El 23 de enero de 2026 Delcy Rodríguez anunció la creación del “Programa para la Convivencia Democrática y la Paz”, que según sus palabras tendría como objetivos promover el diálogo político nacional, reducir la confrontación y el odio, fomentar la convivencia social y la reconciliación y generar consensos entre distintos sectores del país a partir de un “banco de proyectos”.
El anuncio se hizo 20 días después de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de autoridades norteamericanas, la creación de un gobierno tutelado por Estados Unidos encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el anuncio de un plan para Venezuela basado en tres fases: “Estabilización, recuperación y transición”. Por ello, la creación de dicho programa generó expectativas sobre su posible rol como mecanismo de justicia transicional en el país.
Cuando se cumplen 100 días de la creación del mecanismo estas expectativas han sido aclaradas: el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz no forma parte de un esfuerzo de justicia transicional basado en estándares de derechos humanos, sino que es un espacio de naturaleza política para gestionar el conflicto a través del llamado “diálogo”.
Las comisiones de la verdad son el mecanismo no judicial mejor desarrollado, a nivel internacional, de justicia transicional, y cuyo modelo de funcionamiento es útil para compararlo con la manera en que ha funcionado el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.
Una Comisión de la Verdad es un órgano oficial, temporal y no judicial, encargado de investigar violaciones del pasado y producir un informe final público, con conclusiones y recomendaciones.
Según el documento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ANUDH) “Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commisions”, las condiciones para que funcione una Comisión por la Verdad son:
a) Independencia: deben operar sin interferencia política, por tanto ser autónomos tanto en la realización de investigaciones, como en la elaboración de conclusiones y recomendaciones.
b) Contar con apoyo y recursos para su funcionamiento: necesitan apoyo de las autoridades en tanto recursos, acceso a archivos y a dependencias estatales, sin que esto signifique dependencia política.
c) Participación de víctimas: las víctimas son el centro de su proceso
d) Contar con pleno acceso a la información y poderes operativos: posibilidad de entrevistar a funcionarios, acceder a archivos, capacidad de investigar sin restricciones, proteger a testigos.
El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición establece como una característica de los integrantes de una CV “la integridad moral de sus miembros”, descrita por el anterior documento de Naciones Unidas como “independientes, respetados y no partidistas”.
Sobre su funcionamiento interno, los estándares de Naciones Unidas hablan de una metodología sólida y coherente elaborada a partir de un mandato claro. Específicamente sobre el mandato debe definir el período a investigar, el tipo de violaciones, sus funciones y la duración.
Nada de lo anterior se cumple en el Programa promovido por Delcy Rodríguez.
No es la primera vez que las autoridades bolivarianas promueven una comisión para promover el diálogo político entre los venezolanos. La diferencia es que las funciones y duración del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz no han sido publicadas en Gaceta Oficial. Ante la ausencia de un documento fundacional que establezca sus reglas de funcionamiento, sus objetivos deben buscarse en las declaraciones de Delcy Rodríguez o de sus diferentes integrantes. Hasta ahora el programa opera en el plano político y discursivo, mientras que los estándares de DDHH exigen resultados institucionales y jurídicos.
Según su actuación el Programa no promueve:
a) Verdad: no es un órgano independiente de investigación, no cuenta con procesos sistemáticos de reconstrucción de hechos, no produce informes públicos de violaciones. En cambio, su coordinador Ernesto Villegas distribuye en eventos oficiales del programa un informe elaborado por el Ministerio de Comunicación sobre las protestas del año 2017, en la que se reafirma la versión oficial de aquellos hechos.
b) Justicia: el programa no promueve la rendición de cuentas, la realización de investigaciones independientes, las sanciones a responsables ni el fortalecimiento de la autonomía judicial.
c) Reparación: aunque el Programa ha escuchado a algunas víctimas y Delcy Rodríguez anunció que gestionará casos no aboga por una política integral de reparación, el reconocimiento institucional del daño ni medidas sistemáticas para el reconocimiento y respeto de derechos.
d) No repetición: no alienta reformas profundas del sistema judicial, transformación de prácticas represivas y no exige garantías estructurales para que los venezolanos puedan participar sin miedo. Ha convocado a reuniones aceptando que se mantengan intactas todas las normativas que precisamente impiden la participación libre e informada.
El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz no cuenta ni con un decreto de fundación en Gaceta Oficial ni con un sitio web donde se pueda conocer un directorio oficial de sus integrantes o información sobre sus actividades.
Según el anuncio inicial de Delcy Rodríguez sus integrantes son: Ernesto Villegas Poljak (Coordinador) Ana María Sanjuán (secretaria ejecutiva); representantes institucionales Nuramy Gutiérrez (Salud), Ángel Prado (Comunas) y Larry Devoe (Derechos Humanos); representantes del sector académico y político Michael Penfold (IESA), Francisco Garcés (UCV), Génesis Garvett (diputada) e Indira Urbaneja (analista); voceros del sector privado y social: Ricardo Cusanno (Fedecámaras), Gerson Gómez (Ridery), Lanking González (movimiento vecinal), Gustavo Canchica (jueces de paz) y Miqueas Figueroa (Tiuna el Fuerte). Recientemente Feliciano Reyna, defensor de derechos humanos, anunció su incorporación al Programa.
Por lo menos dos tercios del programa están alienados abierta y directamente con el oficialismo. Hay diversidad de integrantes, pero no existe pluralismo real ni independencia. Por ello el programa tiene legitimidad institucional (gobierno) pero débil legitimidad social y autónoma.
Hasta ahora el Programa funciona sin transparencia: no existe acceso público a información, publicación de decisiones ni existencia de informes. Una muestra de la opacidad fue la jornada de censo de personas privadas de libertad por razones políticas, realizada por el Programa en el Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos (CELARG) a mediados de febrero de 2026, en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía. Nunca hubo una información oficial de la cantidad ni el listado de presos políticos atendidos.
Hasta ahora las víctimas no son el centro de la actuación del Programa: no participan en diseño y no definen agenda. No hay enfoque de derechos en su actuación, sino un foco en la gestión del conflicto mediante la realización de espacios de diálogo entre diferentes actores.
Desde una perspectiva de derechos humanos, lo que se puede esperar de este programa es limitado.
No es un mecanismo de verdad, ni de justicia, ni de reparación, ni de garantías de no repetición. No tiene mandato, no es independiente, no es transparente y no está centrado en las víctimas. En estas condiciones, su capacidad para contribuir a una transición democrática es marginal.
Puede servir para gestionar tensiones y producir acuerdos políticos puntuales. Pero no puede, por sí solo, enfrentar las causas del conflicto ni garantizar derechos.
La reconciliación, entendida desde los estándares internacionales, no se construye con diálogo únicamente, sino con verdad, justicia y reparación. Y hasta ahora esto no aparece como las áreas de trabajo de este Programa.
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