México tiene una omisión migratoria que ya empezó a ordenar sus ciudades. No por decreto, sino por silencio.

Durante años hablamos de gentrificación como si fuera solo un problema inmobiliario, de plataformas de hospedaje o de barrios que cambian de idioma. Pero debajo de esa superficie hay una pregunta más incómoda: ¿qué pasa cuando una persona deja de ser turista en la vida real, pero sigue siendo turista para la ley?

Ese es el punto ciego de los nómadas digitales.

No son turistas en sentido estricto. Tampoco encajan en la vieja imagen del trabajador migrante que cruza una frontera para emplearse en el país receptor. Su movilidad rompe las categorías tradicionales: viven en México, trabajan para empresas o clientes ubicados fuera de México, cobran en otra moneda, consumen aquí, rentan aquí, ocupan servicios aquí y transforman barrios aquí.

La diferencia importa porque el fenómeno ya no es marginal. MBO Partners estimó para 2025 alrededor de 18.5 millones de nómadas digitales solo en Estados Unidos.

El Departamento de Estado ha calculado cerca de 1.6 millones de ciudadanos estadounidenses viviendo en México, aunque ahí se mezclan residentes, retirados, familias binacionales y trabajadores remotos. Justamente por eso el dato central es otro: México no sabe con precisión cuántos nómadas digitales tiene, dónde viven, cuánto tiempo se quedan ni qué presión territorial generan.

Esa falta de datos también es política pública.

La Ciudad de México sí ha medido una parte del impacto. En 2021, los trabajadores remotos dejaron una derrama estimada de 9 mil 300 millones de pesos, equivalente a cerca de 15 por ciento de los ingresos turísticos de la capital. El dato muestra el atractivo económico, pero también el límite del enfoque: si solo se mide la derrama, se mira al visitante como ingreso y no como presión urbana.

Porque una persona que vive seis meses en la Roma, la Condesa, Oaxaca, Mérida o Playa del Carmen no es solo una visitante. Para la ley puede seguir siendo alguien de paso; para la ciudad ya es residente.

Y cuando el Estado no nombra una realidad, el mercado la nombra por él.

México no necesita una visa para perseguir nómadas digitales. Necesitan una visa para dejar de fingir que son turistas.

Hoy existen figuras de visitante, residencia temporal y permisos para actividades remuneradas. Pero el trabajo remoto internacional quedó atrapado en una zona gris: no es empleo local, pero tampoco es turismo puro. No necesariamente desplaza un puesto mexicano, pero sí puede presionar vivienda, servicios, plusvalía, precios de barrio y dinámicas de convivencia.

Otros países entendieron antes esa mutación, han creado categorías específicas para trabajadores remotos internacionales. La lógica no es expulsarlos, es definirlos, registrarlos, comprobar ingresos, exigir seguro médico y establecer reglas fiscales claras.

México tendría que hacer lo mismo.

Hace falta una visa específica: una residencia temporal para trabajo remoto internacional. Una figura que exija ingresos comprobables, seguro médico, domicilio registrado, vínculo con empresa extranjera, prohibición de trabajar para empleadores mexicanos salvo permiso específico y una contribución territorial para mitigar impactos urbanos en las ciudades receptoras.

No como castigo, como equilibrio.

El debate de fondo no es si México quiere recibir extranjeros con capacidad económica. El debate es si va a permitir que esa capacidad económica reordene barrios completos sin datos, sin registro, sin contribución proporcional y sin política pública.

La migración de altos ingresos también es migración. Regularla no es discriminar: es reconocer que no toda movilidad produce los mismos efectos.

Un migrante centroamericano, una familia haitiana, una solicitante de refugio venezolana y un programador estadounidense que gana en dólares no enfrentan el mismo trato institucional ni generan el mismo impacto urbano. Pero el Estado mexicano suele ser más duro con la migración pobre que con la migración rentable.

Esa es la contradicción moral.

A unos les exige papeles, citas, permisos, esperas, revisiones y sospecha. A otros les concede la comodidad de la ambigüedad. Los primeros son leídos como presión; los segundos, como oportunidad. Pero una política migratoria justa no puede depender únicamente del poder adquisitivo de quien cruza la frontera.

La visa para nómadas digitales no resolverá por sí sola la gentrificación. Sería ingenuo decirlo, pero sin una categoría migratoria clara, México seguirá mirando solo una parte del problema.

Lo que no se regula, también gobierna.