Se tardó semanas la presidenta Sheinbaum en aplicar la fórmula que algunos de sus colaboradores le recomendaron desde el inicio del conflicto magisterial: dejar de negociar directamente con los diversos liderazgos de la CNTE y acudir directamente a la base del magisterio.

La apuesta inicial de mantener la interlocución con los líderes disidentes terminó fortaleciendo a quienes históricamente han utilizado la presión en las calles como mecanismo de negociación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvió a recurrir a su viejo método: plantones, bloqueos, marchas y presión política en la capital del país para chantajear a la autoridad, quien con la presión del Mundial de futbol en casa, se vio acorralada.

Pero algo cambió cuando llegó el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol en el Estadio Azteca o como se llame, ya que con imagen internacional del país en riesgo, se decidió imponer la fuerza del derecho.

La presión social, económica y política obligó al gobierno a modificar la estrategia. La presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso adelante al tender puentes con los maestros del país y desplazar a los intermediarios sindicales, una jugada que busca restar capacidad de negociación a los dirigentes de la CNTE.

El dato es relevante: la CNTE no representa a todo el magisterio nacional. Frente a ella existe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por el maestro Alfonso Cepeda Salas, que mantiene la representación institucional de todos los docentes del país. La disputa de fondo no sólo es salarial o laboral; también es por el control del sindicato.

Durante semanas, la movilización magisterial generó afectaciones en la Ciudad de México y en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En la capital, las manifestaciones apretaron con los preparativos mundialistas y provocaron impactos en vialidades, comercio y actividades turísticas. Reportes periodísticos señalaron afectaciones a reservaciones hoteleras en zonas del Centro Histórico ante la incertidumbre generada por las movilizaciones.

El otro elemento que elevó la tensión fue el operativo de seguridad previo al Mundial. Autoridades capitalinas informaron del aseguramiento de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús donde viajaban integrantes de la caravana de Ayotzinapa y maestros que se dirigían a la Ciudad de México. La presidenta señaló posteriormente que no hubo detenidos y que correspondía revisar el caso a las autoridades ministeriales.

El mensaje político fue claro: el gobierno no estaba dispuesto a permitir que grupos radicales condicionaran un evento de alcance mundial.

La pregunta ahora es qué ocurrirá con los días que restan del torneo y los partidos programados en el Estadio Azteca. La CNTE sabe que cada concentración en la víspera de los partidos tiene un valor mediático mayor que una protesta ordinaria. Por eso buscará mantener capacidad de presión.

Sin embargo, enfrenta un nuevo escenario. La estrategia presidencial cambió: nula negociación con los liderazgos de la disidencia, más comunicación directa con los maestros, además de que las fuerzas del orden los esperan, incluso con el tolete en la mano.

El gobierno tendrá que encontrar el equilibrio entre garantizar el derecho constitucional a la manifestación y aplicar el Estado de derecho cuando las protestas afectan derechos de terceros, la actividad económica o la seguridad pública.

Nadie quiere que el gobierno se convierta en represor, pero sí que garantice los derechos de los ciudadanos afectados.

El Mundial está dejando una lección política: los tiempos cambiaron. Lo que en el pasado funcionó como mecanismo de presión de grupos antisistémicos como la CNTE, que en su momento fueron aliados de AMLO y de la misma Sheimbaum, ahora, por la presión social nacional e internacional, el gobierno tendrá que actuar conforme a que mandata el orden constitucional.

La presidenta reaccionó tarde, pero finalmente entendió que el conflicto magisterial no podía resolverse únicamente con interlocutores acostumbrados a administrar la protesta.

En medio del conflicto a nadie parece importarle el impacto brutal que tiene el abandono irresponsable de los maestros de la CNTE en las aulas en cinco entidades del país. Si en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y algunas escuelas de la CMDX existen los niveles más altos de deserción escolar y menor nivel de aprendizaje, pues con la irresponsabilidad de sus docentes, menos saldrán de la marginación y la pobreza.

La presidenta de México debe entender que poner orden entre la disidencia magisterial es trabajar por mejorar la calidad de la educación en las entidades más marginadas del país.

Si consideramos realmente cuáles son las prioridades de los gobiernos de la autollamada 4T, nos damos cuenta que en primer lugar es mantener el poder y después vendrá la solución a los problemas que más aquejan a la población, como es precisamente el precario sistema de educación pública que tenemos.