Después de 10 meses de diálogo fallido con los socialistas, el partido de Esteban pretende sacar la reforma contra la "ofensiva judicial" solo con sus votos y con la abstención de la izquierda abertzale
Aitor Esteban, Arnaldo Otegi y Eneko Andueza, durante un acto de homenaje al Gobierno vasco del lehendakari Garaikoetxea celebrado en los jardines de Ajuria Enea.ARABA PRESS
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La reforma de la Ley de la Administración Pública Vasca utilizada para hacer frente a la "ofensiva judicial" contra la imposición del euskera ha obligado al PNV a solicitar la ayuda de EH Bildu para que no sea un absoluto fracaso. Los nacionalistas de Aitor Esteban dan por imposible cualquier acuerdo con el PSE-EE después de 10 meses de negociaciones discretas y ahora plantean que la izquierda abertzale facilite con su abstención la aprobación de una modificación "gradual" de la norma que esencialmente atribuye a cada administración la capacidad para determinar cuántas plazas exigen la acreditación del euskera al eliminarse los actuales índices generales de obligado cumplimiento que han sido uno de los pilares de la euskaldunización del 90% de los 163.000 funcionarios vascos.
El PNV pretende que los 27 parlamentarios de EH Bildu faciliten con su abstención el "sistema gradual" para la imposición del euskera que los socialistas de Eneko Andueza han rechazado de plano después de decenas de reuniones y cientos de hora de negociación. El portavoz parlamentario Joseba Diez Antxustegi y su compañero y ex diputado general de Gipuzkoa Markel Olano han pedido a la izquierda 'abertzale' que "permita la aprobación de nuestra propuesta para evaluar sus resultados y optar por nuevos pasos" en un futuro indeterminado. Un sorprendente 'plan b' de los nacionalistas vascos que con 27 parlamentarios pretendían lograr el respaldo del PSE-EE a su reforma hasta que el pasado 21 de abril el líder socialista Eneko Andueza ratificó su negativa a avalarla. El PNV mantiene su objetivo de eliminar los índices de obligado cumplimiento que establecían, según los tribunales de Justicia, un tope al porcentaje de plazas públicas en las que es requisito acreditar el conocimiento del euskera. Como ha defendido Markel Olano, ese índice general establecido por criterios objetivos de conocimiento y uso del euskera se sustituiría por índices en cada administración que solo necesitaría del visto bueno del Gobierno vasco. Pero, además y para avalar la "proporcionalidad" del sistema, la propuesta nacionalista incluye que en cada oferta de empleo público habrá plazas que exijan el euskera pero con una fecha a futuro para acreditarlo. La enmienda del PNV a su propia iniciativa para incluir este cupo de plazas no determina cuántas serán porque se concretaría en un decreto futuro al que han abierto las puertas a EH Bildu.
Diez Antxustegi ha rechazado que este giro de 180 grados en la estrategia del PNV sea pedir una "adhesión incondicional" a Bildu aunque conlleve que decaiga la propuesta que la coalición de Otegi registró antes que los nacionalistas y que también endulza la imposición del euskera en todas las plazas de funcionarios con índices de progresividad que permiten porcentajes en las que no sea exigido a partir del criterio discrecional de cada administración. Los parlamentarios Diez Antxustegi y Olano han llegado a afirmar que las propuestas de PNV y de Bildu "parten de puntos de partida casi contrapuestos" pero, pese a ello, trasladan ahora a la izquierda abertzale la responsabilidad de facilitar un incremento de la exigencia del euskera con la propuesta nacionalista o abocar al fracaso una reforma que comenzó a gestarse en las concentraciones de alcaldes y concejales de PNV y de EH Bildu alzando sus varas de mando contra los jueces vascos.