Nueve delitos le han caído en firme a José Luis Ábalos. Repuesto del shock, el ex ministro socialista empezará a echar cuentas penitenciarias para atisbar cuál puede ser su siguiente día en libertad. Queda muy lejos. La suma de las penas impuestas es de 24 años y tres meses de prisión que, siendo mucho, no es tanto como parece. Se aplica una regla del Código Penal que pone como límite máximo de cumplimiento efectivo el triple de la pena individual más alta impuesta en alguno de los delitos. En este caso, es el de pertenencia a una organización criminal. Los cinco años y seis meses por ese delito implican que la pena real para Ábalos es de 16 años y medio de cárcel.
Sobre esta cifra hará el resto de cálculos. Lo que tendrá más a mano serán los permisos ordinarios de salida, que pueden empezar a disfrutarse cuando se cumple la cuarta parte de la pena. En este caso serían cuatro años, un mes y 15 días. Eso lleva hasta abril de 2029, teniendo en cuenta que Ábalos empezó a cumplir condena, aunque fuera por anticipado, el pasado noviembre, cuando el Supremo le envió a prisión provisional ante la inminencia del juicio.
Los cálculos para algo mejor que salir unos pocos días y tener que volver, es decir, el tercer grado, no son buenos para el interno. Que ese mismo delito de pertenencia a organización criminal implica rebase los cinco años supone que se le aplica de forma automática el llamado periodo de seguridad. Eso se traduce en que no se le podrá conceder la semilibertad hasta que haya cumplido, al menos la mitad, de la pena. No sucederá hasta febrero de 2034.
Ábalos tiene 66 años y el Reglamento Penitenciario tiene un artículo que facilita «la libertad condicional de septuagenarios», como hace con los enfermos muy graves con padecimientos incurables. Elimina el requisito de haber cumplido tres cuartas de la pena, pero no otros. Por ejemplo, haber obtenido antes el tercer grado. Así que, aunque cumpla los 70 a finales de 2029, para esa libertad condicional seguirá teniendo que esperar al menos hasta 2034, cuando se le abre la puerta al tercer grado.
Ni los permisos ni la semilibertad son algo seguro. Si Ábalos se empeña en mantener el discurso de última palabra en el juicio y no reconocer su actividad delictiva, es previsible que se retrasen. Que se haya dictado ya condena firme no implica que no pueda resultarle útil al ex ministro colaborar con la Justicia. Hacerlo podría acelerar los beneficios penitenciarios. Ya lo hizo el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, que tras recibir la primera condena intensificó una colaboración que hasta entonces había sido vacilante.
Las autoridades penitenciarias tendrán siempre a mano la vía del 100.2 , el artículo del Reglamento Penitenciario que permite conceder la semilibertad casi sin requisitos. Es el que se ha usado, por ejemplo, para excarcelar a miembros de ETA.
Para todas estas cuentas el ex ministro estará en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria que corresponda a la prisión -previsiblemente en Madrid- y del Tribunal Supremo. A este, como tribunal sentenciador, le corresponderá autorizar lo más relevante: el paso a tercer grado o la libertad condicional.
Esto podría cambiar si le llega alguna nueva condena en la Audiencia Nacional, donde sigue investigado por presunta corrupción en obras públicas. En ese caso, pasaría a manos de la Audiencia.
El tenebroso panorama penitenciario del ex ministro es el resultado de que el Supremo haya dado por probado todo lo que le atribuía el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Reflejo de ello es que las penas son casi idénticas a las que reclamaba el Ministerio Público. Estos son los hechos que el Alto Tribunal da por probados y su traslación delictiva.
Las penas más altas (cinco años y medio a José Luis Ábalos, cinco a Koldo García) corresponden al delito que lo engloba todo: la pertenencia a una organización criminal que conformaron los tres acusados cuando Ábalos accedió a Transportes y contactó con el empresario. «En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. [...] Convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama».
Lo primero de todo fue ponerse un sueldo. El empresario aceptó pagar 10.000 euros mensuales «para atender los gastos fijos de José Luis Ábalos, al que se sumarían otras cantidades». El cohecho se prolongó 34 meses. Dos de las mensualidades se recogieron en República Dominicana. Además, Aldama tentó al ministro con un piso en la Castellana de Madrid que Ábalos tuvo bajo su control como garantía de que acabaría cobrando todas las comisiones prometidas.
El primer negocio llegó con la pandemia, aprovechando la necesidad de compra de material sanitario. Los condenados utilizaron la «ascendencia» de Ábalos para que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas de Puertos del Estado y Adif, dependientes de Transportes.
El Supremo indica que, sobre una previsión de compra de 60 millones de euros, Ábalos y Koldo reclamaron dos millones y medio millón, respectivamente. Las cifras las anotó Aldama en sus previsiones de gastos. Los hechos se traducen en el doblete delictivo de cohecho y tráfico de influencias. Se descarta el uso de información privilegiada, dado que era notorio que el Gobierno estaba a la búsqueda de material sanitario.
Por entonces, Ábalos mantenía una relación sentimental con Jésica Rodríguez. «Aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro», hizo gestiones para que «fuera contratada por alguna empresa Pública». Y, además, «sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral». Fue contratada por Ineco y Tragsatec, lo que le vale a Ábalos el delito de tráfico de influencias. Que además no fuera jamás a trabajar, con conocimiento del ministro, le añade malversación.
La ex pareja de Ábalos Jésica Rodríguez, a su entrada en el TS.J. BARBANCHO
A eso se suman las gestiones para que Aldama, además de la mensualidad, se hiciera cargo «como gasto fijo» de un piso de lujo en la Torre de Madrid para alojar a su novia. Por este cohecho se acabaron abonando 82.295 euros.
No solo colocó y puso piso a su pareja sentimental. También entabló «una relación personal» intensa con una militante socialista a la que conoció en un mitin en Gijón. También a ella, Claudia Montes, le buscó un puesto público en Logirail, que también colgaba de Transportes. Además, cuando ella decidió no ir a trabajar, Koldo se encargó de que se volatilizara el expediente que se le había abierto. Otro tráfico de influencias.
Debido a la crisis provocada por la pandemia, al ministro le llegó otra petición de Aldama: que Transportes emitiera una nota de prensa que anticipara la concesión del rescate a Air Europa para tranquilizar a los acreedores. «Ábalos, asumió la petición y encargó la redacción de una nota», dice el Supremo. La contraprestación fueron 10 días gratis en un chalé de Marbella. El Supremo atribuye la decisión de este cohecho a Aldama, dejando fuera una vinculación directa a la aerolínea.
El chalé en Cádiz del que Ábalos fue arrendatario gratis.GOGO LOBATO
El Supremo examina también lo sucedido en relación con Villafuel, una sociedad que buscaba una licencia de hidrocarburos sin cumplir los requisitos. El tribunal no ve probado el tráfico de influencias para que se le concediera, principalmente porque Transportes no era el ministerio competente. Pero sí se demostró en el juicio que los responsables de la sociedad compraron un chalé para el ministro que debía servir de pago a las gestiones. Ábalos lo disfrutó unos meses, hasta que su intervención se demostró infructuosa y, además, fue cesado. Perdió el chalé, pero el cohecho se quedó.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。