Hay momentos en que la política parece vivir en un país distinto al que habita la gente común. Arriba se discuten expedientes, licencias, acusaciones, deslindes y estrategias de comunicación. Abajo, millones de personas siguen abriendo negocios, pagando nóminas, enfrentando extorsiones, inseguridad, trámites, inflación y una incertidumbre que no espera a que la política se ponga de acuerdo.

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, debe tratarse con prudencia jurídica. Pero aun con esa reserva indispensable, el hecho exhibe una pregunta mayor: ¿qué pasa cuando la confianza institucional se rompe y quienes producen terminan pagando los costos de esa fractura?

Mancur Olson ayuda a entenderlo. En la lógica de la acción colectiva, explicó que los grupos pequeños, organizados y con intereses claros suelen capturar beneficios, mientras las mayorías dispersas cargan los costos. Esa idea retrata con dureza al México actual: pocos concentran poder, influencia o protección; muchos absorben inseguridad, incertidumbre y deterioro institucional.

La economía real no vive de narrativas. Vive de abrir la cortina, vender, transportar, cocinar, atender, reparar, producir y volver a empezar. Y esa economía tiene rostro: en México existen alrededor de 6.1 millones de MiPymes, que representan 99.8 por ciento de las unidades económicas. De ellas, solo 33 por ciento son formales y 67 por ciento informales. Además, las MiPymes generan 70.7 por ciento del empleo formal y 96.7 por ciento del empleo informal. Es decir, el país descansa sobre millones de pequeños negocios que muchas veces sobreviven sin protección suficiente del Estado.

Por eso la inseguridad no es solo un problema policiaco, es una variable económica. Según información del costo del delito empresarial, en 2023 la inseguridad y el delito costaron al sector empresarial 124.3 mil millones de pesos; 54 por ciento fue gasto en medidas preventivas y 46 por ciento pérdidas directas. Los negocios y empresas familiares no solo pierden por el delito, también pagan para evitarlo.

Ese costo es un impuesto invisible. No lo aprueba el Congreso, pero se cobra todos los días en cámaras, rejas, seguros, rutas canceladas, horarios reducidos, mercancía perdida, clientes ausentes e inversiones detenidas. Lo paga primero quien menos margen tiene: la tienda, fonda, el taller, el hotel pequeño, el transportista, la empresa familiar.

La ENVIPE confirma la profundidad social del problema: en 2024 hubo 33.5 millones de delitos, 7 por ciento más que en 2023, que afectaron a 23.1 millones de personas y a 11.4 millones de hogares. El fraude, robo, la extorsión y las amenazas aparecen como delitos centrales de la vida cotidiana.

Ahí está el país real. No el de la conferencia ni el del cálculo electoral. El país donde la extorsión decide si un negocio abre o cierra; donde la inseguridad cambia horarios, rutas y hábitos de consumo; donde cumplir la ley no siempre garantiza protección.

Olson también habló del “bandido estacionario”: aquel que se instala en un territorio y extrae de quienes producen. La metáfora es dura, pero necesaria. Un Estado legítimo no puede parecerse a una estructura que solo cobra, exige y justifica. Debe proteger, responder y rendir cuentas.

México no puede normalizar que emprender sea un acto de valentía. La política debe regresar a la realidad: a la del mercado, la fonda, el taller, la tienda, el hotel, el transporte y la empresa familiar. Porque mientras la política se explica, México trabaja. Mientras la política se defiende, México paga. Y un país que trabaja todos los días merece verdad, seguridad, justicia y futuro.