El Gobierno ha reforzado el poder de los estudiantes en las universidades. Lo que los profesores ense�an cada curso tendr� que contar con el visto bueno de los alumnos, que tambi�n participar�n en la elaboraci�n de normativas que les afecten e incluso ayudar�n a confeccionar aquellas que tengan que ver con sus propias huelgas estudiantiles. Por primera vez, el paro acad�mico se legitima y se reconoce como un derecho.

Son cambios recogidos en el borrador del proyecto de real decreto del Estatuto del Estudiante Universitario. El texto, del Ministerio de Diana Morant, deroga uno similar de 2010, aprobado cuando el ministro era �ngel Gabilondo, tambi�n del PSOE. En aquel ya se reconoc�a el derecho de los estudiantes a �participar corresponsablemente en el proceso de toma de decisiones y pol�ticas estrat�gicas�, pero apenas se desarrollaba. Ahora se ampl�an m�s derechos que introdujo en 2023 la Ley Org�nica del Sistema Universitario (Losu).

El borrador establece, en este sentido, que �la programaci�n docente de cada curso ser� aprobada por los �rganos competentes en cada caso y en cada universidad seg�n la normativa de �sta, asegur�ndose que lo sean por un �rgano con representaci�n del estudiantado�.

Por programaci�n docente se entiende lo que ense�an los profesores cada curso, las metodolog�as, la forma de evaluar, la dotaci�n de docentes, los recursos y los equipamientos de aprendizaje. Son cuestiones de las que, hasta ahora, se han encargado los departamentos o los centros. Los alumnos ten�an derecho a conocerlas con antelaci�n suficiente, pero no pod�an dar el visto bueno a la programaci�n docente. Ahora se va un paso m�s all� en una medida que ser� pol�mica entre los profesores.

Derecho a huelga acad�mica reconocido

Los alumnos tendr�n tambi�n el derecho a �ser o�dos y participar en los procesos de elaboraci�n o modificaci�n de normativa universitaria que afecte al estudiantado, as� como participar en los procesos de gesti�n de la calidad acad�mica�. Es un derecho que en el decreto de 2010 era m�s limitado, pues s�lo se pod�a participar en el establecimiento de las normas de permanencia en la universidad, en la elaboraci�n de las memorias de verificaci�n de los t�tulos y en el dise�o de programas de becas, asuntos que se mantienen en la actualidad y se refuerzan con otros nuevos.

Por primera vez se reconoce el derecho a la huelga de los estudiantes, respetando, eso s�, el derecho de los que s� quieran asistir a clase. El decreto dice que las universidades tienen que desarrollar las condiciones para el ejercicio de ese derecho y el procedimiento de declaraci�n del paro acad�mico, que ser� efectuada por el �rgano de representaci�n del estudiantado. Tanta voz tiene aqu� la representaci�n estudiantil que �deber� ser o�da y participar en la elaboraci�n de las normativas reguladoras del paro acad�mico estudiantil de su universidad�.

A cambio de tener m�s influencia, se establece una mayor vinculaci�n con el Gobierno. El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que en 2010 se defin�a como �el �rgano de deliberaci�n, consulta y participaci�n de los estudiantes ante el Ministerio�, ahora es �el �rgano colegiado del Ministerio de participaci�n, deliberaci�n y consulta del estudiantado�.

Un tercio en la privada

El decreto recuerda que en esta d�cada las universidades han protagonizado �importantes cambios� y ha cambiado el perfil del estudiante. Por ejemplo, los alumnos de la privada han pasado de representar el 7% del estudiantado en 2000 al 29% en 2025/26. Los que cursan estudios virtuales superan ya el 27%, �una de las proporciones m�s elevadas de los pa�ses desarrollados europeos�.

El n�mero de alumnos extranjeros, mientras tanto, ha crecido un 30%, la mayor�a de estudiantes son mujeres (57%), se focaliza el incremento de matr�culas en los m�ster y crece la importancia de los que compaginan los estudios con el trabajo (el 30%, alcanzando al 69% en los m�ster y al 89% en el doctorado).

El real decreto desarrolla los derechos y deberes de los estudiantes en todos los centros tanto p�blicos como privados, as� como en los centros adscritos y de formaci�n permanente, en los grados, en los m�ster y en los doctorados, atendiendo a estas nuevas realidades. Por ejemplo, el texto da mucha importancia a compaginar la actividad acad�mica con la actividad laboral del estudiantado y a garantizar las pr�cticas, que cotizan a la Seguridad Social.

Inserci�n laboral

Adem�s, las universidades deber�n facilitar a sus alumnos indicadores de calidad acad�mica y de inserci�n laboral de las carreras. Y por primera vez se podr� reconocer hasta con seis cr�ditos en los planes de estudio de los grados las actividades de participaci�n social, de cooperaci�n al desarrollo, de sostenibilidad, as� como de difusi�n y conocimiento cient�fico y culturales y art�sticas.

El nuevo decreto es sensible al problema de la vivienda y obliga a las universidades a �promover� el alojamiento de los estudiantes �en condiciones de dignidad y suficiencia�. Dice incluso que las becas deber�an tener en consideraci�n el gasto de los pisos, colegios mayores o residencias para aquellos casos en que el acceso a los estudios implique movilidad residencial, e igualmente deber�n �valorar las posibilidades de incorporar los diferentes niveles del coste de la vida seg�n las provincias donde se ubique la facultad�.

Es novedoso tambi�n para los estudiantes el �derecho a la desconexi�n digital�, como tienen los trabajadores. Si el decreto de 2010 hablaba de brindar asesoramiento �en materia de salud�, ahora se insiste en la �salud mental�. En un m�ximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, todas las universidades deber�n tener protocolos de prevenci�n y actuaci�n contra el suicidio, contra el bullying y �contra el acoso y ciberacoso sexual, por raz�n de sexo, por orientaci�n sexual y por identidad y/o expresi�n de g�nero�.

El borrador dice tambi�n que �el Consejo de Universidades establecer� unos criterios b�sicos comunes para que las universidades puedan responder a las solicitudes de cambio de g�nero y nombre en los expedientes del estudiantado, atendiendo a lo establecido en la legislaci�n que les sea de aplicaci�n�.