Movimientos sociales corearon consignas en oposición a la megaminería y al extractivismo en general, sumando a grupos que rechazan la construcción del megaembalse de Río Indio del Canal de Panamá y otros proyectos impulsados por el Gobierno. Foto: EFE

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23 de junio de 2026 Hora: 13:36

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Este martes 23 de junio Organizaciones populares de Panamá realizaron una marcha convocada desde el parque Porras en el centro de la ciudad, hasta llegar a la plaza 5 de mayo frente a la Asamblea Nacional, en rechazo a la acción ejecutada por el Gobierno de José Raúl Mulino de reactivar la megamina de cobre de la empresa canadiense First Quantum Minerals, la cual operó hasta finales de 2023. 

La protesta se produce luego de que el Ministerio de Ambiente publicara un sexto informe de auditoría, realizado por una multinacional suiza contratada para evaluar el cumplimiento de compromisos ambientales. 

El estudio arrojó vulnerabilidades en la tina de drenaje, procesos cuyo cumplimiento no pudo ser demostrado y la intervención de una mayor cantidad de hectáreas a las autorizadas en el estudio de impacto ambiental, considerando además que dicha revisión se basó mayormente en documentación provista por la propia empresa minera.

​En el mitin, los movimientos sociales corearon consignas en oposición a la megaminería y al extractivismo en general, sumando a grupos que rechazan la construcción del megaembalse de Río Indio del Canal de Panamá y otros proyectos impulsados por el Ejecutivo. 

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Esta movilización ocurrió en paralelo a las celebraciones oficiales por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y a la inauguración de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte del presidente José Raúl Mulino en el Centro de Convenciones Atlapa.

​Durante la jornada, organizaciones populares agrupadas en el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) rechazaron la celebración de la Asamblea de la OEA al considerar que el actual Gobierno mantiene una política de subordinación a Estados Unidos y calificaron al organismo como un instrumento de los intereses de Washington. 

Asimismo, los manifestantes condenaron el reforzamiento de la presencia policial en las calles y denunciaron que estas medidas buscan restringir el derecho a la protesta de los movimientos sociales bajo el argumento de garantizar la seguridad de la cita hemisférica.

​Esta situación hace que Panamá se encamine a un nuevo período de parálisis civil si el Ejecutivo insiste en reactivar la explotación de cobre, desafiando la decisión histórica del 8 de noviembre de 2023 cuando la justicia constitucional cerró el polémico contrato de la Ley 406, la cual aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, empresa concesionaria que opera Cobre Panamá. Aquel fallo se produjo tras semanas de protestas masivas que paralizaron el país y culminaron con el cierre de la mina.

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