Editorial
La muerte de los dos guardias civiles constata el fracaso pol�tico del Ministerio del Interior para contener la expansi�n del crimen organizado
Embarcaciones de la Guardia Civil en Huelva tras el accidente.ARABA PRESS
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La muerte de los guardias civiles Jer�nimo Jim�nez y Germ�n P�rez durante una persecuci�n de narcolanchas frente a las costas de Huelva constituye una nueva tragedia que retrata el deterioro de la seguridad en el sur de Espa�a y el fracaso pol�tico del Ministerio del Interior para contener la expansi�n del crimen organizado. Dos a�os despu�s del asesinato de otros dos agentes en Barbate a manos de traficantes, el Estado vuelve a llorar a servidores p�blicos enviados a combatir con medios claramente insuficientes contra redes cada vez m�s violentas, m�s armadas y m�s enraizadas en el tejido social.
Lo ocurrido revela la presi�n extrema bajo la que trabajan los agentes del Servicio Mar�timo en una zona convertida en corredor estrat�gico del narcotr�fico europeo. La consolidaci�n de los clanes, el uso de armas de guerra, la multiplicaci�n de alijos y la sensaci�n de impunidad han transformado el Campo de Gibraltar y la desembocadura del Guadalquivir en un territorio sometido a una peligrosa descomposici�n social. El narco no s�lo mueve droga: corrompe instituciones, intimida a familias, atrae a j�venes sin expectativas y erosiona la autoridad del Estado.
Lo m�s grave es que todas las advertencias ya hab�an sido formuladas. Las asociaciones y sindicatos de guardias civiles llevan a�os denunciando la falta de medios humanos y materiales, y pidiendo que se les declare profesi�n de riesgo. Tambi�n la Fiscal�a Antidroga ha alertado repetidamente del debilitamiento operativo tras el desmantelamiento del OCON-Sur, la unidad de �lite que hab�a golpeado con eficacia a las organizaciones criminales. La propia memoria de la Fiscal�a General del Estado relacion� la disminuci�n de incautaciones y procedimientos penales con una menor presi�n policial. Aun as�, Fernando Grande-Marlaska ha insistido en transmitir una imagen de control incompatible con la realidad sobre el terreno.
Resulta especialmente inquietante que esta degradaci�n coincida con una creciente infiltraci�n del narcotr�fico en el sistema: redes con capacidad para penetrar en estructuras policiales, mover millones de euros y actuar con una violencia cada vez m�s sofisticada. Entre otros motivos, porque, desde la irrupci�n de la coca�na, los narcos se juegan la vida si pierden su carga. Cuando esto sucede, lo que est� en juego trasciende la delincuencia com�n y afecta a la propia seguridad del Estado. La respuesta institucional no puede limitarse otra vez a p�sames oficiales, funerales y promesas de refuerzo.
La suspensi�n de actos de campa�a en Andaluc�a refleja la conmoci�n pol�tica provocada por estas muertes. Pero el verdadero desaf�o empieza despu�s. Porque mientras el Gobierno siga minimizando la gravedad del fen�meno y tratando el narco como un problema epis�dico, las mafias continuar�n ganando terreno. Y quienes seguir�n pagando el precio ser�n los guardias civiles enviados a defender una frontera que el Estado ha dejado peligrosamente desguarnecida.