendo este tipo de cosas con proyectos impulsados por el Estado, como algún programa de ayudas del IDAE cuyos plazos se han extendido hasta el año 2035 , y ha planteado una batería de preguntas parlamentarias para conocer entre otras cosas los motivos por los que esos esquemas extraordinarios de ayudas no se han planteado para comunidades autónomas y municipios.La presión sobre la ejecución de los fondos europeos por parte del PP va a ser total. De hecho se han registrado más de medio centenar de preguntas exigiendo explicaciones por su baja ejecución, el fracaso de la forma de gobernanza o las dudas sobre el proceso de reintegro regulado por el Ministerio de Hacienda.