Costa Rica ha sido percibida tradicionalmente como un bastión de seguridad en una Centroamérica azotada por el crimen. Sin embargo, en los últimos años, el país ha experimentado niveles récord de violencia, en medio de un aumento del tráfico de drogas que las autoridades atribuyen a su creciente papel como punto de tránsito de narcóticos.
Los grupos criminales locales son cada vez más sofisticados y recurren a la violencia letal para asegurar el control. Actualmente representan una importante amenaza para las autoridades a medida que profundizan sus vínculos con organizaciones criminales transnacionales y expanden sus operaciones en Costa Rica.
El crimen organizado extendió su infiltración en la esfera política y las instituciones de seguridad, provocando casos de corrupción en niveles cada vez más altos del Estado, como quedó en evidencia con el arresto en 2025 de Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado y exministro de Seguridad del país, acusado de colaborar con narcotraficantes.
El deterioro de la situación de seguridad llevó además a la aprobación de una reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo, una medida sin precedentes en la historia reciente del país.
Geografía
Ubicada en el istmo centroamericano, Costa Rica comparte una frontera norte de 309 kilómetros con Nicaragua y una frontera sureste de 330 kilómetros con Panamá, lo que la convierte en un punto de tránsito para cargamentos de cocaína.
A pesar de ser uno de los países más pequeños de la región, con poco más de 51.000 kilómetros cuadrados compuestos en gran medida por terrenos selváticos y montañosos, Costa Rica se ha vuelto cada vez más atractiva para los traficantes transnacionales de drogas.
Con amplias extensiones de costa sin vigilancia y varios puertos importantes sobre el mar Caribe y el océano Pacífico, la geografía costarricense permite a los grupos de crimen organizado utilizar rutas terrestres, aéreas y marítimas para el tráfico.
Esta posición estratégica se volvió aún más importante en 2019 con la apertura de la terminal de contenedores de Moín, operada por APM Terminals, que transformó el puerto caribeño de la ciudad de Limón en uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia Europa. La expansión del tráfico comercial y de las conexiones marítimas con puertos europeos impulsó el papel de Costa Rica dentro de las rutas transatlánticas del narcotráfico.
Como resultado, el país figura hoy entre los principales puntos de origen de la cocaína decomisada en puertos europeos, especialmente en centros logísticos como Amberes en Bélgica.
Historia
A diferencia de muchos otros países de América Latina, Costa Rica ha evitado en gran medida grandes conflictos armados y períodos de gobiernos militares. Durante décadas, las instituciones relativamente sólidas del país y la estabilidad de su sistema democrático dificultaron el surgimiento de poderosos grupos criminales locales a pesar de que organizaciones transnacionales criminales aprovecharon la geografía del país para usarlo como punto de tránsito.
La presencia de grupos criminales internacionales en Costa Rica se remonta a mediados de la década de 1980, cuando el país se convirtió en un puente importante para las drogas provenientes de Suramérica con destino a Estados Unidos a través de Centroamérica y México. Durante gran parte de este período, Costa Rica funcionó como una zona de tránsito relativamente pasiva, con una participación limitada de actores locales y niveles de violencia mucho menores que los de otros países de la región.
En la década de 1990, Costa Rica seguía siendo un punto de tránsito importante para cargamentos de cocaína provenientes de Suramérica hacia Estados Unidos. En este período, actores locales comenzaron a involucrarse gradualmente en el narcotráfico, fundamentalmente a través de redes costeras como pescadores que suministraban combustible, transporte y apoyo logístico a traficantes extranjeros, principalmente colombianos, operando en rutas del Caribe y el Pacífico. A medida que otros países fortalecieron sus controles antidrogas, Costa Rica experimentó un aumento en el uso de sus puertos y costas para el movimiento y almacenamiento de cocaína.
En la década de 2000, con el aumento de los volúmenes de cocaína que transitaban por el país, los grupos locales dejaron de ser meros auxiliares y comenzaron a jugar roles más activos, prestando servicios logísticos, transporte y almacenamiento a organizaciones transnacionales de tráfico de drogas. Estos grupos también se aprovecharon de la corrupción de funcionarios en puertos y aeropuertos regionales, facilitando el tránsito de drogas. A su vez, las redes transnacionales empezaron a emplear a ciudadanos costarricenses para operaciones de lavado de dinero, utilizando bancos locales y otros negocios legítimos.
En la década de 2010, el aumento de la producción de cocaína en Suramérica y la expansión de la demanda europea transformaron el papel de Costa Rica dentro de las cadenas globales del narcotráfico. El país se consolidó como un importante centro de distribución de cocaína con destino a Europa y Estados Unidos, mientras bandas más pequeñas comenzaron a involucrarse directamente en el tráfico internacional de drogas. A finales de 2011, la entonces presidenta Laura Chinchilla advirtió sobre la gravedad de la amenaza que representaba el crimen organizado transnacional, en medio de un aumento sostenido de los homicidios y del fortalecimiento de grupos criminales locales vinculados al narcotráfico.
Esta transformación alimentó una escalada de violencia impulsada principalmente por disputas entre bandas locales por el control de mercados domésticos, puertos y rutas de exportación. En 2023, Costa Rica registró 907 homicidios —una tasa de 17,3 homicidios por cada 100.000 habitantes— la cifra más alta de su historia.
El crecimiento del narcotráfico comenzó además a poner bajo presión a instituciones históricamente sólidas frente al crimen organizado, especialmente en áreas como la seguridad portuaria y la función pública.
Al mismo tiempo, comenzaron a surgir señales de convergencia entre el narcotráfico y la minería ilegal en parques nacionales del Pacífico costarricense, donde grupos criminales han empezado a diversificar sus fuentes de ingresos y a utilizar actividades extractivas para lavar capitales ilícitos.
Grupos Criminales
Además de colaborar con grupos transnacionales en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, las organizaciones criminales locales en Costa Rica participan en diversas economías criminales, como el microtráfico de drogas, la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de órganos, la minería y tala ilegal, así como el tráfico de migrantes y el contrabando. También se han descubierto sofisticadas operaciones de lavado de dinero en el país.
Diversos grupos criminales transnacionales operan en Costa Rica, a menudo en colaboración con socios locales.
A través de los años, grupos mexicanos poderosos como el Cartel de Sinaloa han mantenido presencia en Costa Rica, principalmente para facilitar el transbordo de drogas. Funcionarios incluso han acusado a organizaciones criminales mexicanas de enviar sicarios costarricenses al extranjero para recibir entrenamiento especializado.
Las autoridades costarricenses también han advertido sobre la presencia de grupos criminales colombianos —incluida la ya desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— involucrados en el tráfico de armas y de drogas, y lavado de dinero en el país.
Traficantes de otros países centroamericanos también han utilizado a Costa Rica como base de operaciones y lugar de refugio. En noviembre de 2016, el líder del Cartel del Atlántico de Honduras, Wilter Neptalí Blanco Ruíz, fue capturado en Costa Rica apenas semanas después de huir de su país. Más recientemente, las autoridades han señalado la creciente presencia de la “H”, también conocida como “Los Olanchos”, una red criminal hondureña que opera rutas de tráfico de drogas a través de Limón, mientras sus principales líderes permanecen en Honduras.
Grupos criminales transnacionales europeos, como la ‘Ndrangheta —principal importadora y mayorista de cocaína de Italia— también han sido vinculados al tráfico de drogas en Costa Rica. La creciente demanda de cocaína en Europa ha incrementado la presencia de emisarios en el país, particularmente de grupos especializados en el tráfico marítimo mediante contenedores, como la ‘Ndrangheta italiana y otras estructuras balcánicas.
En particular, grupos criminales locales han ayudado a organizaciones más grandes a aprovechar la enorme expansión del mal administrado Puerto de Limón para facilitar una ruta hacia Europa que permita responder a la demanda de cocaína colombiana.
Las autoridades locales estiman que existen entre 100 y 300 grupos criminales en el país, la mayoría dedicados al microtráfico y la extorsión, aunque algunos poseen capacidad para coordinar cargamentos internacionales. Pero aunque muchas estructuras siguen siendo pequeñas y fragmentadas, algunos grupos han intentado consolidar un mayor control territorial y coordinar operaciones internacionales de tráfico de cocaína, especialmente en la costa Caribe.
Los Moreco (Movimiento Revolucionario de Crimen Organizado) es uno de los grupos criminales que representó una de las mayores amenazas para las autoridades a fines de 2010. Logró consolidar un espacio propio y mantenerse independiente de redes transnacionales, controlando importantes rutas de tráfico de drogas a través de las provincias de Limón y Alajuela y actuando como un eslabón confiable en la cadena del tráfico de drogas entre Colombia, México y Estados Unidos.
El Cartel del Caribe Sur es otro de los grupos criminales que ha ganado protagonismo en la costa caribeña, especialmente en Limón, donde controla puntos de venta local, acceso a puertos y rutas de exportación de cocaína. La provincia de Limón se ha convertido en el principal epicentro del narcotráfico y la violencia asociada al crimen organizado en Costa Rica, debido a su importancia estratégica para las exportaciones de cocaína hacia Europa y Estados Unidos
Las autoridades costarricenses han llegado a describir al grupo como la primera gran organización de tráfico de drogas del país. Algunos de sus presuntos líderes han sido requeridos por autoridades estadounidenses y vinculados a funcionarios de alto nivel, lo que refleja cómo ciertos actores criminales locales han evolucionado desde estructuras subordinadas a redes extranjeras hacia organizaciones con mayor autonomía operativa y capacidad de coordinación internacional.
Fuerzas de Seguridad
Costa Rica no tiene Ejército desde que fue abolido por la Constitución de 1948. El país cuenta con un cuerpo policial llamado Fuerza Pública, bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública, encargado de garantizar la seguridad en las zonas rurales y fronterizas. En los últimos años, el presupuesto del Ministerio ha crecido significativamente, con una partida para 2026 de US$718 millones, lo que representa un aumento de casi el 10% respecto al año anterior.
El poder judicial mantiene una fuerza policial separada, la Policía Judicial, bajo la autoridad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Este organismo está adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.
Costa Rica ha seguido recibiendo apoyo internacional, principalmente de Estados Unidos, como el paquete de ayuda en seguridad de US$24 millones anunciado en 2023 para reforzar las fuerzas policiales y el sistema judicial del país.
Pero a pesar de estos esfuerzos y el respaldo internacional, en los últimos años han surgido preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. Las denuncias sobre corrupción se han incrementado, especialmente en zonas clave para el tráfico de drogas, como Limón y las zonas fronterizas. Las autoridades han propuesto medidas para aumentar la eficiencia policial, como la reducción del periodo de formación de agentes, lo que ha generado debate por su posible impacto negativo en la profesionalización de la fuerza.
En 2025, el aumento de la violencia asociada al crimen organizado y las presiones para fortalecer la cooperación internacional, impulsaron una reforma constitucional histórica que habilitó la extradición de nacionales por delitos relacionados con el narcotráfico y terrorismo.
Sistema Judicial
El Poder Judicial de Costa Rica constituye una rama independiente del gobierno y sigue un sistema de derecho civil común en América Latina. Está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación y los juzgados de distrito. La Corte Suprema cuenta con una sala específica encargada de los casos penales.
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) son las dos instituciones judiciales más importantes de Costa Rica. El primero es responsable de definir el alcance de las investigaciones, mientras que el segundo se encarga de las investigaciones criminales. La Fiscalía General es el órgano de mayor jerarquía dentro del Ministerio Público.
Si bien Costa Rica sigue siendo considerado uno de los países con menores niveles de impunidad en la región, el aumento de las causas relacionadas con narcotráfico, homicidios y crimen organizado ha ejercido una presión creciente sobre fiscales y jueces. Al mismo tiempo, las autoridades enfrentan mayores dificultades para investigar estructuras criminales cada vez más sofisticadas y transnacionales. Casos recientes también han alimentado preocupaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos, actores judiciales y redes de narcotráfico, en un país históricamente considerado una excepción regional en materia de estabilidad institucional.
Hasta la fecha, tres figuras costarricenses de alto perfil enfrentan la justicia estadounidense por su presunta participación en redes transnacionales de tráfico de cocaína vinculadas con Colombia y México: Celso Gamboa Sánchez, exministro de Seguridad y exmagistrado, Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”.
Prisiones
El sistema penitenciario de Costa Rica está controlado por el Ministerio de Justicia y Paz y administrado por la Dirección General de Adaptación Social, mientras que la Defensoría de los Habitantes supervisa y reporta las condiciones carcelarias.
En parte debido al uso de la detención preventiva, las prisiones costarricenses sufren de hacinamiento y operan por encima de su capacidad. La sobrepoblación carcelaria alcanzó un 29,5% en 2025.
Frente a este problema el gobierno costarricense anunció la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño para albergar a los criminales más violentos.
Pero el crecimiento de las bandas locales y la violencia asociada al narcotráfico ha incrementado la presión sobre el sistema penitenciario, profundizando problemas históricos de hacinamiento y control interno.