Garamendi pide que la Seguridad Social pague las bajas desde el primer día y las cotizaciones de los contratos de sustitución de trabajadores por IT

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en la clausura de la jornada 'Absentismo x IT: un problema de país'.EFE
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Cuando estamos a punto de pasar el ecuador del año, la patronal y los sindicatos han sido incapaces ni tan siquiera de sentarse a plantear sus propuestas para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El anterior caducó en 2025 y desde entonces los negociadores de los convenios han pactado subidas salariales y demás condiciones laborales a ciegas, sin un marco de requisitos mínimos que rija a nivel nacional. Pero si hasta ahora el pacto se atisbaba lejano, con la parálisis política impregnando todos los ámbitos de lo social y de lo económico, ayer la CEOE tensó aún más si cabe la cuerda al decretar que los empresarios van a condicionar cualquier conversación a la reducción del absentismo.
En una jornada titulada Absentismo x IT: un problema de país, organizada por la CEOE en la sede de la patronal en Madrid, una nutrida representación de las organizaciones sectoriales y territoriales más afectadas por la incidencia de las bajas médicas marcó el camino a los sindicatos: si quieren hablar de sueldos o de jornada laboral van a tener que abordar la cuestión del absentismo.
"Salarios y jornada a cambio de absentismo", resumió Manuel Piquer, presidente de la patronal navarra. El propio Antonio Garamendi recordó durante su intervención en la clausura del acto que ya en 2023, cuando en esa misma sala CEOE y Cepyme condicionaron la firma del acuerdo nacional de convenios a la visibilización del problema que representa el absentismo por incapacidad temporal, se situó este asunto "en la agenda pública". A juicio del presidente de la patronal, a estas alturas "ya nadie discute que esto es un problema en España".
La escalada de las bajas en los últimos años ha sido de tal magnitud que ya suponen una factura de hasta 33.000 millones de euros, de los que unos 17.000 los pagan las empresas y el resto son asumidos por la Seguridad Social. Y para atajar este coste, Garamendi puso ayer sobre la mesa varias medidas. En resumen: reforzar las plantillas de profesionales sanitarios y de inspectores de los servicios públicos de salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social; potenciar las competencias de las mutuas; adelantar los controles al trabajador de baja por parte de la inspección médica, de modo que se incorporen evaluaciones a los tres, seis y nueve meses, sin tener que esperar al año; y que la inspección médica del INSS asuma el control en los procesos de IT cuya reiteración supere la frecuencia habitual.
Dicho esto, el presidente de la CEOE lanzó una serie de propuestas dirigidas a reducir el coste que asumen las empresas. Siempre, insistió, "mientras que no se tomen esas medidas para mitigar las consecuencias que el deficiente funcionamiento de los servicios públicos está causando en las empresas". Y directamente reclamó que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de los procesos de IT por contingencias comunes (ahora la empresa paga del día 4 al 15), así como que se exonere a las compañías de las cotizaciones en los procesos que duren más de 365 días y en los contratos de sustitución de trabajadores de baja por incapacidad temporal.
Líneas rojas
Hace ya varios meses que el Ministerio de Seguridad Social mantiene abierta una mesa de negociación con la patronal y los sindicatos para abordar la IT, pero las conversaciones están en punto muerto. Consultados por la propuesta de Garamendi, desde el departamento que dirige Elma Saiz se limitan a indicar que "la mejora de la gestión de la incapacidad temporal y la facilicitación de la recuparación de la salud de los trabajadores es un asunto capital para el Gobierno y, por ello, desde hace varios meses se está abordando en la mesa de diálogo social, donde se han logrado varios importantes acuerdos en las últimas legislaturas".
Los sindicatos, por su parte, mantienen la línea roja en el propio concepto de "absentismo". En CCOO y UGT están dispuestos a hablar de salud laboral, de prevención de riesgos laborales, de salud mental o de cargas de trabajo, entre otros asuntos, pero se niegan a asumir que España tiene un problema económico por las personas que faltan a su puesto de trabajo por estar enfermas.
Además, rechazan por completo medidas como la limitación de los complementos que pagan las empresas para mejorar las prestaciones de IT, que fueron propuestas ayer en la jornada empresarial de la CEOE. En su último comité confederal, UGT aprobó por unanimidad que "las cláusulas establecidas en los convenios colectivos que mejoran las prestaciones por incapacidad temporal son una garantía en defensa de la salud de las personas que trabajan. En consecuencia, no podrán ser alteradas, ni modificadas, en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores, incorporando esta resolución como guía obligatoria de la negociación colectiva del sindicato".




























