Formalizan acusación contra el general policial Víctor Zanabria por delitos de lesiones contra dos civiles durante las protestas sociales de diciembre de 2022
Peruanos exigen liberación de Pedro Castillo. Foto: EFE
16 de junio de 2026 Hora: 18:07
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La Fiscalía de Perú solicitó este martes ocho años de prisión efectiva contra el general policial Víctor Zanabria por cometer delitos de lesiones graves y leves contra dos civiles durante las protestas sociales de diciembre de 2022.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos formalizó esta acusación contra el oficial de alta graduación al determinar su responsabilidad directa en las agresiones sufridas por los ciudadanos Renato Murillo y Benedicto Huaccachi mientras se desempeñaba como jefe de la Región Policial Lima y recibió órdenes de contener las movilizaciones populares.
Las investigaciones fiscales determinaron que el ciudadano Renato Murillo sobrevivió tras permanecer 12 días en estado de coma por el impacto directo de una bomba lacrimógena en su cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi sufrió lesiones en la pelvis por un proyectil de similares características disparado por las fuerzas de seguridad encabezadas por Zanabria.
Esta solicitud de prisión contra el general se suma a otra petición fiscal de octubre de 2025 donde se exigieron 35 años de cárcel para Víctor Zanabria por el homicidio calificado de Víctor Santisteban, quien falleció por el impacto de un proyectil policial en Lima.
Organizaciones sociales denuncian que la represión estatal ejecutada durante la crisis política provocó la muerte de 48 civiles en los departamentos del sur peruano por el uso desproporcionado de la fuerza militar y policial.
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Además de exigir la liberación de Castillo y su restitución, durante meses miles de peruanos demandaron la dimisión de Boluarte y del Congreso, así como la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, centrada en la defensa de los derechos del pueblo y no en las élites de poder, como ocurre con el texto constitucional vigente, aprobada en 1993, de acento neoliberal y fujimorista.
Con estos procesos judiciales la sociedad peruana busca conseguir justicia frente a las graves violaciones a los DD.HH. perpetradas bajo la administración de Boluarte, un régimen fuertemente cuestionado en la región por el saldo fatal de sus acciones de control y orden público.
Autor: teleSUR - mb
Fuente: teleSUR - Agencias
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