Por encima de todo late una grave anomalía: la ausencia de explicaciones y de responsabilidad política
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Esto no son matemáticas, pero salvo que la Audiencia retrase más de lo habitual los recursos o revoque la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez ante un jurado, el calendario judicial corriente situaría una fecha posible del juicio contra la esposa del presidente a principios de 2027. Ninguna previsión sobre la convocatoria de las elecciones generales y el final de esta legislatura inerte debería eludir esta expectativa. El anuncio de los Presupuestos es la prueba de que Sánchez necesita ya una salida y de que cumplirá el deseo del PNV. Esas cuentas condenadas al fracaso serán un programa electoral y pura demagogia para evitar que los españoles conecten su precariedad diaria con el secuestro institucional del país. «Marzo», susurraban esta semana desde La Moncloa.
La eventual coincidencia con el espectacular psicodrama que representaría la escenificación ante nueve ciudadanos de las acusaciones contra Begoña Gómez implicaría un detonante emocional de alto voltaje. El jurado dramatizaría el proceso y lo haría hipertelevisivo y electrizante, como en tantas películas americanas. Para un presidente que ha convertido la vulnerabilidad de su familia en un desafío al Estado, sería la oportunidad de completar el guion que comenzó a escribirse en la carta a la ciudadanía y de hacer desembocar su mandato en un plebiscito personal en torno a su liderazgo carismático, articulado sobre el frente amplio y construido sobre la pancarta del lawfare. Los argumentos desmesurados e impropios de un sistema de garantías con los que el juez justificó ayer la retirada del pasaporte a la esposa de un primer ministro europeo favorecen el victimismo gubernamental y comprometen la credibilidad del procedimiento.
Y, sin embargo, ante un jurado los hechos quedarían inevitablemente expuestos a la clara luz de la opinión pública. Esta es la fortaleza del auto de ayer, singularmente el más ordenado de todos los que se han dictado en la causa: la enumeración abrumadora y detallada de los hechos y su pulcro encaje indiciario en los tipos penales. El conjunto ofrece el retrato cristalino de un uso patrimonial del poder: Begoña Gómez tejió alrededor de Moncloa un círculo de élite para aprovechar la posición institucional de su marido como trampolín de influencia. Esto es lo que el propio fiscal que pide el archivo del caso considera situaciones que «pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático».
No es normal que la esposa del jefe del Gobierno capte desde la sede presidencial fondos para sus actividades privadas procedentes de empresas reguladas o participadas por el Estado. Tampoco que firme cartas de recomendación para que resulte adjudicatario de contratos públicos el empresario que ayudó a dotar de contenido su máster. Ni que grandes compañías como Google, Telefónica e Indra aporten gratis a su cátedra un software valorado en 150.000 euros y ella registre a su nombre la plataforma que lo ofrece de espaldas a la Universidad. Por encima de todo late una anomalía más grave: la ausencia de explicaciones y de responsabilidad política.
Tiene razón el Gobierno en la abierta contradicción de que a Begoña Gómez se le prohíba salir de España pero no al presunto «vértice» de una organización criminal como Zapatero. Sánchez ha decidido dispensar al ex presidente un trato equivalente al del núcleo familiar y ha concedido carta de naturaleza al sorprendente argumentario de cohesión tribal de Miguel Sebastián. La coartada que pretenden hacer creer a los ciudadanos es que el mismo Zapatero que ordenó los recortes que anticiparon años de sacrificios, desolación y desahucios ya guardaba en su caja fuerte, cuando lo hizo, los collares de zafiros, esmeraldas y rubíes que le había regalado el rey de Arabia. Pero sin ninguna voluntad de enriquecerse, rutina protocolaria. «Todos los presidentes reciben regalos». Antes se hacía así, está prescrito. La banalización de la corrupción. A este punto de desdoblamiento moral ha llegado Zapatero y a él quiere arrastrar Sánchez a sus bases fanatizadas.
El ex presidente sale mucho peor, política y procesalmente, del interrogatorio en la Audiencia Nacional, incapaz de refutar ni uno solo de los «rotundos» indicios de corrupción. Y con sus hijas imputadas. Ábalos le dijo hace un mes a Juanma Lamet que «si cae Zapatero, cae todo; después de Sánchez no hay nada». Parece que el presidente también lo ha interpretado así: si «José Luis» se desploma, se viene abajo un pilar de carga. Una genealogía política. Sánchez actúa como si la caída de Zapatero fuera una amenaza existencial para su propio sistema de legitimidad. No es sólo un aliado en apuros, sino una reserva simbólica. Si el juicio a Begoña le aporta un combustible sentimental, el ex presidente le presta todavía un decorado de superioridad moral.