Los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios alertan que el estatus legal de la propiedad rural e indígena quedará severamente comprometido si la ley entra en vigor.
Las organizaciones civiles sostienen que la normativa, aprobada por el Congreso Nacional pero aún pendiente de sanción y publicación oficial, favorece de forma desproporcionada los intereses de los sectores agroindustrial. Foto: @COPINHHONDURAS.
24 de junio de 2026 Hora: 11:37
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Un frente masivo compuesto por más de 217 organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y movimientos sociales se presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras para interponer un habeas corpus preventivo.
La acción legal busca frenar la aplicación de la recientemente aprobada Ley para el Fortalecimiento, Protección del Sector Agroindustrial y Proyectos de Energía, bajo el argumento de que pone en grave riesgo a las comunidades asentadas en territorios en disputa y zonas de alto interés productivo.
Las organizaciones civiles sostienen que la normativa, aprobada por el Congreso Nacional pero aún pendiente de sanción y publicación oficial, favorece de forma desproporcionada los intereses de los sectores agroindustrial, energético y turístico, relegando a un segundo plano las demandas históricas de acceso a la tierra del campesinado y los pueblos originarios.
Los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios alertan que el estatus legal de la propiedad rural e indígena quedará severamente comprometido si la ley entra en vigor. Edy Tábora, defensor de los derechos humanos, detalló con preocupación el contenido punitivo de la normativa.
«Esta ley de protección para los agroindustriales, que fue ampliada para el tema de turismo y el tema energético, tiene, además de congelar o de anular los derechos de acceso a la tierra de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, tres artículos específicos —el 5, 6 y el 8— donde se incorpora una orden de criminalización, de captura ilegal, de judicialización y de desalojos masivos en el país», denunció Tábora.
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Por su parte, Miriam Miranda, reconocida defensora de los derechos humanos y ambientales de las comunidades garífunas, justificó la urgencia del recurso judicial interpuesto ante el máximo tribunal.
«Hemos venido a solicitar la intervención de la Sala de lo Constitucional para que, como medida de protección preventiva, declare la inaplicabilidad de esta ley respecto de las personas y comunidades amparadas, garantizando así la protección efectiva de la libertad individual y evitando la comisión de actos violatorios de derechos humanos», puntualizó.
Uno de los puntos que genera mayor fricción en el texto legislativo es la limitación al derecho a la manifestación pacífica. La ley incorpora disposiciones que restringen de forma explícita aquellas protestas que afecten de algún modo la libre circulación de alimentos, combustibles o servicios esenciales.
Asimismo, los representantes de los pueblos originarios cuestionaron con severidad que la normativa condicione el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada únicamente a aquellas comunidades que cuenten con una titularidad territorial formalmente registrada ante el Estado, ignorando los derechos ancestrales de ocupación de decenas de asentamientos del país.
La indignación legal se trasladó rápidamente a las carreteras. En rechazo absoluto a la ley, diversos movimientos sociales protagonizaron intensas protestas y bloqueos de vías en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en la zona norte del país.
Durante las manifestaciones en las vías, Carlos López, dirigente campesino, visibilizó la crisis alimentaria y el abandono institucional que sufre el sector rural.
«Somos pueblo y lo que tenemos es hambre y necesidad de que nos apoye por primera vez un Gobierno que no nos siga violentando, que no desaparezca el Instituto Nacional Agrario (INA) y que pongan por una vez en la vida ministros comprometidos con el agro y con las empresas campesinas, no a favor de los agroindustriales. ¡Ya basta, ya nos saquearon mucho!», manifestó.
Desde la capital hondureña, los movimientos sociales advirtieron que no detendrán su agenda de resistencia y anunciaron el diseño de nuevas acciones legales, acompañadas de movilizaciones en defensa de los territorios y los recursos naturales a nivel nacional.
Autor: teleSUR: ac - RR
Fuente: teleSUR
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