EL 22 de octubre de 2025 se cerr� el plazo para que los descendientes de exiliados y emigrantes espa�oles recuperaran la nacionalidad de sus abuelos al amparo de la Ley de Memoria Democr�tica. La magnitud del fen�meno es indiscutible. Lo que no est� tan claro es su significado pol�tico. Seg�n los �ltimos datos del Ministerio de Pol�tica Territorial y Memoria Democr�tica, se hab�an formalizado cerca de 900.000 expedientes y ya se hab�an concedido m�s de 200.000 nacionalidades. La presidenta del Consejo General de la Ciudadan�a Espa�ola en el Exterior, Violeta Alonso, elev� en noviembre la cifra potencial hasta los 2,3 millones, al incluir las citas pendientes que el Ministerio de Justicia se comprometi� a tramitar, aunque su resoluci�n se prolongue hasta finales de esta d�cada. La clave de este volumen est� en la ampliaci�n del acceso respecto a la ley anterior: nietos sin l�mite de edad e hijos mayores de quienes ya se hab�an acogido a la norma de 2007. Con una tasa de denegaci�n estimada entre el 1% y el 2%, todo apunta a que el Padr�n de Espa�oles Residentes en el Exterior pasar� de los 3,2 millones actuales a superar con holgura los cinco. El volumen ha consolidado en los �ltimos meses un marco interpretativo recurrente en columnas, tertulias y entrevistas: la ley ser�a, en realidad, una operaci�n de ingenier�a electoral destinada a fabricar votantes para la izquierda. El problema de ese marco no es que sea partidista, sino que ni siquiera est� claro que funcione.

Empecemos por lo que s� es verdad. El impacto demogr�fico es enorme y no tiene precedentes recientes. La Ley de Memoria Hist�rica de 2007 recibi� algo m�s de 500.000 solicitudes en tres a�os; la de Memoria Democr�tica, en el mismo plazo, supera ya las 876.000 y podr�a alcanzar los 2,3 millones cuando se incluyan las citas pendientes. Adem�s, la distribuci�n geogr�fica est� muy concentrada: los consulados espa�oles en Argentina concentran cerca del 42% del total; a distancia, La Habana (12%), Brasil (11%), M�xico (10%), Chile (5%) y Venezuela (2,5%). El efecto ya se deja notar en el censo. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha pasado de 2,14 millones de electores en 2019 a 2,66 millones a 1 de enero de 2026, un crecimiento del 24% que, adem�s, se acelera a partir de 2023. Si el PERE alcanza los cinco millones que proyecta el Consejo, el CERA podr�a acercarse a los cuatro millones a finales de esta d�cada, sobre un censo total de unos 37 millones. Estamos, por tanto, ante un cambio estructural que no tiene sentido minimizar.

Pero censo no es voto. La participaci�n del CERA ha sido hist�ricamente vol�til. Antes de la reforma de 2011, que introdujo el voto rogado, se mov�a entre el 21% y el 36%, en l�nea con otras democracias con voto exterior. Con el voto rogado se desplom� al 4% o 5%, un hundimiento del que el sistema no se recuper� en toda una d�cada. La supresi�n de ese requisito en 2022 corrigi� parcialmente la ca�da, pero sin volver a los niveles previos: en las generales del 23-J vot� en torno al 10% del censo exterior, unos 233.000 electores. Esa es la cifra relevante, no los 2,3 millones que circulan en el debate p�blico.

Como han mostrado Daniela Vintila, Carles Pamies y Marta Parad�s en European Political Science, existen diferencias claras entre el voto interior y el exterior, pero rara vez son lo bastante intensas como para alterar la asignaci�n de esca�os, y menos a�n el resultado global. Es cierto que el voto CERA movi� un esca�o del PSOE al PP en Madrid en 2023, en un recuento decidido por d�cimas. Pero una cosa es que pueda inclinar la balanza en un caso l�mite y otra muy distinta que determine el sentido de una elecci�n. Para que eso ocurriera de forma sistem�tica, como han se�alado los mismos autores, un partido tendr�a que doblar su apoyo en el exterior respecto al interior. Y eso, sencillamente, casi nunca ocurre.

Entramos as� en el tercer malentendido, el m�s sensible: a qui�n beneficia ese voto. La tesis dominante sostiene que la izquierda est� nacionalizando a sus futuros votantes. �Qu� dicen los datos? Los microdatos del CIS, que incluyen lugar de nacimiento y nacionalidad, permiten aproximarse al comportamiento de los extranjeros nacionalizados que residen en Espa�a. Algunos an�lisis sit�an el voto m�s simpat�a del bloque progresista -PSOE, Sumar y Podemos- en torno al 47%, frente al 40% de PP y Vox. La ventaja existe, pero el promedio oculta m�s de lo que revela. Al desagregar por pa�s de origen, el supuesto bloque se descompone: marroqu�es y argentinos se inclinan a la izquierda, mientras que venezolanos y, en menor medida, cubanos lo hacen hacia la derecha. No hay, por tanto, un electorado inmigrante homog�neo, sino perfiles muy distintos seg�n la trayectoria migratoria.

Pero hay dos cautelas importantes. La primera es t�cnica: los extranjeros nacionalizados responden a las encuestas en menor medida que la media, lo que obliga a leer estos datos como indicios, no como una fotograf�a precisa. La segunda es m�s de fondo. Estos datos capturan a nacionalizados que viven en Espa�a, es decir, a una poblaci�n que ha pasado por un proceso de selecci�n -econ�mico, laboral y tambi�n de valores-. Los beneficiarios de la Ley de Memoria Democr�tica son, en su gran mayor�a, residentes en sus pa�ses de origen que no han emigrado a Espa�a. No son la misma poblaci�n. Extrapolar del primer grupo al segundo es, estrictamente, un error de inferencia. Lo honesto es admitir que no sabemos con fiabilidad c�mo votar�an esos nuevos nacionales desde Buenos Aires, La Habana o Ciudad de M�xico. Y, a la vista de su composici�n, todo apunta a un electorado demasiado heterog�neo como para convertirse en el granero electoral de nadie.

Queda, en todo caso, una cuesti�n de dise�o que merece una discusi�n serena: la adscripci�n municipal. La LOREG y las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral asignan al elector CERA el municipio de su �ltima residencia en Espa�a o, si nunca ha vivido all�, el de mayor arraigo propio o familiar. Quien quiera inscribirse en otro debe acreditarlo documentalmente. No es una elecci�n completamente libre. S� plantea, en cambio, un problema conceptual que la Ley de Memoria Democr�tica tensiona de forma evidente: el propio concepto de �arraigo� se diluye cuando hablamos de nietos o bisnietos nacidos fuera de Espa�a. En provincias peque�as con fuerte tradici�n emigrante -Le�n, Salamanca, Zamora, Lugo, Ourense- el CERA ya representa una parte significativa del censo. La participaci�n efectiva sigue siendo baja, pero su efecto sobre el reparto por el sistema D'Hondt no es irrelevante en resultados ajustados.

Hasta aqu� el impacto pol�tico inmediato. Pero hay una cuesti�n m�s de fondo. �Tiene sentido que la representaci�n de una di�spora que camina hacia los cinco millones se articule mediante su adscripci�n a provincias donde nunca ha residido? Italia resolvi� la cuesti�n en 2001 con una Circoscrizione Estero que actualmente elige ocho diputados y cuatro senadores en cuatro subdivisiones geogr�ficas. Portugal tiene cuatro diputados propios para los residentes en el exterior. La soluci�n permite que los emigrantes tengan representantes con mandato espec�fico sobre los problemas reales de la di�spora -consulados, homologaciones, pensiones, fiscalidad- y hace expl�cito y acotado su peso institucional, en lugar de diluirlo en circunscripciones donde su residencia es una convenci�n administrativa. Pero el debate importante que la Ley de Memoria Democr�tica obliga a abrir no es si reparte votos a un partido u otro. Es si nuestro marco electoral, dise�ado para una Espa�a de 35 millones de residentes, sigue siendo adecuado cuando uno de cada diez electores vive fuera. Seguir ignor�ndolo no evitar� el problema; solo lo pospondr�. La cuesti�n ya no es ideol�gica, sino institucional: adaptar las reglas a una realidad demogr�fica que ya ha cambiado.