El gobierno de Venezuela eliminó una cláusula que permitía rescindir contratos petroleros por razones de «interés público» con compensaciones limitadas para las empresas, en un intento por hacer más atractivas las condiciones para la inversión privada en la industria energética, según fuentes manejadas por Bloomberg.
La modificación forma parte de una revisión del contrato marco que servirá de base para las negociaciones entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y compañías interesadas en desarrollar bloques de producción de crudo en el país.
De acuerdo con fuentes familiarizadas con el proceso, el nuevo borrador, de aproximadamente 90 páginas, elimina una disposición incluida en la versión anterior que otorgaba al Estado venezolano la facultad de terminar unilateralmente los contratos cuando considerara que existían razones de interés público. La cláusula establecía además mecanismos de compensación que eran considerados insuficientes por potenciales inversionistas.
La existencia de esa disposición había generado preocupación entre empresas internacionales interesadas en participar en proyectos petroleros en Venezuela, ya que aumentaba la percepción de riesgo jurídico y dificultaba la recuperación de las inversiones en caso de una disputa con el Estado.
La revisión del documento ocurre en momentos en que el gobierno busca atraer capital privado para recuperar la capacidad productiva de una industria que ha sufrido años de sanciones internacionales, falta de inversión, deterioro de infraestructura y pérdida de personal especializado.
El contrato marco está diseñado para servir como referencia en las futuras negociaciones entre Pdvsa y operadores privados interesados en reactivar campos petroleros maduros o desarrollar nuevas áreas de producción. Sin embargo, varias empresas habían expresado reservas sobre algunos aspectos del borrador original, al considerar que otorgaba excesivos poderes al regulador venezolano.
Según Bloomberg, algunas compañías también cuestionaron que ciertas disposiciones del documento no se ajustaban completamente a los términos de las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, requisito indispensable para cualquier empresa que aspire a operar legalmente en Venezuela bajo el actual esquema de sanciones.
Las fuentes consultadas señalaron que asuntos sensibles como los mecanismos de arbitraje internacional, la legislación aplicable a los contratos y la compatibilidad con las autorizaciones estadounidenses serán discutidos de forma individual durante las negociaciones con cada empresa.
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