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Las causas penales que están vivas en los tribunales sacuden las filas socialistas y cercan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rodeado desde todos los frentes por la corrupción. Todas las investigaciones judiciales en curso llevan a la operación de ayer de la Fiscalía Anticorrupción contra la cloaca creada para desacreditar a los investigadores y proteger a Sánchez. Pero hay en torno al líder socialista y jefe del Ejecutivo una tupida galaxia criminal llena de interconexiones que hace imposible tal blindaje. Estos son los «nueve casos abiertos», en palabras empleadas por el presidente del PNV,Aitor Esteban, para defender que «sería irresponsable» que Sánchez siguiera «más allá de 2026».
Caso ya juzgado y sentenciado, con Álvaro García Ortiz inhabilitado y convertido en el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España. Acarrea una pena de inhabilitación por revelación de secretos al haber difundido en marzo de 2024 datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Tiene especial trascendencia porque constata que todo un fiscal general se prestó para urdir una operación política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hoy jueves comienza el juicio sobre el enchufe en 2017 a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Él y su amigo Luis Carrero, que fue asesor en Moncloa, están acusados de prevaricación y tráfico de influencias. También está procesado el ex candidato del PSOE a la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, que dirigía la Diputación cuando se produjo el dedazo. Ahora el auto del juez Santiago Pedraz dice que la cloaca dirigió «sucesivas denuncias infundadas» contra Beatriz Biedma, la magistrada encargada de la instrucción del hermano de Pedro Sánchez.
El juezJuan Carlos Peinado terminó el pasado abril la instrucción sobre el uso de la influencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para hacer negocios privados. Están pendientes los recursos y la decisión de si se abre juicio. Gómez está citada a una audiencia preliminar el próximo 9de junio. También están encausados Cristina Álvarez, su colaboradora directa y asesora en Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés, para el que Gómez escribió cartas de recomendación dirigidas a una sociedad pública –Red.es– cuya cúpula nombraba su marido.
Abierta en abril de 2024, es la causa que tuvo a Sánchez meditando cinco días sobre si renunciar o no a la Presidencia. Ahora el auto de Pedraz sitúa la imputación de Gómez y la Carta a la Ciudadanía escrita por Sánchez como el origen de la actividad criminal desplegada por la cloaca.
En marzo de 2021, el Gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea con pérdidas Plus Ultra, provocando las sospechas de que esa ayuda pública no estaba justificada. El caso se encuentra en fase de investigación. El presunto «líder» de la trama sería el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que se le atribuye tráfico de influencias y blanqueo de capitales, aunque en la causa se investigan también otros tipos delictivos como pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y falsedad documental. Otros investigados son el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, o 'Julito' Martínez Martínez, el testaferro de Zapatero, según la Udef, también llamado por los implicados «el lacayo» del ex presidente del Gobierno. Zapatero estaba citado ante el juez el próximo 2 de junio pero su declaración se ha pospuesto a los días 17 y 18.
También llamado caso Koldo o caso Ábalos, trata sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia, adjudicación irregular de contratos y cobro de comisiones ilegales. Ya se ha juzgado la parte principal en el Tribunal Supremo, ante el que estuvo aforado el ex ministro José Luis Ábalos, y ha quedado visto para sentencia. También esperan sentencia Koldo García, ex asesor de Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama.
Puesto que lo investigado en el Supremo estuvo muy limitado por los aforamientos, hay otra parte del caso que sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional. Incluye todo lo relacionado con la empresa que vendió mascarillas al Ministerio de Transportes (Soluciones de Gestión). También están aquí los negocios de esa sociedad con los gobiernos de Baleares y Canarias, por lo que se está revisando la implicación de los ex presidentes autonómicos Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
Se trata de una pieza separada secreta que se lleva en la Audiencia Nacional surgida de la investigación del Tribunal Supremo del caso Koldo en torno a los movimientos de efectivo en Ferraz. En el horizonte, una posible financiación ilegal del PSOE. La Fiscalía ha pedido que la declaración de Aldama y Koldo García en el juicio del caso Mascarillas se incorpore a esta causa, que se encuentra en fase de investigación. Los protagonistas son Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Es otra rama del caso Mascarillas, centrada en el amaño de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes. Se encuentra en fase de investigación y afecta a Santos Cerdán, Aldama, Ábalos, Koldo, la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero. Las imputaciones se extienden también a empresarios que supuestamente pagaron mordidas.
Investiga un gigantesco fraude del IVA en hidrocarburos. En fase de investigación en la Audiencia Nacional. Están implicados Claudio Rivas, propietario y principal responsable de Villafuel, y de nuevo Aldama. Está conectada con el caso Koldo porque que la trama quiso comprar la influencia de Ábalos para lograr la autorización para vender al por mayor. También se buscan contraprestaciones a cargos de los ministerios de Industria y Transición Ecológica.
Pieza separada del caso SEPI, también llamado caso Fontanera o caso Leire, la operación de ayer se enmarca dentro de la creación de una cloaca en el PSOE para dificultar la investigación de casos de corrupción del PSOE o del Gobierno. La eclosión de causas que acosaban a Sánchez tuvo como reacción que Leire Díez, ex concejal socialista colocada en empresas públicas de la SEPI como Enusa y Correos, empezara a buscar información que arruinase la reputación de la UCO y Anticorrupción. Se encuentra en fase de investigación en la Audiencia Nacional. El juez dirige el procedimiento contra Leire Díez, Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, entre otros. También están bajo sospecha, aunque no imputados por ahora, Juan Manuel Serrano y Juan Francisco Serrano, del núcleo duro del PSOE de Pedro Sánchez. Un juzgado de Madrid investiga en paralelo a la Audiencia Nacional esas mismas maniobras de la fontanera.
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