La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que la aplicación de la ley de amnistía en

Venezuela se caracteriza por "graves deficiencias" e instó a las autoridades del país suramericano a garantizar la "liberación incondicional" de todas aquellas personas detenidas o procesadas arbitrariamente.

 "La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos", dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en el nuevo informe de la ONG ' Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía'.

 A su juicio, la aplicación "injusta y opaca" de la legislación, promulgada en febrero pasado, ha "socavado aún más la liberación de los presos políticos". 

LEA TAMBIÉN

HRW sostuvo que las autoridades venezolanas deben garantizar que la ley se aplique de manera transparente y en toda su extensión, y "deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios".

"Aunque la ley afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos 'en el contexto' de eventos específicos ocurridos en ciertos años", añade la ONG.

LEA TAMBIÉN

También, prosiguió, incluye disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas que han sido procesadas por actos protegidos por el derechos internacional de los derechos humanos.

Entre las deficiencias, HRW incluye que algunas personas que solicitan la amnistía no han sido debidamente informadas sobre los cargos que se les imputan ni sobre las pruebas presentadas en su contra, "lo que hace difícil argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad de la ley, que ya de por sí son restrictivos".

En otros casos, señala la ONG, los jueces tampoco han fundamentado y motivado debidamente sus decisiones de denegar la amnistía y, dijo, han restringido el acceso a los expedientes de los casos y a la representación de abogados particulares.

El sábado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró tener información sobre jueces que han cobrado en el proceso de amnistía que comenzó en febrero pasado y exigió actuar contra ellos. Familiares de presos políticos habían denunciado el pasado marzo cobros en dólares en unos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la ley de amnistía.

La normativa contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según Rodríguez, más de 9.000 personas han sido amnistiadas. Sin embargo, la ONG Foro Penal ha denunciado que la ley de amnistía se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos".

AGENCIA EFE