Considera que los hechos "están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal
José Tomé, en su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo.EFE
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Las denuncias de hasta seis mujeres a través del canal interno del PSOE precipitaron en diciembre la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo. El caso estalló con acusaciones que iban desde mensajes subidos de tono hasta presuntas ofertas de empleo a cambio de favores sexuales. Pese al revuelo, el dirigente socialista lo negó todo desde el primer minuto y calificó los hechos de "totalmente falsos", defendiendo que daba un paso atrás únicamente para no perjudicar al partido y poder centrarse en preparar mejor su defensa.
Meses después, cuando el asunto ya parecía diluido en el calendario político, la Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido dar el paso que faltaba y ha interpuesto este lunes una querella contra Tomé tras recibir una denuncia particular por hechos "supuestamente delictivos" ocurridos en septiembre de 2025. El Ministerio Público sostiene que los hechos están "suficientemente determinados" y aprecia "indicios fundados de criminalidad" para ejercer de inmediato la acción penal, considerando provisionalmente que podrían constituir un delito de acoso sexual o de abuso en el ejercicio de la función pública. El caso abandona así el terreno orgánico y desemboca en la vía judicial.
La querella reabre ahora una de las grietas más profundas que han erosionado la credibilidad de las izquierdas gallegas, especialmente en su eje más sensible: la coherencia entre la bandera feminista y la gestión interna de estas denuncias. La presión ya fue intensa cuando el líder socialista gallego, José Ramón Gómez Besteiro, guardó silencio dos días negando cualquier conocimiento de las acusaciones, solo para rectificar después, admitiendo que sí le constaban advertencias desde hacía más de un mes, trasladadas por una tercera persona.
El debate se vuelve aún más incómodo porque, aunque Tomé abandonó la presidencia de la Diputación y la militancia, retiene todavía su acta como diputado no adscrito y sigue como alcalde de Monforte de Lemos. Además, el nuevo gobierno provincial de Lugo, presidido por la socialista Carmela López, salió adelante con el respaldo del BNG y el voto decisivo del propio Tomé, lo que obliga a la oposición a apuntalar con su apoyo a un presunto acosador para conservar el poder. Esa secuencia de rectificación tardía, renuncia parcial y mayoría sostenida por el implicado ha consolidado la imagen de una gestión defensiva, convirtiendo el caso en un factor de erosión continua que ahora, con la querella formalizada, se agrava bajo el escrutinio judicial.
La reacción política tampoco se ha hecho esperar. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes la presunción de inocencia, pero ha instado al PSOE y al BNG a "mirar hacia atrás y ser coherentes" con las exigencias que lanzaban en casos similares, advirtiendo que "habrá que asumir responsabilidades políticas" tras la querella de la Fiscalía.
"Recuerdo que el señor Tomé sigue siendo alcalde de su municipio y que la decisión de mantenerlo como diputado en la Diputación, y de utilizar sin ningún tipo de reparo su apoyo imprescindible para conservar la presidencia de la institución, es responsabilidad del BNG y del Partido Socialista", ha subrayado Rueda, antes de remarcar que ambos "se amparaban en que no había ninguna actuación en el ámbito judicial y esa actuación acaba de producirse".
"Vamos a ver qué dicen ahora, si son mínimamente coherentes o si siguen pidiendo para los demás lo que no son capaces de hacer cuando les afecta a ellos", ha zanjado