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Las consultas de los contribuyentes -personas físicas o empresarios- para cambiar su residencia a otra comunidad autónoma con el único objetivo de conseguir pagar menos impuestos siguen aumentando, siendo las diferencias en el tramo autonómico del IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones las que marcan los movimientos de quienes quieren rebajar su factura fiscal.
Así se constata en la encuesta La opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario realizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF, adscrito al Consejo General de Economistas) y publicada este miércoles, que cuenta con una representatividad nacional significativa y un nivel de confianza del 95%. Según sus resultados, un 57% de los asesores fiscales en España percibe que las consultas de cambio de residencia fiscal entre ciudadanos de comunidades autónomas de Régimen Común -todas menos País Vasco y Navarra- van en aumento.
"La competencia afecta al IRPF, el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, a pesar de que por la vía del nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas -estatal- las diferencias entre comunidades en lo relativo a gravar el patrimonio son algo más reducidas", han explicado desde el REAF. Por esa razón, hace dos años el porcentaje de asesores que veía un incremento en este tipo de consulta era superior, del 70%.
Con todo, dado que ese nuevo tributo grava patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, todavía existen diferencias en la tributación de quienes tienes menos de esa cantidad. La comparativa nacional deja a la Comunidad de Madrid como una de "las mejores paradas", señalan los asesores, por lo que genera especial interés. En lo relativo al tramo autonómico del IRPF, las comunidades que tienen tarifas más altas son la Comunidad Valenciana, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña, de ahí que sean habituales las consultas en estos territorios para mudarse a regiones limítrofes.
En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones hay que tener en cuenta que el coste de heredar o donar puede variar en hasta 100.000 euros dependiendo de la región en la que se vive. Por ejemplo, un joven de 30 años que hereda de su padre 800.000 euros -de los que 200.000 corresponden a una vivienda- tributaría en el Principado de Asturias con 103.135 euros, mientras que no tendría que pagar nada si reside en Baleares, Andalucía, Cantabria o Galicia. Estas dos últimas, por cercanas, serían alternativas interesantes para el heredero asturiano.
El objetivo final de los que se plantean un traslado es pagar menos a Hacienda, la pregunta está en si verdaderamente llevan su residencia o la sede de su empresa o si hacen una mudanza "ficticia" para intentar engañar al fisco.
De los asesores fiscales que se mojan sobre si esas mudanzas se producen realmente o no, la mayoría cree que no: un 54,5% está de acuerdo con que "son mayoritariamente ficticias", es decir, que el contribuyente finge haberse trasladado cuando no es así, por ejemplo, empadronándose en una casa en la que no vive. Se trata de una práctica que la Agencia Tributaria persigue de cerca para evitar este tipo de fraude, analizando la presencia física real del contribuyente por medio de su actividad diaria, igual que los cambios de residencia a otros países.
Las consultas para situar la residencia fiscal fuera de España también están al alza: un 61,5% de los asesores fiscales consultados por el REAF lo reconoce, siendo destinos tradicionalmente atractivos Andorra, por su cercanía y sus ventajas tributarias, o Portugal, donde no existe Impuesto de Patrimonio y donde el Régimen Fiscal de los Residentes No Habituales (RNH) prevé condiciones bastante favorables para las personas físicas que trasladen su residencia fiscal a ese país.
A la sensación de asfixia fiscal que tienen algunos contribuyentes -en un contexto de recaudación en niveles récord, decisión premeditada del Gobierno de no deflactar el IRPF para ingresar más y cuestionamiento de la calidad de algunos servicios públicos- se suma una queja por la complejidad de nuestro sistema fiscal.
El 70% de los asesores fiscales encuestados por el REAF sostiene que ahora el sistema fiscal es mucho peor que hace 20 años, lo que se debe principalmente a su complejidad, tanto por la propia legislación como a las prácticas e interpretaciones de la Administración Tributaria. "La percepción negativa se mantiene de forma muy clara, aunque la comparación con hace 5 años es algo menos intensa que en horizontes temporales más largos. La gran mayoría de menciones se concentra en dos motivos: la normativa de los impuestos se ha complicado (39,1%) y el papel de la Administración tributaria se ha endurecido (35,6%). En tercer lugar, aparece el aumento general del importe a pagar (19,6%). Las respuestas que apuntan a simplificación normativa o a una Administración que facilita el cumplimiento son residuales", explican.
En concreto, el 95,5% cree que se produce una "deficiente redacción" de la norma por parte del legislador; el 98,2% se queja de la inseguridad jurídica por la modificación continua de la normativa; el 98,5% cree que existen demasiados tratamientos especiales, y el 99,1% lo achaca a la interpretación que hace la Administración Tributaria de las leyes.
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