Los empleados en España que cotizaron a la Seguridad Social por más de 40 años verán penalizada parte de su pensión si deciden jubilarse antes de la edad estipulada por el Gobierno. Así lo ha decidido el Congreso este jueves. Los votos de PSOE y PP han tumbado la propuesta de Podemos de eliminar la penalización económica en carreras de más de cuatro décadas de cotización.
En esa misma sesión, el Pleno ha dado luz verde a la reforma que permitirá a los colegiados mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA). Con ello, abogados, procuradores, arquitectos y otros trabajadores que durante años cotizaron a través de mutualidades alternativas mejorarán sus pensiones al transformar sus aportaciones privadas en años reconocidos dentro de la Seguridad Social.
La medida impulsada por el Gobierno nace para responder a una situación que durante años ha generado una creciente contestación entre distintos colectivos profesionales. Algunos mutualistas han denunciado que, tras décadas de aportaciones, las prestaciones que recibirán en la jubilación resultan muy inferiores a las pensiones públicas.
La razón es que este tipo de profesionales debía estar suscrito a un régimen de mutualidad que los diferentes cambios legales, sobre todo cuando en 2005 las mutualidades pasaron a ser un sistema de capitalización individual, se convirtieran prácticamente en planes de pensiones privados, haciendo que en determinados casos las pensiones quedaran por debajo de los 300 euros mensuales.
La Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (Anmarq), con más de 1.300 socios, denuncia que el 70% de estos cobra o calcula cobrar pensiones inferiores a 700 euros y más del 50% está por debajo de la pensión mínima no contributiva.
Para acabar con esa desigualdad, el Ejecutivo impulsó una reforma legal basada en una pasarela para transferir sus derechos acumulados al Régimen de Autónomos.
La medida que tras el visto bueno del Congreso, se encamina al Senado, ha sido aprobada con mejoras considerables respecto al texto original propuesto por el PSOE. Se amplía el perímetro de acceso y se elimina ciertos requisitos que dejaban fuera a buena parte de los afectados. De esta forma, la pasarela también incluirá a los mutualistas pasivos, es decir a pensionistas y aquellas personas que contaban con el periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social.
La reforma ahora tendrá que ser aprobada en el Senado, donde se esperan nueva modificaciones, lo que haría que volviera al Congreso para su aprobación previa a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Jubilarse de forma anticipada con más de 40 años de vida laboral seguirá teniendo un recorte de pensión, que en algunos casos puede suponer cobrar de por vida hasta un 19% menos de prestación.
Actualmente, cualquier adelanto de la jubilación va asociado irremediablemente con un recorte de la prestación. En función de los años cotizados y el tiempo adelantado, el dinero a recibir mensualmente será menor. Por ejemplo, jubilarse a los 63 años con 40 años cotizados implica una reducción de aproximadamente el 11,04% de la pensión, ya que se encuentra en el segundo tramo de reducción, según el 0,46% por trimestre (24 meses).
Desde Podemos han descrito la situación de "discriminación", pues esos coeficientes reductores son "injustos" porque conllevan para los pensionistas un "castigo de por vida" a través de pensiones más bajas. Un problema que afecta a más de 900.000 personas. Es por ello que la formación morada impulsó una reforma legal para acabar con los coeficientes reductores en carreras con 40 años o más de cotización.
La medida no salió adelante tras el rechazo del Ejecutivo y del PP,junto a la abstención de Vox. Desde Seguridad Social, la postura ha sido siempre claramente en contra al cambio. La ministra del ramo,Elma Saiz considera que la reforma del sistema de pensiones actualmente en vigor ya contempla medidas de protección suficientes al respecto.
Una de ellas es el complemento económico para las personas que hubiesen accedido a la jubilación de forma anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021, con largos periodos de cotización y bajas pensiones.
El Ejecutivo también ha puesto énfasis en los 3.358 millones de euros que supondría impulsar la reforma legal que pide Podemos, de los cuales 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los casos de jubilación anticipada involuntaria.
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