El escándalo del posible involucramiento del gobernador con licencia de Sinaloa con el narcotráfico es descomunal. Es un golpe central al corazón de Morena. Y lo es porque Rubén Rocha Moya fue el gobernador más protegido, respaldado y defendido por López Obrador y por Claudia Sheinbaum.

Los mexicanos sabemos que ha habido desde hace décadas gobernadores que “pactan”, “acuerdan” o negocian con el narco, con los cárteles del Pacífico, del Golfo, de Sinaloa o el Cártel Jalisco, con los Zetas, etcétera.

Los que sean, hemos tenido y seguimos teniendo tantos. La diferencia en esta ocasión es que el vínculo con la casa presidencial es directo.

¿Cómo se explica el insistente y repetido cobijo presidencial a Rocha Moya? ¿Cómo se explican las inocultables evidencias de la intervención del Cártel de Sinaloa, de Los Chapitos y de El Mayo en el proceso electoral del Estado?

El impacto de la solicitud de detención con fines de extradición interpuesta por el gobierno de Estados Unidos es de tal magnitud que la presidenta busca incansablemente cómo diluir el daño político y reputacional para su partido y para su antecesor. El acontecimiento más cercano y ciertamente escandaloso es la incursión y operación en territorio mexicano de los agentes de la CIA en el estado de Chihuahua.

La torpeza de la gobernadora Maru Campos en ofrecer una explicación racional y lógica, más allá de su testimonio ante el secretario Omar García Harfuch de que no estaba enterada del operativo.

Y ahí se rompen las narrativas, porque toda la argumentación que sustentó las acusaciones en contra de Genaro García Luna en una corte en Nueva York —que finalmente lo sentenciaron a 34 años de prisión— proviene de testimonios de reos, convictos y extraditados mexicanos en prisiones estadounidenses.

El discurso central de AMLO era el conocimiento implícito de Felipe Calderón de las actividades ilegales de García Luna. Hoy se muerden la cola con sus propias declaraciones.

El caso contra Rocha Moya se construye esencialmente, hasta donde sabemos, a partir de testimonios de reos, presos y convictos narcotraficantes en cárceles americanas.

Y resulta inconcebible que el presidente de la República ignorara los turbios manejos y encuentros del gobernador, presumiblemente su enlace y negociador con Los Chapos y El Mayo. De ahí que sea fundamental equiparar el escándalo de la violación a la soberanía y a la Ley de Seguridad Nacional en Chihuahua con el caso de Rocha Moya.

A pesar de la campaña y los intentos discursivos, la solicitud de Morena por su desafuero y las movilizaciones en Chihuahua los siguientes días parecen herramientas de artificio para hacer crecer el caso a la altura de los narcopolíticos de Sinaloa.

La presidenta Sheinbaum enfrenta el desafío de repetir la historia cuando Vicente Fox, Santiago Creel y la infausta Procuraduría General de la República pretendieron y lograron el desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aquella maniobra política, sustentada en el sobado discurso de la defensa de la ley y las instituciones, fue tan forzada y manipulada que se vieron obligados a dar marcha atrás.

López Obrador creció como líder y figura política, encabezó tres campañas presidenciales hasta que ganó de forma indiscutible y aplastante en 2018.

Quedó la mancha brutal del uso de la justicia como instrumento político electoral para dañar al opositor y descarrilar su carrera. Fox, Creel y los procuradores cometieron graves errores políticos al impulsar aquel caso de desafuero, aunque en estricto sentido jurídico había sustento por el desacato del entonces jefe de gobierno.

Hoy la presidenta encara el mismo reto, aunque por circunstancias distintas. Aquí no se trata de descarrilar a una potencial candidata presidencial, o a una fuerza política en ascenso. Se trata de obtener rédito político y ventaja electoral en un territorio gobernado por el PAN de forma secundaria.

Pero ante todo y en primerísimo lugar, de construir un caso equivalente al de un gobernador y sus cercanos, como socios, aliados e interlocutores del narco en su estado y tal vez, a nivel nacional.

¿Claudia repetirá la historia? ¿Hará uso de la justicia con fines políticos para desviar la atención y construir un caso en que un gobierno de la oposición cometió una falla evidente?

El problema es que las alternativas para la presidenta son inaceptables. Procesar la extradición y entregar a Rocha con sus compinches implicaría poner en riesgo todo el aparato morenista de la pasada administración y, sin duda, varios de la actual.

Washington busca información, el capital político de más alta valía para presionar, obtener ventajas y negociaciones. Forzar al vecino a entregar condiciones favorables a su gobierno e intereses.

La presidenta lo sabe y resiste el embate todos los días. Mientras tanto, se lanzan los fuegos de artificio en Chihuahua para mantener ocupada la discusión mediática.