La CNC pide al Ejecutivo ajustarla Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación en el nuevo 'plan anticrisis'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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Con la escalada del conflicto en Oriente Medio, las alertas se han encendido en todos los sectores y el de la construcción no ha sido la excepción. El aumento de costes de producción ya afecta a nueve de cada 10 constructoras españolas, mientras que al menos el 56% ha ralentizado su actividad desde el inicio de la guerra y el 22% advierte de las repercusiones que tenga en el empleo si el conflicto continúa a largo plazo. Por esto, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) elevó su preocupación hasta el Ejecutivo a través de una carta a Pedro Sánchez a la que ha tenido acceso este periódico donde exige «adaptar el marco regulatorio de la contratación pública a la realidad económica actual».
La situación ha escalado a tal punto que incluso con la firma de un acuerdo de paz, que supone reducir parte de la incertidumbre geopolítica, «el encarecimiento de las materias primas, la energía, el transporte y otros insumos esenciales sigue ejerciendo una presión significativa sobre la actividad económica y, de forma particular, sobre la contratación pública», explica la patronal; sobre todo en el contexto de las proyecciones del Banco de España que sitúan la inflación en un 3,6%.
Todo esto frena la construcción tanto del desarrollo de infraestructuras «necesarias para reforzar la competitividad y la cohesión territorial de España», como para ampliar el parque de viviendas en medio de la crisis residencial que ya tiene varios activos sin promover por los costes del sector.
España cuenta con al menos siete millones de viviendas potenciales aprobadas por ayuntamientos a nivel nacional y si estos se ejecutaran solo en las 15 zonas con más demanda, esto permitiría aumentar el parque residencial un 18%. según datos publicados por Funcas. Recientemente, el Banco de España agravó el déficit de vivienda en 750.000 viviendas, por lo que movilizar estos suelos vacíos en las zonas más tensionadas supondría casi duplicar la cantidad necesaria.
Sin embargo, con la actual regulación, al que se le añaden las tensiones inflacionistas, quedan paralizados en «manos muertas», según Ignacio Ezquiaga, investigador del think tank; «es decir, que no les interesa promoverlo». De hecho, el bloqueo del suelo es uno de los principales cuellos de botella de sector, ya que los proyectos que permanecen atrapadas en suelos que no son finalistasdeben superar un proceso administrativo que se antoja «interminable» para ver la luz y dura entre 10 y 15 años. Además, el aumento de costes de materiales -que se ha agravado con la crisis de Oriente Medio- y la escasez de mano de obra lastran aún más la actividad. Por ejemplo, los materiales bituminosos (como betún y láminas asfálticas para la impermeabilización y sellado de cubiertas) se han disparado más de un 45% desde 2021, mientras que el cemento ha acumulado una subida del 43,2%, el aluminio de 40,9%y la madera del 24,7%.
La CNC pide al Ejecutivo «ajustarla Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su ámbito a los contratos públicos de obras» en el nuevo plan anticrisis que anunciará el próximo 30 de junio -cuando el actual decaiga-; con el objetivo de incorporar mecanismos de estabilización de precios que garanticen el adecuado equilibrio económico de los contratos y la correcta ejecución de los proyectos.