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Junts no permanece ajeno al debate sobre el endurecimiento de los requisitos a los inmigrantes para acceder a ayudas p�blicas. La formaci�n que dirige Carles Puigdemont lleva meses elaborando el que ha venido a bautizar como Plan 8 millones, en alusi�n al n�mero de habitantes que actualmente ha alcanzado Catalu�a tras ver incrementados en los �ltimos a�os los flujos migratorios a la comunidad. La direcci�n analiza y corrige actualmente una propuesta de su sectorial de migraciones que plantea diferentes fases para que los extranjeros llegados a la autonom�a puedan gozar de todos los derechos sociales.
En ese borrador, tal y como confirman desde la direcci�n de Junts a EL MUNDO, el �ltimo escalaf�n lo forman lo que el plan de Junts denomina �derechos de alta intensidad�. Para acceder a ellos, los potenciales beneficiarios necesitar�an demostrar �m�s integraci�n�, m�s arraigo. El ejemplo m�s paradigm�tico de esos derechos ser�a el acceso a vivienda protegida.
En esa l�nea, el alcalde de Sant Cugat del Vall�s -la mayor poblaci�n que hoy gobierna Junts, con 97.000 habitantes- viene reclamando desde hace un a�o aumentar de tres a diez los a�os m�nimos de empadronamiento en el municipio para acceder a un piso social, el mismo tiempo que PP y Vox plantean en su pacto de investidura en Extremadura para la compra de vivienda social. Para Junts, esa d�cada podr�a acumularse �de forma continua o discontinua�.
En marzo del pasado a�o, el partido independentista present� la moci�n en Sant Cugat en que planteaba la ampliaci�n a diez a�os de empadronamiento e instaba a los grupos pol�ticos del Parlament de Catalu�a a iniciar las modificaciones legislativas necesarias para variar este �principio rector del acceso a la vivienda p�blica�. Asimismo, el texto ped�a al Govern de Salvador Illa asumir la propuesta y �habilitar los mecanismos extraordinarios necesarios� para hacerla efectiva en la promoci�n de 50.000 viviendas p�blicas que el Ejecutivo socialista ha prometido construir antes de 2030.
Al ser elevada al Parlament el pasado octubre, la moci�n fue tumbada, despu�s de recibir �nicamente el apoyo del PP y Vox. Alian�a Catalana -que libra un pulso directo con Junts por la cuesti�n migratoria- se abstuvo, y las formaciones de izquierda, esto es, el PSC, ERC, los Comunes y la CUP, se opusieron.
Pero Junts no se ha quedado de brazos cruzados tras el portazo de la C�mara catalana, pues, en paralelo, est� impulsando en Sant Cugat inspecciones exhaustivas para detectar fraudes en el padr�n municipal para acceder a ayudas sociales u optar a pisos de protecci�n oficial. En agosto de 2025, el Consistorio detect� 300 empadronamientos fraudulentos. Y, en el �ltimo a�o, ha dado de baja del padr�n a 4.000 personas, tras comprobar que no resid�an en el municipio.
Adem�s, ha endurecido el control del padr�n: aunque el tr�mite se puede iniciar telem�ticamente, ha pasado a ser obligatorio para completarlo acudir f�sicamente al Ayuntamiento a identificarse en un plazo de tres meses. De lo contrario, se activa autom�ticamente una inspecci�n domiciliaria para corroborar la identidad del empadronado. A ello se suman m�s inspecciones aleatorias para detectar fraudes y sobreocupaci�n de pisos con mucho movimiento de convivientes empadronados.
El refuerzo de los requisitos para acceder a los servicios sociales m�s preciados va en la l�nea de lo ideado por el Partido Popular. Tal y como detall� este peri�dico, los populares no asumen el t�rmino �prioridad nacional� tal y como est� siendo planteado por Vox, a pesar de figurar as� expresado en el pacto de investidura entre las dos formaciones para gobernar Extremadura. El partido presidido por Alberto N��ez Feij�o plantea un punto intermedio en el que se incentiva la ayuda social e inmobiliaria a quienes tienen mayor �vinculaci�n� con el territorio -en funci�n de los a�os de empadronamiento y del �arraigo� que demuestren de manera efectiva-, pero sin filtrar destinatarios en funci�n �del pasaporte�.
Una propuesta que guarda bastante similitud con la que propone Junts. La moci�n de los neoconvergentes en Sant Cugat hace especial �nfasis en la necesidad de reforzar �el sentimiento de pertenencia� al municipio, al que concede �un papel fundamental en el arraigo de las personas al territorio�. En ning�n momento, el partido independentista distingue entre extranjeros y nacionales, como pretende Vox al querer privilegiar a los espa�oles en la concesi�n de ayudas en detrimento de los inmigrantes que no cuentan con la nacionalidad espa�ola.
El control de la pol�tica migratoria es un elemento b�sico para Junts, como prob� el acuerdo alcanzado con el PSOE para la delegaci�n de competencias de extranjer�a a la Generalitat, que no se ha hecho efectiva por la falta de apoyos parlamentarios para tramitarla en el Congreso, donde Podemos sigue neg�ndose a validarla.
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