No era solo el Pazo de Meirás. Lo que estaba en juego era que la Justicia avalara lo que durante años habían sostenido los historiadores fuera de los tribunales y dejara por escrito que su incorporación al patrimonio de la familia Franco no fue un regalo, sino un expolio, y que además podía corregirse. La recuperación definitiva de la residencia estival del dictador cierra una batalla de décadas y desplaza ahora el debate más allá de sus muros, dejando una pregunta abierta: ¿qué pasará con el resto de propiedades que los herederos de Franco aún conservan en Galicia?

«Más allá de que cada propiedad tiene sus particularidades y habrá que analizarlas caso a caso, el respaldo judicial sienta un precedente y abre, al menos, la posibilidad de estudiar un catálogo mucho más amplio de bienes que siguen en sus manos», explica el historiador Manuel Pérez Lorenzo, que sitúa el caso más inmediato en la conocida como Casa de las Conchas y su hórreo anexo.

Esta vivienda de gran tamaño, situada en el municipio coruñés de Sada, extramuros de Meirás pero pegada a la finca, acabó en manos de Franco y Carmen Polo en los años sesenta. Su vinculación con el pazo era tal que llegó a figurar en el propio procedimiento judicial, incluida en un primer inventario elaborado por la Abogacía del Estado, aunque terminó quedando fuera cuando se decidió limitar la demanda a los bienes situados dentro del recinto amurallado. «El interés de los Franco por adquirirla surge en 1938, tras hacerse con Meirás. Se fijan entonces en la casa, pero no logran adquirirla porque pertenecía a un particular que había emigrado a Estados Unidos», explica Pérez Lorenzo.

Hubo que esperar a su regreso, décadas después, para que la operación pudiera retomarse, no sin dificultades. Los historiadores documentan la resistencia del propietario, que retrasó el acuerdo todo lo posible, hasta que la salida se articuló desde la Casa Civil, con la implicación del entonces alcalde de La Coruña y el respaldo del Ejército, que asumió con fondos públicos la construcción de una vivienda alternativa para el dueño. Una fórmula que terminó por desbloquear la situación a cambio de que abandonara definitivamente la Casa de las Conchas.

«Luego los gastos públicos siguieron llegando», detalla Pérez Lorenzo, que explica cómo el inmueble fue objeto de una reforma integral financiada también con dinero del Estado, en la que se vació por completo su interior y se reconstruyó. Fue entonces cuando una de sus fachadas se recubrió con vieiras por iniciativa de la propia esposa del dictador, según recoge El Ideal Gallego en un número de 1981, dando lugar al nombre con el que se la conoce.

Hoy, con el precedente ya fijado, el foco empieza a estrecharse también a su alrededor: «Es lógico pensar que, con este escenario, pueda abrirse ahora el estudio de las vías jurídicas para su recuperación. Hay muchos elementos de Meirás que nunca se conocerán, piezas que se perdieron tras el famoso incendio de 1978 o que nunca llegaron a documentarse. Precisamente por eso, es importante seguir luchando por aquellos de los que al menos tenemos constancia».

La lucha por Cornide

La otra gran batalla por el patrimonio ligado a los Franco se sitúa en la Casa Cornide, un palacete barroco del siglo XVIII en el casco histórico de La Coruña que sigue hoy en manos de la familia pese a que su adquisición en 1962 aparece ampliamente documentada como una operación dirigida desde las propias instituciones. El inmueble, que había sido patrimonio público -primero del Ministerio de Educación y después del Ayuntamiento-, acabó en manos de Carmen Polo tras una subasta promovida por el Consistorio en la que solo concurrió Pedro Barrié de la Maza, banquero coruñés y una de las grandes figuras económicas del franquismo en Galicia. La adquirió por algo más de 300.000 pesetas y la revendió apenas tres días después a la esposa del dictador por 25.000.

Sobre ese proceso, el historiador Emilio Grandío elaboró en 2020 un informe que reconstruye la operación y desvela una carta enviada la víspera de la adjudicación por Ricardo Catoira, secretario personal de Franco, al subsecretario de Hacienda, en la que se detalla el mecanismo diseñado para la transferencia: «Hoy se reúne el Pleno para adjudicarla a un particular y este venderla a la Señora. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo».

Con ese contexto, el Ayuntamiento abrió hace dos años un expediente para revisar de oficio los acuerdos que permitieron la privatización. El procedimiento, previsto para seis meses, superó ese plazo y la familia Franco pidió su caducidad. Aun así, este mismo mes el pleno municipal lo mantuvo vivo por unanimidad al «apreciar interés general», lo que reactiva la vía administrativa, aunque el gobierno local de la socialista Inés Rey aún no ha concretado si anulará esos acuerdos o si dará el paso de acudir a los tribunales para intentar revertir la operación.

En paralelo, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), aprobada por la Xunta en noviembre de 2023, ha reforzado la tutela pública del inmueble sin alterar su propiedad. Para el historiador Francisco Prado-Vilar, ambos movimientos siguen una lógica conocida: «No me extrañaría que fuese el próximo objetivo. Da la impresión de que se están dando los mismos pasos que con el pazo. Primero reforzando la base documental y la protección del inmueble para, después, abrir la vía jurídica que permita su recuperación».

EL TRASPASO A GALICIA

Con todo, la reciente victoria judicial sobre el Pazo de Meirás no ha cerrado todos los frentes y deja pendiente quizá el más delicado: la indemnización. El Tribunal Supremo reconoce a los herederos como poseedores «de buena fe» y abre la puerta a una compensación que la Abogacía del Estado estudia recurrir, con el respaldo ya expresado por la Xunta si finalmente se da ese paso.

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, situó en conversación con La Voz esa eventual indemnización en «mucho más de 800.000 euros», en alusión a las reformas acometidas y al mantenimiento del inmueble durante décadas. Una cifra que ha generado rechazo tanto en el ámbito político gallego como entre expertos en patrimonio.

El historiador Francisco Prado-Vilar cuestiona de raíz esa valoración. «¿Cómo se evalúa la inversión en un pazo que hoy se encuentra en un estado bastante lamentable?», plantea. Recuerda además que el incendio de 1978 supuso «una ocasión para retirar numerosos bienes muebles sin inventario», lo que impide saber con certeza qué piezas pertenecían realmente al conjunto.

«Sabemos que no todos los bienes regresaron. Incluso esculturas tan relevantes como las del Pórtico de la Gloria fueron trasladadas a la Casa Cornide y no volvieron hasta décadas después. Además, el pazo no solo generó gastos, también fue una fuente de ingresos que se utilizó como escenario para exclusivas de la prensa del corazón», explica.

En la misma línea, Pérez Lorenzo sostiene que las intervenciones realizadas tras el incendio no pueden justificar una compensación. «El pazo permaneció durante años en estado de semirruina y posteriormente se intervino sin supervisión patrimonial, alterando o eliminando elementos de valor. Además, la familia tenía el inmueble asegurado y cobró por los daños, mientras durante años se siguieron destinando fondos públicos a su mantenimiento. No tiene sentido compensar ahora actuaciones que, en muchos casos, provocaron o agravaron deterioros», señala.

El siguiente paso será la ejecución de la sentencia y la liquidación del estado posesorio. La familia deberá acreditar con documentación los gastos que reclama, mientras las administraciones fijarán su posición. Ese será el frente más inmediato.

Después llegará el debate sobre el coste de las reformas y su posible cesión o traspaso a Galicia. En ese escenario, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció este lunes que la Xunta aspira a asumir la gestión del pazo una vez se cierre ese frente judicial y defendió la necesidad de «seguir defendiendo el interés público» del inmueble. También reclamó al Ejecutivo central que acometa las obras necesarias para garantizar su conservación y permitir su apertura completa al público «cuanto antes».

De forma paralela, la Consellería de Cultura trabaja en la actualización del plan de usos de las Torres de Meirás, que partirá del documento de 2020 e incorporará todas las etapas del inmueble, desde el legado de Emilia Pardo Bazán hasta su utilización como residencia del dictador. El objetivo es convertirlo en un espacio vinculado a la creación cultural contemporánea y a la difusión de la cultura gallega.

Para los historiadores, el futuro del pazo debe abordarse desde Galicia y con una función clara, compatible con su significado histórico. El inmueble, sostienen, tiene un «enorme potencial didáctico» para explicar el funcionamiento de una dictadura y fomentar la memoria democrática, sin desligarse de su origen vinculado a Emilia Pardo Bazán: «La museografía debe construirse con el asesoramiento de un comité de expertos amplio y diverso que garantice el rigor histórico y evite lecturas sesgadas».

En ese sentido, coinciden en que lo que ahora se decida será igualmente decisivo. La recuperación del pazo ha marcado un punto de inflexión, pero la resolución sobre la indemnización y los pasos que sigan las administraciones condicionarán el recorrido de otros casos. Porque si Meirás fijó el camino para revertir el expolio, lo que ocurra ahora con la compensación marcará también las condiciones —y el coste— de futuras recuperaciones, como las de la Casa Cornide o la Casa de las Conchas.