La Fiscalía pedía para él 11 años de cárcel por el cobro de mordidas en adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia
Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero", en una imagen de archivo.EFE
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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto de los delitos de prevaricación, cohecho y malversación a las cinco personas acusadas en la pieza E del caso Taula, relativa a la adjudicación de diferentes contratos por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2006. Entre los que se libran de la cárcel está el autodenominado "yonqui del dinero" Marcos Benavent, el ex gerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia que un día mutó ante los medios para asegurar que estaba arrepentido de todo y señalar a dirigentes del PP. La Fiscalía pedía para él 11 años de cárcel.
Pero tras analizar la prueba practicada durante el juicio, que se celebró entre los días 26 de enero y 19 de febrero de este año, el tribunal ha concluido que no hay pruebas del amaño de esas contrataciones ni del cobro de mordidas por parte de los acusados. Por ello, han resultado también absueltos Vicente Burgos, ex gerente de la Fundación Jaume II El Just, y los empresarios adjudicatarios de los contratos Carlos Vicent, Carlos Turró y Enrique Alexandre.
La sentencia, que consta de 79 páginas y ha sido notificada este lunes a las partes, no es firme, y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación particular, solicitaron para los acusados penas de entre tres y 11 años de prisión.
Los contratos bajo sospecha que han sido examinados por el tribunal tenían por objeto obras de limpieza, mantenimiento y restauración de edificios y monumentos históricos de Valencia como la Lonja y las Torres de Quart, así como la logística y la publicidad de la XXVII Mostra de València. Esos contratos fueron adjudicados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento que gobernaba entonces Rita Barberá. La Concejalía la dirigía la concejala fallecida María José Alcón, que era pareja de Vicente Burgos y que estuvo investigada en su día por esta causa.
El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia considera que no ha quedado "acreditado en debida forma" que Marcos Benavent no trabajara entre 2003 y 2007 en la Fundación Jaime II El Just, dedicada a la recuperación del patrimonio valenciano, que fue extinguida en diciembre de 2017 por la Generalitat Valenciana con pérdidas de 13,5 millones que fueron asumidas por las cuentas públicas.
No obstante, los magistrados también basan la absolución en que el delito de malversación estaría prescrito. La Sala descarta en cambio, en el apartado de las cuestiones previas planteadas por las defensas, la nulidad de actuaciones por otros motivos, como la incorporación a la causa de las grabaciones de audio que dieron origen a la investigación del caso Taula en 2015 y a la apertura posterior de sus diferentes piezas.
En todo caso, el examen de esas grabaciones, junto con las declaraciones de los testigos y peritos y el análisis de documentos, conduce al tribunal a no declarar probada la concurrencia de delitos de prevaricación y cohecho por los contratos de Cultura.
"De la valoración conjunta de todas las pruebas, podemos concluir que, de un lado, no se ha detectado ninguna 'grosera evasión o alejamiento de los trámites procedimentales, ni una adjudicación contraria a los criterios de adjudicación' para determinar la existencia de un delito de prevaricación", recoge la sentencia, a modo de ejemplo, sobre la Mostra de Cine.
Tampoco las supuestas "mordidas" que habría percibido Benavent por parte de los empresarios encausados están, a juicio de la Audiencia, "debidamente acreditadas", pues no resultan "suficientes" para declararlas probadas unas "conversaciones entre dos implicados".